El Síndic de Greuges recibe 40.000 correos contra la actuación policial
Cholbi afirma que redactará un informe “necesario y preciso” sobre las protestas Los rectores piden a Sánchez de León que retire todos los cargos a los estudiantes
Cholbi había pedido una reunión "urgente", en su condición de Defensor del Menor de la Comunidad Valenciana, con la delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León y con representantes del Consejo Escolar del Instituto Lluís Vives de Valencia (profesores, padres y alumnos/as).
Cholbi ha señalado que con las distintas informaciones, opiniones y reflexiones que recoja se elaborará un informe "necesario y preciso" para aclarar las circunstancias que han conducido a los choques entre la Policía y los estudiantes.
Según Cholbi, en todas las quejas recibidas exponen la necesidad de que el...
Ante los hechos ocurridos durante los últimos días en las inmediaciones del instituto público Lluís Vives de Valencia, en los que participaban estudiantes menores de edad, y a tenor de las numerosas quejas presentadas ante esta Institución, el Síndic de Greuges, José Cholbi, ha ordenado "la apertura de una investigación con el objeto de valorar la posible vulneración de los derechos de los menores". El Síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana, ha recibido hasta 500 quejas por escrito que califican de desproporcionada
la actuación policial. Y hasta 40.000 correos electrónicos que apoyan las quejas e instan su actuación.
Cholbi había pedido una reunión "urgente", en su condición de Defensor del Menor de la Comunidad Valenciana, con la delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León y con representantes del Consejo Escolar del Instituto Lluís Vives de Valencia (profesores, padres y alumnos/as).
Cholbi ha señalado que con las distintas informaciones, opiniones y reflexiones que recoja se elaborará un informe "necesario y preciso" para aclarar las circunstancias que han conducido a los choques entre la Policía y los estudiantes.
Según Cholbi, en todas las quejas recibidas exponen la necesidad de que el Síndic "tome contacto con esta realidad", y en ellas se narran los hechos y se pide la dimisión de la delegada del Gobierno. Ha señalado que los casos en que estén implicados menores de edad dependerán de su institución y los que tengan relación con la Administración central corresponden a la Defensora del Pueblo, ahora en funciones, y que también ha abierto una investigación sobre los incidentes.
"Nosotros estamos más pegados a la tierra y nuestra obligación es ser objetivos y profesionales", ha concluido.
Rectores piden la retirada de los cargos
Los rectores de las Universidades Politécnicas y de València, Juan Juliá y Esteban Morcillo, respectivamente, también se han reunido con Sánchez de León para que se "retiren los cargos contra los estudiantes" detenidos en las últimas jornadas de protestas estudiantiles. El rector Morcillo ha remarcado "la importancia de los valores de la educación pública y de la universidad pública, especialmente en un contexto de crisis económica".
Morcillo ha pedido "el establecimiento de puentes de diálogo y ha reiterado que las u niversidad son espacios de debate. Por esta razón, el rectorado de la Universitat de València autorizó el lunes por la noche la asamblea de estudiantes que se celebró en la Facultad de Geografía e Historia tras la brutal carga policial que se saldó con seis estudiantes menores detenidos y otros 19 de entre 20 y 24 años.
Quejas hasta en Helsinki
Un grupo de estudiantes españoles han registrado ante la Embajada Española en Helsinki una queja para “condenar la represión policial sufrida por los estudiantes valencianos los pasados 16 y 20 de febrero mientras se manifestaban por sus derecho a una educación digna y de calidad”.
Los estudiantes consideran que en un Estado democrático como el español estos actos están “completamente fuera de lugar”.
“La violencia nunca está justificada y menos de aquellos que se supone que deberían de velar por nuestra seguridad”, afirman en la queja registrada en la Embajada.
Los firmantes piden que se tomen “medidas contra aquellos que abusaron brutalmente de su poder”.
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