El Gobierno hace un gesto y baja los salarios de los altos cargos un 7,5%

El presidente de la CEA pide recortar en gastos corrientes y no en inversión

Griñán, Valderas y Díaz este jueves en el pleno del Parlamento andaluz.GARCÍA CORDERO

Los altos cargos de la Junta de Andalucía ya no cobrarán un 5% menos este año sino que tendrán una rebaja salarial de un 7,5%. Esta reducción apenas supondrá arañar algo al recorte de los 777 millones de euros de los gastos de personal que el Gobierno andaluz contempla en su plan de ajuste para cumplir con el objetivo de estabilidad y embridar el déficit en el 1,5% al que se ha comprometido. Se trata, más que nada, de un gesto, un mensaje dirigido a los algo más de 260.000 empleados p...

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Los altos cargos de la Junta de Andalucía ya no cobrarán un 5% menos este año sino que tendrán una rebaja salarial de un 7,5%. Esta reducción apenas supondrá arañar algo al recorte de los 777 millones de euros de los gastos de personal que el Gobierno andaluz contempla en su plan de ajuste para cumplir con el objetivo de estabilidad y embridar el déficit en el 1,5% al que se ha comprometido. Se trata, más que nada, de un gesto, un mensaje dirigido a los algo más de 260.000 empleados públicos que verán también recortado su sueldo en un 5% de media.

Los sindicatos insisten en que no darán su visto bueno a los recortes

Esta bajada afectará al presidente de la Junta de Andalucía, a los consejeros, viceconsejeros, secretarios generales y directores generales. Se supone que también les llegará a los directivos de empresas públicas que cobran todavía mucho más que el jefe del Gobierno, José Antonio Griñán. Y que la medida será imitada también por la Cámara andaluza y los órganos de extracción parlamentaria. En el Presupuesto en vigor, el salario bruto del presidente era de 68.981,88 euros brutos anuales. Según la Junta, los altos cargos acumulan una disminución salarial del 22,5% en dos años.

La decisión la comunicó este jueves el Gobierno, un día antes de que este viernes se reúna de nuevo la Mesa General de la Función Pública que presidirá la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo. A esta cita no acudirán, como era el deseo del Ejecutivo, los máximos representantes de UGT y Comisiones Obreras, que han vuelto a insistir en que no darán su visto bueno a la rebaja salarial que planea el Gobierno. “Presida quien presida y se llame el gobierno como se llame”, los sindicatos no van a dar su visto bueno, advirtió el secretario general de CC OO, Francisco Carbonero.

Herrero dice que hay “exceso” de personal y de asesores

Los sindicatos se quejan de que no hay una negociación real con la Junta de Andalucía, mientras que IU, socio de coalición de los socialistas, estima que alrededor de 40 millones de euros de los 777 millones de los recortes salariales previstos se pueden sacar de otras partidas (bienes y servicios y transferencias corrientes).

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“El Gobierno debe atender las propuestas de UGT y CC OO porque significan que los ajustes tengan menos incidencia en los trabajadores de la Administración que tienen peor situación”, subrayó este jueves el secretario general de UGT, Manuel Pastrana. Este dejó claro la posición discrepante de UGT y CC OO respecto a los sindicatos corporativos, que pretenden que los altos cargos se bajen el sueldo un 30%. “Los altos cargos tienen que tener situación digna y no planteamos chalauras del tipo de que tienen que reducirse los salarios el 30%. Necesitamos un Gobierno fuerte con reconocimiento social y un Parlamento fuerte. No pretendemos que los políticos andaluces vayan en alpargatas, en absoluto, porque son los responsables de la gestión desde la democracia de los intereses del conjunto de los andaluces”, señaló Pastrana.

Por su parte, el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Santiago Herrero, también terció en el debate. Según él, los ajustes son “necesarios e imprescindibles” pero discrepa de que se supriman 580 millones de euros de inversión. Considera que se podían buscar otros capítulos en los que se podría ahorrar sin “necesidad de afectar a las inversiones” como el gasto corriente. “A lo mejor habría exceso de personal en algunos organismos, de asesores en otros, y que recortando en este sentido se podría llegar a los 580 millones de euros que se prevén suprimir en el capítulo de obra pública”, opinó Herrero.

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