Amnistía acusa a Europa de violar los derechos de los musulmanes
La ONG denuncia que se les dificulta el acceso al empleo, a la educación y a la libertad de culto
Amnistía Internacional (AI) ha asegurado hoy en rueda de prensa que Europa viola los derechos fundamentales de las personas de religión musulmana. La ONG lo sostiene amparándose en un estudio, elaborado en 2011, que analiza la situación en España, Bélgica, Francia, los Países Bajos y Suiza. Tras realizar más de 200 entrevistas con autoridades políticas, partidos y asociaciones musulmanas, AI ha llegado a la conclusión de que las personas que profesan la religión musulmana ven dificultado el acceso al empleo y a la educación, y t...
Amnistía Internacional (AI) ha asegurado hoy en rueda de prensa que Europa viola los derechos fundamentales de las personas de religión musulmana. La ONG lo sostiene amparándose en un estudio, elaborado en 2011, que analiza la situación en España, Bélgica, Francia, los Países Bajos y Suiza. Tras realizar más de 200 entrevistas con autoridades políticas, partidos y asociaciones musulmanas, AI ha llegado a la conclusión de que las personas que profesan la religión musulmana ven dificultado el acceso al empleo y a la educación, y tienen problemas para ejercer su libertad de culto. Algunos partidos políticos abanderan esta discriminación para ganar votos, según la ONG, y el problema se está agudizando.
La ONG denuncia que los países no aplican eficazmente la legislación contra la discriminación y que, además, se camina en sentido contrario. Destaca como un caso sangrante la regulación del uso del velo integral, que países como Francia y Bélgica han prohibido. "Hay que evitar las prohibiciones generales", ha pedido el director de la sección española de AI, Esteban Beltrán, en la presentación del informe, que se ha hecho simultáneamente en Barcelona y en Bruselas. AI propone impedir el uso de este tipo de prendas solo en casos particulares, justificados por cuestión de seguridad, orden o salud. Las mujeres y las niñas son las más agraviadas, según el informe.
AI insiste en que los Gobiernos ni siquiera saben cuántas mujeres utilizan el velo integral ni si lo hacen obligadas por sus maridos. La ONG, sin embargo, admite que no existen cifras sólidas sobre esta realidad. "La prohibición puede acabar confinando en sus casas a las mujeres que usan el velo e incluso, si se trata de violencia de género, aislarlas", ha añadido Beltrán. "No es la crisis, es el largo asentamiento de unos prejuicios existentes que se han convertido en un discurso político", se ha sumado el sociólogo y experto en islam Jordi Moreras. En España existen diversas iniciativas municipales que prohíben el uso de la prenda en el espacio público. Cataluña ultima una ley de uso del espacio público, donde también estará regulado.
La entidad ha denunciado que el problema afecta también a la educación, cuando se impide a las niñas asistir a clase por usar el velo, como ocurrió en el instituto público Camilo José Cela de Pozuelo de Alarcón (Madrid) y en un colegio de Arteixo (Galicia). En Girona, la Generalitat obligó a la escuela Annexa Joan Puigbert a aceptar a una menor que se negaba a quitarse la prenda.
En el caso de España, la entidad destaca el grave problema que tienen los musulmanes para abrir centros de culto debido a la oposición vecinal y de los propios partidos políticos. "Se ven obligados a rezar en la intemperie", ha lamentado la coordinadora de AI en España, Imma Guixé. Es el caso del barrio barcelonés de Sants, donde entre 600 y 1.000 fieles tienen que conformarse con los bajos de un edificio que miden entre 70 y 75 metros cuadrados. Entre 1990 y 2008, se han dado más de 40 conflictos vecinales en España por oposición a vivir con una mezquita cerca.
Por todo ello, AI pide a las Administraciones que elaboren un plan contra de la discriminación. "Los Gobiernos europeos, incluyendo el español, no están haciendo lo suficiente para combatir los prejuicios y los estereotipos", ha criticado Beltrán. "Hay un discurso antiislámico profundo en algunos partidos de la Unión Europea", ha añadido. Las autoridades "violan el derecho internacional", insiste la ONG, por eso pide a la Comunidad Europea que vele por el cumplimiento de la ley y que sancione a quien no la respeta.