El Gobierno vasco cambiará su Plan de Paz ante las “inquietudes” detectadas
Ha recibido 28 documentos de sugerencias y propuestas, casi todas "contundentes"
La falta de adhesiones al Plan de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, detectada desde el primer día de su presentación oficial, ha obligado a sus inspiradores a dar marcha atrás. Al menos, ha obligado a asumir como inevitable que debe introducir numerosos cambios en su inspiración para que consiga un mayor calado político. Así se desprende de la presentación de las alegaciones recibidas por el equipo de trabajo de ...
La falta de adhesiones al Plan de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, detectada desde el primer día de su presentación oficial, ha obligado a sus inspiradores a dar marcha atrás. Al menos, ha obligado a asumir como inevitable que debe introducir numerosos cambios en su inspiración para que consiga un mayor calado político. Así se desprende de la presentación de las alegaciones recibidas por el equipo de trabajo de Jonan Fernández, secretario general de Paz y Convivencia, presentadas en Vitoria.
De entrada, el Gobierno ha mostrado su disposición a modificar su Plan de Paz y Convivencia para "calmar inquietudes" aunque sigue sosteniendo que el documento deja patente que ETA tiene la principal responsabilidad en la historia reciente de Euskadi.
Desde su presentación en junio, este un plan encaminado a impulsar el proceso de paz, exigir el desarme de ETA, clarificar el pasado y construir una sociedad "sin mundos separados", no había prendido. El propio lehendakari, Iñigo Urkullu, era consciente de esta falta de apoyos desde diferentes sectores tanto políticos como de las propias víctimas.
Entre las primeras causas de este rechazo al plan se incluyó la figura del propio Jonan Fernández, que despertaba unas reconocidas reticencias en amplios sectores. Urkullu sintió especialmente este rechazo aunque admitió que había podido influir en este desafecto hacia el proyecto. Como consecuencia de estas desavenencias, el plan ha sido contestado con aportaciones y críticas por parte de partidos, asociaciones de víctimas, movimientos sociales y sindicatos.
Deseo de que quede clara la responsabilidad de ETA en lo sucedido
Para Jonan Fernández, "el pasado duele, el presente inquieta y el futuro une". En la rueda de prensa que ha ofrecido en Vitoria, junto a Monika Hernando miembro de su departamento, ha indicado que las desconfianzas del pasado producen inquietud que se proyecta en el presente, sin embargo, la voluntad de compartir un futuro de convivencia genera unión y eso se ve reflejado en las iniciativas del plan que se orientan al futuro y que no han sido enmendadas.
Consciente de estas dudas que plantea el plan, el secretario general de Paz y Convivencia se ha comprometido a dar una respuesta "flexible" a las aportaciones recibidas y ha asegurado que todas las "preocupaciones" que se han planteado serán "tenidas en cuenta" y se buscará la manera de darles una respuesta "satisfactoria".
Según ha detallado ante los periodistas, el Gobierno ha recibido 28 documentos de sugerencias y propuestas, casi todas "contundentes" y que desvelan tres grandes preocupaciones derivadas de cuestiones aún pendientes de acuerdo. Por un lado, cómo se jerarquizan las responsabilidades de lo que ha ocurrido en el pasado, cuáles son los mínimos éticos y democráticos que deben exigirse, y cuál debe ser la narrativa crítica del pasado.
Así, varias aportaciones de los grupos parlamentarios proponen que se deje claro en el documento que ETA tiene la principal responsabilidad de lo sucedido, mientras que desde el enfoque de la izquierda abertzale se reclama un relato que incorpore las causas políticas e históricas del conflicto.
Fernández ha adelantado su voluntad de "incorporar todo lo que se pueda incorporar, incluso aunque consideremos que ya lo está, pero si de lo que se trata es de calmar inquietudes y de incorporar adhesiones, vamos a hacer el esfuerzo necesario, siempre y cuando no sepultemos los principios en los que se inspira el plan", ha subrayado.
Las previsiones del Gobierno pasan por procurar "un amplio margen para el consenso social y político" antes de procurar su aprobación a finales de noviembre.