Gipuzkoa recomienda contención para no repetir el caso de Mutriku
La diputada de Hacienda, Helena Franco, llama a los municipios a medir gastos e inversiones
La diputada de Hacienda de Gipuzkoa, Helena Franco, hizo ayer un llamamiento a los Ayuntamientos a contener sus gastos e inversiones para que no se repitan casos como el de Mutriku, que necesita una autorización de las Juntas Generales para pedir un préstamo de 450.000 euros y pasará a estar controlado por la Diputación por su elevado nivel de deuda (5,3 millones).
Franco compareció ayer ante la Comisión de Hac...
La diputada de Hacienda de Gipuzkoa, Helena Franco, hizo ayer un llamamiento a los Ayuntamientos a contener sus gastos e inversiones para que no se repitan casos como el de Mutriku, que necesita una autorización de las Juntas Generales para pedir un préstamo de 450.000 euros y pasará a estar controlado por la Diputación por su elevado nivel de deuda (5,3 millones).
Franco compareció ayer ante la Comisión de Hacienda de la Cámara provincial para dar detalles del proyecto de norma foral que hoy aprobará el consejo de diputados para socorrer al Consistorio de Mutriku, en situación financiera “grave”. La directora de Política Fiscal, Itziar Miner, explicó que la deuda acumulada por esta localidad supone el 118% de los ingresos ordinarios, por encima del límite legal para solicitar por sí solo un crédito bancario. De ahí que sea necesaria la intervención foral para que las Juntas permitan a Mutriku para pedir un “pequeño préstamo”, que ascenderá a 450.000 euros y servirá para enjuagar parte de la carga financiera de este año (algo más de 700.000 euros).
“No sé si es un rescate o no”, dijo Franco, quien no quiso entrar en un debate terminológico, pero justificó la medida en aras de “una gestión adecuada para la financiación pública”. La diputada advirtió a los municipios de que no pueden excederse en sus gastos y que tiene que controlar sus inversiones. Hacienda confirmó que existe otro Ayuntamiento, de menos de 1.000 habitantes, que podría correr la misma suerte que el anteriormente citado.
Mutriku obtendrá la autorización de un préstamo a cambio de someterse a un plan de viabilidad, que estará bajo la supervisión de la Diputación. Cada seis meses deberá dar cuentas de su gestión ante la institución foral y se compromete a adoptar medidas (subida de impuestos y tasas, reducir la inversión y congelar los gastos de personal, entre otros) para salir de esta situación.
La portavoz socialista, Rafaela Romero, afirmó que la ayuda a Mutriku es un rescate “en toda regla”, y culpó al PNV de la gestión que hizo en este municipio durante más de dos décadas, hasta 2011, cuando Bildu accedió al poder local. Iñigo Manrique, del PP, calificó las medidas como “una tirita en una herida grave” y preguntó a la diputada si va a enviar a Mutriku a “los hombres de negro”, como la canciller alemana, Angela Merkel.
En la misma comparecencia, Franco informó de que la recaudación fiscal durante el primer semestre de este año se cerró con un descenso del 1,7% con respecto al mismo periodo de 2011. Añadió que la caída hubiera sido mucho mayor de no ser por la recuperación del Impuesto de Patrimonio, vigente desde este ejercicio y que ha permitido ingresar hasta julio pasado un total de 26,9 millones. Los datos “no son tan desastrosos”, sentenció la diputada. La Hacienda foral prevé que este año se podría cerrar con una bajada en la recaudación tributaria del 0,5%, hasta los 3.597 millones.
Con respecto a los gastos que está asumiendo la Diputación guipuzcoana por la paralización del contrato de construcción de la incineradora de Zubieta, Franco tiró de manual y ratificó la decisión foral de no construir esta polémica infraestructura, a pesar de que está adjudicada desde la pasada legislatura a una agrupación de empresas y existe un préstamo de unos 250 millones de euros al BEI y la banca comercial.
Franco indicó que la Diputación únicamente tiene el compromiso de financiar el 33% del coste total de las infraestructuras que se construyan para gestionar el tratamiento de los residuos, una competencia que recae en el Consorcio de Residuos, y no hay una partida presupuestaria destinada a financiar los préstamos para la incineradora.