El Supremo otorga a Cataluña la competencia en ayudas sociales

El Tribunal Supremo (TS) ha dictaminado que la Generalitat tiene las competencias en materia de subvenciones del ámbito de los servicios sociales, tal y como contempla el Estatut. Los gobiernos catalán y estatal tienen abiertos varios litigios sobre qué administración es la gestora de estas ayudas. El TS ya ha fallado en dos ocasiones en favor de la Generalitat, pero el Estado se niega a ceder la gestión. Hoy la Generalitat lo volverá a reclamar durante la Conferencia Se...

El Tribunal Supremo (TS) ha dictaminado que la Generalitat tiene las competencias en materia de subvenciones del ámbito de los servicios sociales, tal y como contempla el Estatut. Los gobiernos catalán y estatal tienen abiertos varios litigios sobre qué administración es la gestora de estas ayudas. El TS ya ha fallado en dos ocasiones en favor de la Generalitat, pero el Estado se niega a ceder la gestión. Hoy la Generalitat lo volverá a reclamar durante la Conferencia Sectorial de Servicios Sociales, en Madrid.

Por otro lado, el ahogado sector de las entidades sociales -castigado por los recortes en las subvenciones y el retraso en los pagos- recibió ayer una noticia positiva con el anuncio de la Generalitat de destinar 33,5 millones a la inserción laboral de las personas con discapacidad. El sector denuncia hace tiempo los problemas económicos que atraviesa -alguna entidad ya ha presentado un ERE-, derivados esencialmente del recorte del Estado de 256 millones (un 57%) en el presupuesto de las políticas activas de ocupación en Cataluña.

La Generalitat anunció una aportación extraordinaria de 33,5 millones de euros (el 84% de los cuales son fondos propios y el resto provienen de Europa) para compensar estos recortes estalatales. El montante se destinará a cubrir parte del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que cobran los discapacitados que trabajan en Centros Especiales de Trabajo. Por ley, el Estado debe cubrir hasta el 50% del SMI, pero los 40 millones que llegan este año del Gobierno central solo sirven para llegar hasta el 43%. Con la aportación de la Generalitat se llegará al 53%.

Las entidades sociales acogieron el anuncio con sentimientos encontrados. Lola de la Fuente, presidenta de Dincat, valora positivamente el esfuerzo de la Generalitat, pero lamenta que el Estado “se salte la ley” al no cubrir hasta el 50% del SMI. El vicepresidente de la Mesa del Tercer Sector, Francesc Pérez, incide en que esta aportación no beneficiará a todo el colectivo, sino solamente a los discapacitados con mayores dificultades.