Clausuradas las dos mayores escombreras ilegales de la región
La Comunidad de Madrid y la Guardia Civil cierran estos vertederos ilegales, en los que se depositaba material de construcción
La Comunidad de Madrid y agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil han clausurado en la Cañada Real Galiana las dos mayores escombreras ilegales de residuos de construcción y demolición (RCD) que existían en la región. Las investigaciones efectuadas por los agentes del instituto armado y de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio permitieron constatar que dos empresas, pese a estar denunciadas, continuaban vertiendo escombro en el interior de una nave.
Cuando se quedaban sin espacio físico dentro de la nave, y después de recupe...
La Comunidad de Madrid y agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil han clausurado en la Cañada Real Galiana las dos mayores escombreras ilegales de residuos de construcción y demolición (RCD) que existían en la región. Las investigaciones efectuadas por los agentes del instituto armado y de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio permitieron constatar que dos empresas, pese a estar denunciadas, continuaban vertiendo escombro en el interior de una nave.
Cuando se quedaban sin espacio físico dentro de la nave, y después de recuperar aquellas fracciones de residuos que tienen más valor y podían vender a otros comerciantes (metal, madera…) sacaban los escombros fuera mediante camiones. Se deshacían de los residuos en lugares cercanos a la Cañada Real, según el Gobierno regional.
La Guardia Civil ha intensificado su presencia en la zona para controlar e impedir que los camiones que lleguen hasta allí con los residuos puedan verter en dichas instalaciones o en zonas próximas. Por su parte, la Comunidad de Madrid ha comenzado a inspeccionar a través de los agentes ambientales para controlar la producción de estos residuos de construcción y demolición en las mismas obras. Se pretende controla las grandes obras con el fin de controlar que el productor de los residuos los gestiona adecuadamente, y a la vez concienciarle de su responsabilidad en el destino final de los mismos.
El productor de RCD en estos casos debe tener un plan de gestión y debe conocer dónde tienen su destino final, en cumplimiento de la normativa, responsabilizándose de ello. Desde el año 2007 hasta la actualidad, la Comunidad de Madrid ha efectuado más de 580 inspecciones relacionadas con la gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD). El 72% de estas actuaciones estaban planificadas en los Programas de Inspección Ambiental de la Comunidad, de carácter anual, mientras que el resto de inspecciones estuvieron motivadas por denuncias.
En este periodo se han tramitado una media anual de unos 380 expedientes sancionadores por infracciones relacionadas con la mala gestión de esos residuos. Entre ellos, destacan por su magnitud los procedimientos sancionadores iniciados contra vertederos e instalaciones ilegales de recuperación de RCD. Se han dictado 13 órdenes de suspensión inmediata de la actividad en otros tantos vertederos e instalaciones ilegales, y se han resuelto 40 expedientes sancionadores con multas cuya cuantía está comprendida entre 25.000 y 600.000 euros. La cantidad total impuesta en concepto de multa en los procedimientos resueltos contra vertederos e instalaciones ilegales de RCD es de 4,7 millones de euros.
En la región existen 13 instalaciones dedicadas en exclusividad al reciclaje y la eliminación de residuos procedentes de la construcción y demolición, cuatro de ellos de iniciativa pública situados en Navalcarnero, El Molar, Moralzarzal y Arganda del Rey. La capacidad total de tratamiento de las citadas instalaciones asciende a casi seis millones de toneladas al año. Por su parte, la capacidad de depósito llega hasta los 25,5 millones de metros cúbicos.
Todo ello se complementa con otros 14 centros autorizados, de iniciativa tanto pública como privada, que tienen como función el almacenamiento y la clasificación de los residuos generados en las labores de la construcción y la demolición para facilitar su posterior reciclaje. Así pues, en la Comunidad de Madrid hay un total de 27 instalaciones autorizadas para el almacenamiento, la clasificación, el reciclaje o, cuando lo anterior no es posible, la eliminación de este tipo de material.