Embargo a Celanova por una factura de 3.500 euros
El responsable de la empresa asegura que antes de acudir a la vía judicial intentó llegar a un acuerdo con el exalcalde
Antonio Mouriño, pilar del baltarismo y alcalde de Celanova durante 21 años consecutivos, se hizo con un escaño en el Parlamento gallego en las últimas elecciones autonómicas y dejó atrás un Ayuntamiento endeudado. Mientras la crisis económica arreciaba y los dirigentes del PP predicaban la austeridad en vísperas de las municipales de 2011, Mouriño (administrativo de profesión) se subía el sueldo hasta alcanzar los 63.300 euros brutos anuales de nómina a los que sumó 7.900 más en concepto de dietas y kilometraje. Y dejó de pagar a los acreedores.
El juzgado de Celanova acaba de dictar u...
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Antonio Mouriño, pilar del baltarismo y alcalde de Celanova durante 21 años consecutivos, se hizo con un escaño en el Parlamento gallego en las últimas elecciones autonómicas y dejó atrás un Ayuntamiento endeudado. Mientras la crisis económica arreciaba y los dirigentes del PP predicaban la austeridad en vísperas de las municipales de 2011, Mouriño (administrativo de profesión) se subía el sueldo hasta alcanzar los 63.300 euros brutos anuales de nómina a los que sumó 7.900 más en concepto de dietas y kilometraje. Y dejó de pagar a los acreedores.
El juzgado de Celanova acaba de dictar un auto en el que reclama a este ayuntamiento los medios para embargar a la entidad local para hacer frente a una factura por 4.500 euros. Los 3.500, más intereses, correspondientes a las actividades que realizó la empresa educativa Altega en 2008 en el albergue municipal y que el entonces alcalde jamás saldó. El responsable de la empresa, Dositeo Veiga, asegura que antes de acudir a la vía judicial intentó llegar a un acuerdo con el exalcalde. Mouriño citó a los representantes de Altega a una reunión en 2011 para llegar a un acuerdo pero “tras esperar toda la mañana por él, no acudió”, reprocha Veiga.
Tras un año más de espera, Altega presentó un proceso monitorio en el juzgado de Celanova para “tratar de cobrar sin necesidad de ir a juicio”, pero cinco minutos antes de que comenzara el juicio verbal, el procurador del Ayuntamiento comunicó al empresario que admitían la deuda. El juzgado condenó a la entidad local a pagar la cantidad adeudada. Pero el Ayuntamiento tampoco se movió. Ahora se ha dictado la orden de embargo de bienes municipales para que la empresa pueda cobrar.