El Gobierno rechaza el complemento a los prejubilados universitarios
Un decreto considera “incompatible” que los exprofesores tengan dos sueldos cada mes Los rectores se reúnen con la consejera para buscar una solución al problema
Un nuevo quebradero de cabeza financiero y legal acecha a las universidades. Unos 350 profesores que se prejubilaron voluntariamente podrían dejar de cobrar los complementos salariales que perciben en la actualidad por parte de las universidades. El decreto de Medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad,publicado en el BOE el pasado 14 de julio, advierte de la “incompatibilidad” de cobrar una jubilación y al mismo tiempo percibir cualquier otro pago por parte de una administración pública. “Las pensiones previstas con ocasión del cese en cua...
Un nuevo quebradero de cabeza financiero y legal acecha a las universidades. Unos 350 profesores que se prejubilaron voluntariamente podrían dejar de cobrar los complementos salariales que perciben en la actualidad por parte de las universidades. El decreto de Medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad,publicado en el BOE el pasado 14 de julio, advierte de la “incompatibilidad” de cobrar una jubilación y al mismo tiempo percibir cualquier otro pago por parte de una administración pública. “Las pensiones previstas con ocasión del cese en cualquier cargo, puesto o actividad en el sector público son incompatibles con cualquier otra retribución a cargo a los Presupuestos de las Administraciones Públicas”, reza concretamente el artículo primero de este decreto que ha encendido la alarma en los campus.
Estos planes, a los que se podían acoger docentes mayores de 60 años, garantizaba que el beneficiario cobraba, por un lado la pensión que les correspondería de la Seguridad Social y el resto, hasta completar su nómina como si estuvieran en activo, mediante un complemento que asumía cada universidad. Hace dos años que ya no se acoge nadie a este tipo de beneficios, y las universidades dieron por finiquitado este programa. En Universitat de València se acogieron unos 200 docentes, en la Universidad de Alicante 79 docentes, y casi otro centenar entre la Politécnica de Valencia y la Jaume I de Castellón.
“El objetivo era facilitar el relevo de la plantilla y dar paso a jóvenes investigadores”, recuerda un vicerrector de Ordenación Académica. Pero además esta medida comportó un gran ahorro en la masa salarial, porque se dejaba de pagar a los catedráticos o profesores que tenían mucha antigüedad, y se sustituían por gente joven que cobraba y cotizaba mucho menos. Por ejemplo, en el caso de la Alicante este programa supuso un ahorro en el presupuesto de siete millones de euros durante los cinco años en los que se aplicó.
Sin embargo, el decreto aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy, hace dos semanas, sugiere que esta fórmula es incompatible. La duda es ¿qué pasa ahora con los que voluntariamente se jubilaron con unas condiciones económicas y ahora las pierden? Y volver a la docencia, “no pueden porque están jubilados”, recuerda otro vicerrector.
Los rectores de las cuatro universidades afectadas, (la Miguel Hernández es la más joven y no tiene todavía docentes en edad de jubilación) se reunieron ayer con la consejera de Educación, María José Catalá, para “intentar buscar una salida”, y acordaron analizar “a fondo” el contenido del decreto para en el plazo de una semana buscar una postura común. Las universidades esperan que se concrete más el decreto, ya que no queda clara su redacción “tan generalista”.
Uno de los rectores admitió la “dificultad de salir de la encrucijada, necesitamos un soporte legal para seguir pagando”. Otro rector valenciano abogó incluso por dejar de pagar este complemento a partir del próximo 1 de agosto “sino tenemos garantías de legalidad”.
Las obligaciones de pago de estos complementos para las universidades vencerán en el año 2016. La medida también afecta a otras 33 universidades en toda España.
El propio Tribunal de Cuentas en un informe realizado en el año 2003 en el que analizó las jubilaciones anticipadas e incentivos del personal docente e investigar “carece de fundamento legal”, y cuestionaba la competencia autonómica de este tipo de medidas, según recordaron fuentes académicas.