Alicante suprime la mitad de las entidades municipales autónomas

El plan de ajuste del ayuntamiento de Alicante, aprobado en sesión plenaria y que exigía el Gobierno central para avalar la operación económica para abonar las deudas a proveedores, recoge la no provisión de plazas por jubilación y maternidad, la actualización de los impuestos y las tasas al IPC, una reducción de las inversiones y la supresión de la mitad de los organismos municipales autónomos.

El citado plan será remitido en las próximas horas al Ministerio de Hacienda para que, una vez examinado, lo ratifique, un paso necesario para que el consistorio pueda acogerse al plan de financ...

El plan de ajuste del ayuntamiento de Alicante, aprobado en sesión plenaria y que exigía el Gobierno central para avalar la operación económica para abonar las deudas a proveedores, recoge la no provisión de plazas por jubilación y maternidad, la actualización de los impuestos y las tasas al IPC, una reducción de las inversiones y la supresión de la mitad de los organismos municipales autónomos.

El citado plan será remitido en las próximas horas al Ministerio de Hacienda para que, una vez examinado, lo ratifique, un paso necesario para que el consistorio pueda acogerse al plan de financiación con el que poder afrontar los pagos a los proveedores.

El documento económico, con el que se pretende avalar los 50 millones de euros necesarios para tal objetivo, ha sido aprobado únicamente por el equipo de Gobierno (PP), ya que UPyD se ha abstenido, y tanto PSOE como EU han votado en contra.

El edil de Hacienda, el popular Juan Seva, ha defendido este plan de ajuste económico que condiciona las cuentas municipales hasta 2022 al asegurar que cumple tanto con el objetivo fijado como con la promesa electoral del PP de "no despedir" a funcionarios "ni subir impuestos".

En materia de ingresos, el plan establece la aplicación de la variación anual del IPC en el IBI a partir de 2014, ya que durante los ejercicios 2012 y 2013 está vigente la subida del 10% fijada desde el Gobierno central.

De igual modo, se actualizan las tarifas al IPC tanto del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica como de las tasas.

Por lo que respecta a los gastos, las medidas afectan al capítulo de personal, a las inversiones reales, a las transferencias corrientes y a bienes y servicios.

Según refleja el plan, el consistorio alicantino no cubrirá las plazas de plantilla ni de funcionarios de empleo vacantes y suprimirá la productividad por servicios prestados (complementos de antigüedad) y las indemnizaciones por jubilación anticipada, entre otros conceptos.

En concreto, y en el periodo 2013-2015, se prevé la no provisión de bajas por maternidad, paternidad o incapacidad temporal. No se cubrirán con contratados las plazas correspondientes a algunos liberados sindicales ni las jubilaciones prevista hasta 2016.

Otras medidas hacen referencia a la supresión de al menos el 50% de los organismos autónomos municipales, como el de Turismo, Cultura y Urbanismo, cuya actividad se adscribirá a la de sus respectivas concejalías.

De hecho, el pleno extraordinario ha aprobado, con la única abstención de EU, la disolución y extinción de Patronato Municipal de Deportes.

En materia de inversiones, el consistorio pretende ahorrar tres millones de euros en 2013, dos millones en 2014 y otros tantos en 2015, y hasta 2022 un total de diez millones.

La portavoz socialista, Elena Martín, ha denunciado que los grupos de oposición apenas han tenido acceso al plan de ajuste unos minutos antes del pleno, que ha estado precedido de una notable tensión.

La oposición política en el Ayuntamiento de Alicante había forzado a primera de la mañana a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, a respetar la legalidad a la hora de aprobar el plan de ajuste hasta 2022. El PSPV-PSOE y EU amagaron con abandonar el pleno si Castedo no respetaba el reglamento que obliga a convocar una junta de portavoces si se retrasa la sesión, como ha ocurrido a primera hora de la mañana. El Ayuntamiento de Alicante había convocado un pleno a las 9.30, pero éste ha sido aplazado sin explicación alguna. La medida ha indignado a la oposición, que ha acusado a Castedo de convertir en Consistorio en su “cortijo” y de “ninguneo y desprecio”. Todo porque, efectivamente, los partidos de la oposición no han sido informados del plan de ajuste.

El PSPV y EU han presentado un escrito en el que explicaban al equipo de gobierno que de celebrarse el pleno esté “podría adolecer de un vicio formar que podría dar lugar a su posterior impugnación con la posible anulabilidad de los acuerdos adoptados”. El argumento ha forzado finalmente a la regidora alicantina a convocar una junta de portavoces urgente y un pleno previsto para las 12.30.

La portavoz socialista, Elena Martín, ha denunciado que lo ocurrido hoy “no tiene precedentes desde el punto de vista democrático y legal”. Martín ha lamentado que el equipo de gobierno no haya sido capaz de remitir a la oposición el plan de ajuste. “Pensaban hacer un fraude de ley”, ha enfatizado. Por su parte, el portavoz de EU, Miguel Ángel Pavón, ha denuncaido el “ninguneo y el despresio” a la oposición. “Hoy hemos salvado la cara del Ayuntamiento. Si el pleno se hubiera celebrado, estaría viciado. El reglamento es papel mojado”, ha agregado el edil de EU. “No se nos ha querido informada nada del plan de ajuste que va a regir en el Ayuntamiento hasta 2022”, ha apostillado Pavón.

A lo largo del posterior debate, Martín ha explicado el voto en contra de los socialistas alegando que dejar de provisionar plazas de empleados públicos deteriorará los servicios y aireando "la nefasta gestión económica del PP" al frente del Ayuntamiento. "En época de bonanza no regularon bien ni el dinero ni los servicios", ha dicho.