El fiscal pide cárcel para la antigua cúpula de Caixa Penedès
El ministerio público los acusa de los delitos de apropiación indebida y delito societario continuado de administración desleal
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido tres años y medio de cárcel para el ex director general de Caixa Penedès Ricard Pagès por asignarse pensiones millonarias de forma irregular. Los otros tres exdirectivos implicados —Manuel Troyano, Santiago José Abella y Juan Caellas— afrontan una petición de tres años por el mismo delito: administración desleal. El fiscal considera que todos ellos se adjudicaron 31,6 millones de euros en planes de pensiones y pólizas a espaldas de los órganos de control de la entidad.
El escrito de acusación del fiscal Emilio Sánchez Ulled pide la apertura de juicio...
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido tres años y medio de cárcel para el ex director general de Caixa Penedès Ricard Pagès por asignarse pensiones millonarias de forma irregular. Los otros tres exdirectivos implicados —Manuel Troyano, Santiago José Abella y Juan Caellas— afrontan una petición de tres años por el mismo delito: administración desleal. El fiscal considera que todos ellos se adjudicaron 31,6 millones de euros en planes de pensiones y pólizas a espaldas de los órganos de control de la entidad.
El escrito de acusación del fiscal Emilio Sánchez Ulled pide la apertura de juicio oral y detalla que los directivos se asignaron las pólizas a partir de 2001 y camparon a sus anchas hasta 2009, cuando la crisis del sector llevó a endurecer las leyes sobre la remuneración de altos directivos. Bajo la dirección de Pagès, los directivos se garantizaron una “desproporcionada ganancia patrimonial” y “generaron obligaciones económicas (...) en perjuicio de la entidad, actuando a espaldas de los máximos órganos de control”.
El fiscal reclama a los acusados que indemnicen conjunta y solidariamente a la caja de ahorros con 12,6 millones que corresponden a las pólizas cobradas por Pagès y Abella. A esa cantidad hay que sumarle las retribuciones irregulares que se fijaron en 2010.
Pagès se prevalió de “un poder de hecho omnímodo” en Caixa Penedès y diseñó una estrategia a largo plazo pensada “para el momento en que pudieran cesar en sus puestos de trabajo”. En 2010, y ante la perspectiva de perder sus privilegios por las reformas del sector bancario, los acusados quisieron blindar sus remuneraciones. Para ello, buscaron “algún tipo de cobertura formal con la que justificar su ilícito proceder”, según el escrito.
Una de esas actuaciones irregulares, según Sánchez Ulled, fue una reunión organizada por Pagès en la que los exdirectivos “consiguieron convencer erróneamente” a la comisión ejecutiva de Caixa Penedès para dar por buena una modificación de sus contratos de trabajo. La reunión se celebró en noviembre de 2010, apenas un mes antes de la integración de la entidad en el grupo BMN, resultado de la fusión fría del Penedès con las cajas de Granada, Murcia y Sa Nostra. En diciembre, BMN recibió del FROB una inyección de 915 millones de dinero público.