Benestar desoyó informes jurídicos al endosar servicios a las diputaciones

El recorte a los servicios sociales asestado por el decreto que la Consellería de Traballo publicó el pasado 30 de marzo es “contrario al ordenamiento jurídico”. Con esta claridad lo dictaminó el Consello Consultivo de Galicia en un informe aprobado por el pleno celebrado el día 1 de ese mismo mes, entre otros motivos por “carecer del preceptivo informe de la Asesoría Xurídica Xeral” de la Xunta. Pese a las tachas jurídicas advertidas, el departamento que dirige Beatriz Mato siguió adelante con un decreto que endosa a las diputaciones la financiación de los servicios sociales en los ayuntamien...

El recorte a los servicios sociales asestado por el decreto que la Consellería de Traballo publicó el pasado 30 de marzo es “contrario al ordenamiento jurídico”. Con esta claridad lo dictaminó el Consello Consultivo de Galicia en un informe aprobado por el pleno celebrado el día 1 de ese mismo mes, entre otros motivos por “carecer del preceptivo informe de la Asesoría Xurídica Xeral” de la Xunta. Pese a las tachas jurídicas advertidas, el departamento que dirige Beatriz Mato siguió adelante con un decreto que endosa a las diputaciones la financiación de los servicios sociales en los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes.

El decreto que regula los servicios sociales comunitarios y su financiación ha provocado un enorme revuelo en las diputaciones provinciales. Sobre todo en las dos más rurales, las de Ourense y Lugo, ya que la consellería atribuye a estas instituciones provinciales la financiación del costoso servicio de ayuda a dependientes a domicilio. El presidente de la de Ourense, José Manuel Baltar, lo calificó de “golpe” a la diputación, con un coste que calculó en 1,4 millones de euros. En esta provincia, solo la capital supera los 20.000 habitantes que marca el decreto. La de Lugo, gobernada por una coalición de socialistas y nacionalistas, cifra el coste en 2,2 millones, y llevará el próximo martes a pleno una propuesta de impugnar judicialmente el decreto.

La Diputación de Lugo impugnará judicialmente la nueva norma

Aunque la Consellería de Traballo e Benestar encargó un informe a la Asesoría Xurídica de la Xunta, el proyecto se sometió después a “numerosas” modificaciones. Tantas, que “cabe afirmar que el texto que se somete a dictamen de este Consello Consultivo carece del previo y preceptivo informe” jurídico. Otro tanto ocurre con el trámite de audiencia a las entidades interesadas, que se efectuó sobre una versión inicial del proyecto y sin incluir a la Comisión Galega de Cooperación Local, a pesar de que el decreto regula “aspectos tan relevantes para las entidades locales” como el establecimiento, la prestación y la financiación de los servicios sociales comunitarios. Dicha comisión es el órgano permanente de colaboración para la coordinación entre la Xunta y los ayuntamientos. “Tal observancia debería ser incluso más exquisita cuando, como es el caso, la norma proyectada incide tan intensamente en la definición de un modelo de relaciones interadministrativas consagrado en el Pacto Local”, añade el Consultivo.

En las observaciones al articulado, el informe del Consello Consultivo revela que la atribución a las diputaciones de la financiación del servicio de atención en el hogar en los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes —el 90% del total de Galicia— no figuraba en la versión original del decreto. Por lotanto, las entidades locales no fueron informadas durante la tramitación del proyecto. La división que hace la consellería entre ayuntamientos mayores y menores de 20.000 habitantes es, según el dictamen, “discriminatoria e incompatible” con la Lei de Servicios Sociais de Galicia, que no establece este tipo de distinciones.

El decreto de Traballo e Benestar establece por primera vez una distinción entre copago para dependientes y para no dependientes. La carga económica sobre los últimos será mayor y podrá alcanzar el 90% del coste del servicio si capacidad económica del usuario excede el 2,5% del Indicador Público de Rentas Múltiples (IPREM), fijado en 532 euros. Desde 2009, el beneficiario pagaba, como mucho, el 65%.