Los funcionarios llevan a los tribunales la rebaja de cotizaciones en sus salarios
CSI-F y SAFJA denuncian ante la fiscalía una posible prevaricación La confederación sindical recurre la rebaja como ya hizo con otra aplicada por el SAS en 2010
La bajada de las cotizaciones de la Junta de Andalucía a la Seguridad Social por sus trabajadores, aplicada a partir de la nómina de julio, terminará en los juzgados, como ya acabó una decisión similar aplicada en 2010 por el Servicio Andaluz de Salud y pendiente de resolución de un recurso Contencioso-administrativo.
Durante la rebaja salarial ordenada por Zapatero en 2010, se aprobó que no se tocaran las bases de cotización. En la última, aprobada por el PP a propuesta del Gobierno de...
La bajada de las cotizaciones de la Junta de Andalucía a la Seguridad Social por sus trabajadores, aplicada a partir de la nómina de julio, terminará en los juzgados, como ya acabó una decisión similar aplicada en 2010 por el Servicio Andaluz de Salud y pendiente de resolución de un recurso Contencioso-administrativo.
Durante la rebaja salarial ordenada por Zapatero en 2010, se aprobó que no se tocaran las bases de cotización. En la última, aprobada por el PP a propuesta del Gobierno de Mariano Rajoy, se corrigió en el BOE la orden inicial.
El presidente del sector sanitario en CSI-F, Javier Martínez, informó ayer que su sindicato va a recurrir judicialmente la medida, como ya hizo en 2010, por considerar que la corrección no permite la aplicación. Además, van a trasladar la rebaja a la fiscalía por si pudiera considerarse prevaricación.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta (SAFJA) también denunció ayer ante la fiscalía un posible delito de fraude a la Seguridad Social.
La consejera de Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, insistió en que la medida es “injusta”, motivada por los recortes “impuestos” por el Gobierno central y reversible. “Obligan a las comunidades a adoptarlas. Comprendo las reacciones de los representantes de los trabajadores y espero que podamos encontrar una senda de entendimiento con ellos”, indicó Díaz.
El representante del sector sanitario de CSI-F explicó que una nómina del Grupo A del SAS, correspondiente a un trabajador con licenciatura, ha pasado de cotizar 2.927 euros a 2.572 euros en julio. A esta cantidad hay que restar la parte que aporta el trabajador, que es proporcional a la base de cotización y que, al haberse reducido esta, también es menor. Por lo tanto, se reducen las prestaciones que dependen de esta base: pensiones, paro, enfermedad, accidente, lactancia o maternidad.
Para quienes cotizan el máximo, la medida no es relevante. Pero aquellos que están al límite, como auxiliares, interinos, enfermeros o celadores, pueden pasar a cobrar cantidades significativamente menores.
Por contra, el SAS, según los cálculos del CSI-F, evitará pagar a la Seguridad Social unos 20 millones en los últimos seis meses del año. “Pero a costa de los mismos”, lamentó Martínez.
Por su parte, la denuncia de SAFJA ante la Inspección de Trabajo y la fiscalía va contra la directora general de Recursos Humanos y Función Pública, Isabel Mayo López, por posibles delitos de defraudación a la Seguridad Social y prevaricación.