Tijeretazo general y en las prestaciones a colectivos
» En los Presupuestos. Con respecto a 2009, Sanidade ha reducido la partida de atención primaria en 188 millones de euros y la de atención especializada en 20 millones. El capítulo de inversiones también ha pasado de 150 millones en 2009 a 58 millones en 2012. El presupuesto de Benestar también ha bajado en la actual legislatura un 3%, de 948,7 a 919,6 millones de euros.
» Paralización del Plan de Mellora de Atención Primaria, presupuestado en 68 millones de euros. En 2009 iba a crear 450 plazas; tampoco se renovaron ese año más de 100 contratos a médic...
» En los Presupuestos. Con respecto a 2009, Sanidade ha reducido la partida de atención primaria en 188 millones de euros y la de atención especializada en 20 millones. El capítulo de inversiones también ha pasado de 150 millones en 2009 a 58 millones en 2012. El presupuesto de Benestar también ha bajado en la actual legislatura un 3%, de 948,7 a 919,6 millones de euros.
» Paralización del Plan de Mellora de Atención Primaria, presupuestado en 68 millones de euros. En 2009 iba a crear 450 plazas; tampoco se renovaron ese año más de 100 contratos a médicos de hospital. En total, paralización de la contratación prevista de 915 profesionales de todas las categorías.
» Abandono de los anteriores planes de Saúde Mental y de Atención á Saúde da Muller.
» Jubilación forzosa de los médicos hospitalarios a los 65 años (en trámite de aprobación parlamentaria). Solo se cubrirá el 10% de las plazas. En cuatro años se jubilarán 1.900 médicos, a unos 450 por año, y se convocarán unas 200 plazas, con una pérdida neta de 1.700 facultativos, el 14% de la actual plantilla del Sergas.
» Supresión de las peonadas, o trabajo por las tardes. Como consecuencia, paralización de cientos de consultas, quirófanos, laboratorios y servicios de radiología, con derivación de muchos de pacientes a hospitales privados concertados. Aumento de las listas de espera. En ellas hay casi 20.000 pacientes con demoras superiores a los cinco años por no querer operarse en los centros privados propuestos.
Enfermos de sida y sin techo, entre los grupos más castigados
» Rebaja de sueldo del personal facultativo, con la pérdida de tres días de vacaciones para asuntos propios y limitaciones en el cobro de las bajas laborales.
» Cierre de camas en verano. Práctica habitual que en 2011 se elevó a 670 camas, unas 150 más que en 2009.
» Reducción de un 41% en 2011 de las subvenciones a programas de asociaciones y Ayuntamientos relacionados con el VIH / sida. Solo recibieron subvenciones 12 de las 47 asociaciones y ocho de los 23 ayuntamientos que las solicitaron.
» Recorte para casa de acogida a enfermos de sida. La de Ourense perdió 130.000 euros en dos años. La consellería explicó que la partida de estas ayudas a asociaciones no merma, sino que está más repartida.
» Supresión del bus de la metadona, que prestaba atención a casi 250 personas, y recorte de 1,4 millones en 2012 en los programas de prevención de drogodependencia.
» Cobro de 10 euros a los pacientes por la renovación de la tarjeta sanitaria.
» Inutilización de tarjetas sanitarias a parados de larga duración e inmigrantes.
» Anuncios de copago. El presidente de la Xunta viene insistiendo que debería aplicarse a algunas prestaciones (farmacéuticas, alimentación, prótesis…)
» Guarderías más caras y de gestión privada. Son ahora un 19% más caras para el 50% de las familias. Benestar ha comenzado la privatización de al menos cinco centros. El ahorro viene de los salarios de las plantillas.
» Inmigrantes. Los servicios sociales que atienden a inmigrantes y su integración pierden un 55% de sus presupuestos.
Menos facultativos sanitarios y listas de espera crecientes
» Plan de desenvolmento gitano al mínimo. El dinero del programa se reduce un 84% y desaparece para algunos Ayuntamientos.
» Sin inclusión social en las ciudades. Benestar elimina el dinero para estos equipos en las siete ciudades y el consorcio de As Mariñas. El año pasado manejaron 1,1 millones.
» Fin de Preescolar na casa. El programa dejó de recibir medio millón de euros.
» Rebaja en ayuda a domilicio. Los Ayuntamientos recibieron en 2011 un 5% menos, que comprometieron la continuidad del servicio en muchos de ellos.
» Un 50% menos para sin techo. El colectivo de personas sin techo pierde más de la mitad de su asignación, que cae de 375.000 a 150.000 euros.
» Familias acogedoras. Su presupuesto pasó de casi un millón de euros a menos de 200.000. Las ayudas de integración al menor se suprimieron en 2011.
» Desaparece el programa Na rúa. Estaba dedicado a la atención de niños y adolescentes derivados por el servicio de menores de la Xunta.
» Reducción en los programas de menores conflictivos. Traballo e Benestar canceló un programa de A Coruña con una asociación que se encargaba del servicio desde hace siete años.
» Menos inversión en salud y seguridad en el trabajo. De los 2,5 millones de euros de 2009 Traballo ha pasado a poco más de 700.000 euros en 2012.
» Fomento del empleo con menos fondos. La mejora de las capacidades para ser contratado baja de 122,4 milones de euros a 99,8 millones. También la intermediación e inserción laboral pierde más de un millón, de 17,9 a 19,2 millones.
Funcionarios en guerra
Los funcionarios salen a la calle por los recortes y no descartan una huelga. Tras el 5% de salario que les quitó el Gobierno de Rodríguez Zapatero, el presidente de la Xunta planteó hace unas semanas una serie de rebajas que blandió como necesarias para no volver a tocarles el sueldo.
El punto más conflictivo es el pago de las bajas. Aunque la Xunta modificó su propuesta inicial —en la que la Administración no pagaría nada hasta el día 21 excepto en casos de accidente o enfermedad laboral y embarazo— para que el trabajador público cobre el 50% de la baja desde el primer día, todos los sindicatos rechazan las medidas.
Tampoco aceptan que el Consello de la Xunta pueda reducir un tercio la jornada y el sueldo de los interinos y el personal laboral temporal —una medida que será voluntaria para los funcionarios—, se eliminen las ayudas de acción social —excepto para discapacidad—, se suspendan acuerdos del convenio colectivo o se fuerce la jubilación a la llegada de la edad legal. Con estas medidas, Facenda estima que ahorrará 80 millones.