La justicia cuestiona la entrega de servicios municipales a “empresas homologadas”
El Tribunal Superior de Justicia ve “absurdo” que el Palacio Municipal de Congresos no cuente con servicios de restauración apropiados
El Palacio Municipal de Congresos tiene dos restaurantes, cafetería y servicio de catering para los eventos que se organizan allí. Hasta julio de 2012, se encargaba de ellos a la empresa Mónico Gourmet, que había ganado el concurso público en 2003. Abonaba al Ayuntamiento 600.000 euros anuales. En julio de 2012, cuando concluyó la concesión, devolvió las instalaciones y el material al Ayuntamiento, y comunicó a los 38 empleados que pasaban a manos municipales.
En principio, el Ayuntamiento convocaría otro concurso público, y quien lo ganara se haría cargo. Pero la empresa munic...
El Palacio Municipal de Congresos tiene dos restaurantes, cafetería y servicio de catering para los eventos que se organizan allí. Hasta julio de 2012, se encargaba de ellos a la empresa Mónico Gourmet, que había ganado el concurso público en 2003. Abonaba al Ayuntamiento 600.000 euros anuales. En julio de 2012, cuando concluyó la concesión, devolvió las instalaciones y el material al Ayuntamiento, y comunicó a los 38 empleados que pasaban a manos municipales.
En principio, el Ayuntamiento convocaría otro concurso público, y quien lo ganara se haría cargo. Pero la empresa municipal que gestiona la instalación, Madridec, decidió cambiar el modelo: en lugar de convocar un concurso para adjudicar el servicio, elaboró una lista de “empresas homologadas” a las que cada cliente del Palacio Municipal podría contratar por su cuenta. Algo similar a lo que ocurrió en el pabellón Madrid Arena, gestionado también por Madridec, y que en lugar de ser entregado en concesión a una sola empresa, como sucede con el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, se alquilaba para eventos a empresas homologadas. Entre ellas estaba Diviertt, la organizadora de la trágica fiesta de Halloween.
Los 38 trabajadores del Palacio Municipal de Congresos se fueron a calle sin un euro de indemnización, y sin poder cobrar en muchos casos el paro por estar judicializado el caso. Comisiones Obreras recurrió, y el Tribunal Superior de Justicia le ha dado la razón. Ve “absurdo” que el edificio no cuente con servicios de restauración apropiados, y, en su sentencia, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, declara nulo el despido colectivo. Obliga al Ayuntamiento a contratar a los trabajadores o a indemnizarles, para evitar un posible fraude. Fuentes sindicales han cifrado en más de seis millones de euros esa posible indemnización, y en cientos de miles el abono que, en cualquier caso, deberá hacer el Ayuntamiento de las nóminas atrasadas desde julio.