Y las víctimas, ¿Qué?

Hace unos días preparé un texto en contestación a la avalancha de críticas al anteproyecto de ley de atención y recuperación integral de las víctimas de la violencia machista contra las mujeres en la CAE; como es obvio, se quedó en un cajón para no echar más leña al fuego. Ante la suspensión por el Departamento de Interior del anteproyecto a la espera de un mayor consenso político y social, sí me siento con autoridad moral para abordar las consecuencias de aparcar dicha norma. Hablo en mi nombre, como funcionaria, desde hace 26 años, del Gobierno vasco y partícipe del anteproyecto en cuestión....

Hace unos días preparé un texto en contestación a la avalancha de críticas al anteproyecto de ley de atención y recuperación integral de las víctimas de la violencia machista contra las mujeres en la CAE; como es obvio, se quedó en un cajón para no echar más leña al fuego. Ante la suspensión por el Departamento de Interior del anteproyecto a la espera de un mayor consenso político y social, sí me siento con autoridad moral para abordar las consecuencias de aparcar dicha norma. Hablo en mi nombre, como funcionaria, desde hace 26 años, del Gobierno vasco y partícipe del anteproyecto en cuestión.

Quiero, ante todo, romper una lanza a favor de las mujeres víctimas de la violencia machista, las grandes ausentes en toda la polémica surgida. Que quede claro que no es mi intención desacreditar ni a personas ni a partidos políticos. Lo que viene a continuación no es sino la voz de estas mujeres, a las que por primera vez se les ha puesto voz, cara y filiación y a las que se ha obviado en toda esta controversia política y mediática. Ellas han sido las artífices del anteproyecto tan cuestionado; ellas han tomado la palabra para trasladar sus necesidades, miedos y carencias; ellas no entienden de competencias, ni de partidos políticos, ni de duplicidad de prestaciones y recursos, ni de polémicas de tres al cuarto. Ellas solo se significan por el miedo en su mirada, por la tristeza de sus hijas e hijos, por el temblor en sus manos y por las lágrimas derramadas en las oficinas cuando han acudido en busca de ayuda o para colaborar generosamente siempre que se les ha solicitado.

Quiero comenzar diciendo que me consta que se ha evitado, durante las últimas semanas, contestar a declaraciones públicas que rayaban en la falta de respeto más sangrante hacia las personas dirigentes y personal del Departamento de Interior. Quiero, igualmente, significar que las críticas desde ciertos sectores se han realizado sin conocer el articulado del anteproyecto (doy fe), vía medios de comunicación y no, como procedería, realizando alegaciones fundadas en Derecho y previa lectura de cada uno de los borradores. Desde el primer momento, ciertos grupos se han apuntado al carro del “NO” exigiendo un desarrollo reglamentario en lugar de una norma con rango de ley, como si los derechos de las mujeres víctimas fueran “de quita y pon” o pudieran dejarse al albur del color del partido gobernante. No comparto las críticas interesadas tachando de inconstitucional la norma referida: son más de diez las leyes autonómicas que regulan la materia de la violencia machista y no conozco (perdonen mi ignorancia) ni un solo recurso de inconstitucionalidad planteado. No comparto, tampoco, el clamor “populista”, que no “popular”, cuestionando una ley cuando lo único que se ha pretendido ha sido crear y regular, legalmente, derechos y recursos para las mujeres víctimas Y que ahora exigirán explicaciones (se entiende que a quienes han tenido la magnífica idea de criticar sin leer).

Quiero hacer una mención especial al ataque procedente de ciertos sectores sobre la adscripción de la Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género al Departamento de Interior: Señoras y señores, lo primero y más importante, ante un episodio de violencia machista, es la protección de la víctima y, luego, su atención personalizada. ¿Por qué se cuestiona tal decisión? ¿Acaso se adivinan rémoras pasadas (yo las creía superadas) de una policía represora y no preventiva? Déjenme decirles que la protección personal de las mujeres víctimas ha sido un eje fundamental, que no el único, del actuar de la DAVVG y permítanme recordar a quienes han acudido en demanda de urgentes medidas de protección que han podido ser atendidas de inmediato gracias a la adscripción tan reiteradamente criticada. A la vista de todo ello, concluyo en la falacia que supone unir la desnaturalización de Emakunde a la adscripción de las políticas sobre atención y protección en materia de violencia de género a Interior y lamento, profundamente, la ignorancia supina de quienes persisten en esta discusión bizantina; es más: si tales críticas vienen de sectores feministas, el sinsentido ya es mayúsculo, tantos años de militancia reclamando la asimilación del “terrorismo doméstico” al “terrorismo político” y, cuando por fin se consigue articular un sistema de protección y derechos al mismo nivel, se echa por tierra.

En fin, lamento la retirada del proyecto, doy por bueno todo el trabajo realizado y agradezco, sinceramente, la labor de entidades, públicas y privadas, que han puesto a nuestra disposición su trabajo y aportaciones; pero, sobre todo, quiero reconocer el enorme esfuerzo de las mujeres víctimas que han sido parte vital de este proyecto, haciendo gala de una dignidad de la que ciertas personas carecen; ahora se les habrá venido el cielo abajo al comprobar que donde manda capitán no manda marinero, es decir, que la política enrarece hasta lo más recóndito y que, cuando creían cercano el reconocimiento legal de sus derechos, ciertos grupos que se autodenominan “defensores de las mujeres” les han dado la espalda. Por ellas y para ellas era la ley que se estaba elaborando, con ilusión y mucho esfuerzo, con el objetivo de dar respuesta a sus demandas, con el fin de avanzar en la lucha frente a tan grave lacra social.

Ahora habrá que explicar la razón de tanta sinrazón y los verdaderos motivos de tanta inquina frente a un proyecto legislativo que constaba, qué curioso, en programas electorales de muy distinto signo. Tienen ustedesla palabra.

Ana Isabel García Maté es licenciada en Derecho y Criminología.