Sánchez Robles declara que no se encargaba de controlar los contratos

Tras año y medio de silencio, sin querer dar su versión en la comisión de investigación de la Cámara vasca y en el juzgado de Vitoria en el que el juez Roberto Ramos instruye el caso de Miguel, Xabier Sánchez Robles, director de Juventud bajo el mandato de Juan José Ibarretxe, e imputado desde verano de 2010 por su presunto trato de favor al entramado de empresas del caso, acudió ayer a los juzgados de Vitoria por iniciativa propia para dar explicaciones sobre los contratos que le vinculan con él.

Lo hizo aportando grandes pilas de documentos con los que trató de demostrar la legalidad ...

Tras año y medio de silencio, sin querer dar su versión en la comisión de investigación de la Cámara vasca y en el juzgado de Vitoria en el que el juez Roberto Ramos instruye el caso de Miguel, Xabier Sánchez Robles, director de Juventud bajo el mandato de Juan José Ibarretxe, e imputado desde verano de 2010 por su presunto trato de favor al entramado de empresas del caso, acudió ayer a los juzgados de Vitoria por iniciativa propia para dar explicaciones sobre los contratos que le vinculan con él.

Lo hizo aportando grandes pilas de documentos con los que trató de demostrar la legalidad de los contratos menores que su dirección adjudicó a varias empresas en las que los administradores eran sus amigos y compañeros de partido, el exdiputado alavés Alfredo de Miguel y el exconcejal del PNV en Leioa Iñaki San Juan. Fueron más de 200.000 euros en numerosos contratos adjudicados a las empresas Errexal, Kataia y Ortzi Muga, supuestamente empresas pantalla para el cobro de comisiones, entre 2006 y 2009. que están siendo investigados por la justicia por estar aparentemente injustificados.

Aportó cantidad ingente de escritos, mucha de ella sin firma para su válidez

Sin embargo, al menos parte de la documentación aportada por el imputado carecía de los elementos que contiene todo escrito oficial de las administraciones públicas para tener validez. Entre otras cuestiones, faltaban firmas en los documentos y la información del registro, así como la información de remitentes y el destinatario.

Sánchez Robles, que ayer solo respondió a las preguntas de su abogado, Javier Beramendi, y del juez, Roberto Ramós, dedicó buena parte de su comparecencia a explicar aspectos relacionados con la contratación y se sacudió la responsabilidad de los contratos para realizar informes, de los que no hay constancia que se realizara ninguno, asegurando que corrían a cargo de una mesa de contratación, trámite que no es necesario en este tipo de contratos. Apuntó, asimismo, a otras personas de la Dirección de Juventud como responsables de la tarea de controlar que las entidades contratadas realizaran los trabajos, a pesar de que una funcionaria de Cultura declaró lo contrario hace días, apuntando a Sánchez Robles como la persona que realizaba las comprobaciones y autorizaba las facturas.

Para justificar uno de los correos electrónicos más esclarecedores que obran en poder del juzgado que instruye el caso, el que envió Iñaki San Juan, administrador de una de las empresas que logró contratos de la dirección de Sánchez Robles, Errexal, a Alfredo de Miguel en el que se podía leer que “Xabier no puede meternos un duro (Asunto Roberto) nos propone dos campos de trabajo cuyo margen es muy pequeño”, Sánchez Robles negó ante el juez conocer a qué “Xabier” se refería y negó que fuera él.

Tampoco el propio Alfredo de Miguel fue capaz de explicar este correo electrónico. “Desconozco a qué se refería”, señaló el exdiputado alavés en su declaración ante el juez a finales de 2011. En su comparecencia de entonces, De Miguel trató de justificar uno de los tres contratos de Cultura con Kataia al presentar un informe aunque, según se desprendió de su declaración, no supo aclarar por qué nada indica que el informe fuera de 2007 y por qué en los registros del Gobierno vasco no figura su entrada.

A ojos del presidente de la comisión parlamentaria que ultima sus trabajos con la presentación de enmiendas al borrador de dictamen que propuso este, Sánchez Robles “o actuó con negligencia o lo hizo en connivencia con las empresas” investigadas. Destaca en su escrito, aún a falta de ser aprobado por la comisión, que hubo un quebrantamiento económico para las arcas públicas con estos contratos. Sánchez Robles, casado con una parlamentaria del PNV, “dio el visto bueno a facturas sin la comprobación previa necesaria”, relata el borrador de dictamen.

Su autor, Juanjo Aguirrezabala (EA) apunta a un posible delito de tráfico de influencias a tenor de la información que ha manejado la investigación parlamentaria que se ha desarrollado a puerta cerrada durante el último año.