Cálculos a precio de oro

Los sindicatos UGT y CC OO han vivido dos semanas de graves ataques por haber percibido comisiones en el caso de los ERE fraudulentos. ¿Está justificada su implicación en la causa? ¿Se trata de cobros ilegales por su asesoramiento en los expedientes de regulación de empleo que subvencionó la Junta de Andalucía?

La juez del caso, Mercedes Alaya, desveló que la consultora Vitalia, cuyos tres principales directivos están encarcelados, ...

Los sindicatos UGT y CC OO han vivido dos semanas de graves ataques por haber percibido comisiones en el caso de los ERE fraudulentos. ¿Está justificada su implicación en la causa? ¿Se trata de cobros ilegales por su asesoramiento en los expedientes de regulación de empleo que subvencionó la Junta de Andalucía?

La juez del caso, Mercedes Alaya, desveló que la consultora Vitalia, cuyos tres principales directivos están encarcelados, desvió 4,2 millones en “sobrecomisiones” a los sindicatos. Y a partir de ahí, la tormenta de acusaciones ha devenido en una guerra soterrada entre las direcciones de las centrales en Sevilla y Madrid por asumir estos cobros bajo sospecha y censurados por la magistrada. Las direcciones andaluzas de UGT y CC OO pidieron a sus líderes nacionales que dieran un paso al frente, ya que sus federaciones habían acaparado los cobros desde Madrid. Y estos se han resistido hasta esta semana, aunque sin aclarar los detalles de sus honorarios derivados del fondo de los ERE.

Alaya fija el matiz de la ilegalidad en el alto porcentaje de algunas comisiones

Al margen de los pagos identificados por la Guardia Civil desde Vitalia hasta “los entornos de UGT y CC OO” por 4,2 millones, fuentes de la otra consultora que tramitó los ERE andaluces, Uniter, confirman que la Junta les ha pagado 235 millones, de los que el 1% ha sido destinado a los sindicatos. Es decir, ambas centrales nacionales, a través de sus corredurías de seguros Atlantis e ITG, han percibido desde Uniter unos 2,3 millones, lo que en total supondría 6,5 millones para los sindicatos por el asesoramiento de los ERE entre 2001 y 2010.

Durante las últimas décadas, los sindicatos siempre han cobrado unos honorarios por su intermediación en los ERE de todo el país a través de las consultoras. La diferencia es que en Andalucía el pagador ha sido la Junta, que con gran generosidad llegó a abonar a la consultora Vitalia hasta el 29% de comisión en un ERE gracias a la pésima gestión del ex director general de Trabajo encarcelado Javier Guerrero. Mientras, en otras comunidades las empresas miraban cada céntimo y la minuta de las consultoras oscilaba entre el 2 y el 5%, en función de la complejidad del ERE. Las consultoras siempre pagaban una comisión a los sindicatos, porcentaje que en Andalucía ha sido especialmente jugoso.

Los sindicatos facturaron por los ERE sin que mediara un presupuesto

La juez Alaya fija el matiz de la ilegalidad en que las comisiones superaron a veces el 15% de los ERE, cuando la media del mercado ronda el 3%. De esos porcentajes en “gastos externos”, las corredurías de los sindicatos pescaron un 0,5% cada uno, con excepciones como el expediente de Delphi, en el que su porcentaje creció hasta el 1% y supuso una minuta de un millón de euros para cada sindicato.

Los sindicalistas justifican sus altos honorarios porque han llevado el peso de las negociaciones en las reestructuraciones de empresas: cálculos actuariales para determinar las cantidades que cada trabajador prejubilado debía percibir, asesoramiento por parte de economistas y abogados para cerrar las fórmulas de pago, y sobre todo la necesidad de resolver las dudas de todos los prejubilados durante los años que duraba el pago de las prejubilaciones, a veces más de una década. “No somos las hermanitas de la caridad y aquí se negocia un ERE para todos, afiliados y no afiliados. Tenemos una función: darle cobertura a los trabajadores”, resume el vicesecretario general de organización de UGT Andalucía y número dos Francisco Fernández. La juez Alaya ha criticado su labor: los sindicatos justificaban su trabajo “de forma tan peregrina como la toma de datos, que poco interés podía tener para la consultora, pues luego debía repetirse por su carácter parcial o incompleto”. Alaya censura que las centrales cobraran solo por aportar “información privilegiada”.

El gran problema añadido es que los sindicatos facturaron los cobros por asesorar en los ERE sin que mediara un presupuesto detallado de sus servicios. En las negociaciones del expediente de Delphi se adjudicó a las centrales un millón para cada una sin que presentaran a la Junta un presupuesto detallado de sus servicios. La Consejería de Empleo sabía que la consultora Uniter derivaría este pago a los sindicatos, pero no se actuó de manera diligente y los sindicatos se aprovecharon de las vacas gordas. “Es más ético o menos ético. Eso no quiere decir que no sea legal. Puede que haya que revisar esa facturación”, admite Fernández.

Las comisiones desaparecieron de un plumazo el pasado octubre, cuando la Junta las derogó por medio de un decreto-ley. Esto ha supuesto evitar los pagos a todos los intermediarios: consultoras, bufetes de abogados y sindicatos. Ahora las aseguradoras pagan directamente a los prejubilados y Uniter ha cerrado casi todas sus oficinas en las que los atendía (Linares, Cádiz y Huelva, entre otras, para atender a los prejubilados de Santana Motor, Delphi y la Faja Pirítica). Además, la consultora jerezana, que rechaza las acusaciones de “sobrecomisiones” y reduce las suyas al 7,8%, ha interpuesto una reclamación en lo contencioso-administrativo para recuperar el dinero que la Junta le adeuda. “¿Qué hace la Junta opinando como tercero sobre un contrato entre empresas?”, protestan fuentes de la defensa de Uniter, en referencia al contrato que unía a las aseguradoras y las consultoras. “En Delphi estaremos muchos años para tutelar las declaraciones de la renta y las políticas indemnizatorias”, alega Félix González, de MCA-UGT.

La Junta aún le debe a las aseguradoras unos 300 millones de euros, por lo que intenta reducir la factura al mínimo, y después del escándalo que supuso el pago por estos gastos externos, la Consejería de Economía decidió eliminarlos el pasado otoño. Si estos pagos a sindicatos, bufetes de abogados, intermediarios y consultoras eran ilegales se dilucidará en los tribunales cuando la instrucción concluya.