Un respiro para Marta y Sergio

Sergio Montero se ganaba el jornal como obrero de la construcción hasta que hace año y medio la crisis económica se llevó su trabajo por delante. Desde entonces, sus hábitos se reducen a llevar a sus dos hijos al colegio por la mañana. El resto del tiempo lo dedica a buscar sustento, “y de paso, a no darle vueltas a la cabeza”. En el horizonte aguarda —no se sabe hasta qué punto es un espejismo o realidad— un contrato como vigilante de seguridad. Su mujer, Marta Gómez, limpiadora, tampoco trabaja. Con Daniel y Sheila, sus dos hijos de 9 y 11 años, la familia sobrevive con menos de mil euros....

Sergio Montero se ganaba el jornal como obrero de la construcción hasta que hace año y medio la crisis económica se llevó su trabajo por delante. Desde entonces, sus hábitos se reducen a llevar a sus dos hijos al colegio por la mañana. El resto del tiempo lo dedica a buscar sustento, “y de paso, a no darle vueltas a la cabeza”. En el horizonte aguarda —no se sabe hasta qué punto es un espejismo o realidad— un contrato como vigilante de seguridad. Su mujer, Marta Gómez, limpiadora, tampoco trabaja. Con Daniel y Sheila, sus dos hijos de 9 y 11 años, la familia sobrevive con menos de mil euros.

Pese a semejante panorama, hoy se les ha visto felices. Por primera vez en año y medio, los críos no tendrán que compartir espacio, y hasta la cama, con la abuela materna, que les acogió cuando los Montero Gómez fueron desahuciados un año atrás. El presidente de la Comunidad, Ignacio González, les ha entregado las llaves de una vivienda de 50 metros cuadrados y tres dormitorios en Carabanchel. Pagarán 95 euros al mes. Es la primera de las 115 viviendas que el Gobierno regional dará esta semana a personas desahuciadas, familias en paro y a víctimas de violencia de género. Las destinadas a afectados por los desahucios serán 29.

La iniciativa se engloba dentro del plan del Ejecutivo autonómico de ceder un millar de las 23.000 viviendas del Instituto de la Vivienda (Ivima) en régimen de alquiler a familias o personas en situación de especial necesidad repartidas en 34 municipios de la región. Tras tomar la decisión el pasado noviembre y firmar un convenio de colaboración con Cáritas —que actúa de intermediaria en lo que el Ejecutivo madrileño define como “un proyecto público-privado”—, González dio el 15 de abril la primera de estas residencias del parque inmobiliario del Ivima a Julián Espejel. Pensionista, de 52 años, a causa de una incapacidad permanente y con dos hijos, fue desahuciado en 2011 al no poder hacer frente a su hipoteca. Espejel y su familia viven desde entonces en un piso en el barrio de Vallecas por el que abonarán 230 euros al mes durante cuatro años.

La renta mensual que cada familia debe pagar se calcula caso por caso, teniendo en cuenta las características concretas del núcleo familiar y oscila desde los 65 hasta los 135 euros para una vivienda de dos dormitorios, a los 200 euros para una de cuatro dormitorios. En todos los casos, se aplica una bonificación del 35% durante cinco años. También se contemplan descuentos de entre el 20 y el 30% a las familias numerosas.

Frente a las políticas de la Junta de Andalucía de expropiar pisos vacíos a la banca, la Comunidad considera “más razonable” poner a disposición de los desahuciados viviendas públicas en “condiciones muy ventajosas”. Madrid cuestiona que Andalucía tenga 5.000 viviendas públicas sin uso alguno. Mientras, la oposición entiende que González, en vez de políticas sociales, “hace caridad”.