La Xunta excluye la responsabilidad política por las sentencias contra el puerto de Marín

Las sucesivas reprimendas de los tribunales al plan especial del puerto de Marín y sus rellenos ha dado lugar a una situación de vacío normativo que las Administraciones implicadas tratan de solucionar a marchas forzadas. A cuenta de una de las últimas resoluciones del Tribunal Superior de Xustiza, que ilegalizó también una modificación del plan —anulado a su vez por el Supremo en 2009— aprobada por la Consellería de Territorio cuando Feijóo era su responsable, el nacionalista Bieito Lobeira emplazó a la secretaria general de Ordenación do Territorio, Encarnación Rivas, a que opinase respecto ...

Las sucesivas reprimendas de los tribunales al plan especial del puerto de Marín y sus rellenos ha dado lugar a una situación de vacío normativo que las Administraciones implicadas tratan de solucionar a marchas forzadas. A cuenta de una de las últimas resoluciones del Tribunal Superior de Xustiza, que ilegalizó también una modificación del plan —anulado a su vez por el Supremo en 2009— aprobada por la Consellería de Territorio cuando Feijóo era su responsable, el nacionalista Bieito Lobeira emplazó a la secretaria general de Ordenación do Territorio, Encarnación Rivas, a que opinase respecto a las responsabilidades políticas en el caso. La respuesta de esta vino a ser que los culpables del estropicio jurídico no tenían mala intención.

“La sentencia del Supremo de 2009 decía que la responsabilidad era de la Xunta, la Diputación y la Autoridad Portuaria, todas dirigidas por el PP”, recordó Lobeira, que se quejó de la situación “alucinante” del puerto, donde, según señaló, no se podrán autorizar negocios nuevos en tanto no se apruebe el nuevo plan. “El problema ya no es que el PP lo haga rematadamente mal, sino las consecuencias prácticas para cientos de personas que viven de su trabajo en el puerto y están en situación de alegalidad”, protestó.

Rivas aseguró que la normativa, aun con el plan especial en la picota, permite autorizar instalaciones “que por su naturaleza no puedan tener otra ubicación”, lo que permite salvar los negocios relacionados con la actividad portuaria. Después escurrió el bulto de las responsabilidades. “La aprobación del instrumento de planeamiento abarca una complejidad técnica, jurídica y social que no puede reducirse a la identificación de una responsabilidad política”, lanzó, para remachar: “Las actuaciones se sucedieron a lo largo de muchos años y sin duda fueron animadas por el deseo de contribuir a la mejora de las condiciones”. Después trató de implicar a PSOE y BNG en el desaguisado: un acuerdo unánime del Parlamento de 1995 y otro del Congreso de 1997 sobre el ramal ferroviario al puerto y unas declaraciones de Touriño en 2008 sobre el atractivo de la ampliación.