Los recortes para funcionarios durarán como mínimo dos años

La Xunta ha aprobado la futura ley que regulará las medidas de ajuste que se aplicarán a los 90.000 empleados públicos de la Comunidad. La norma tendrá vigencia inicialmente en 2012 y 2013 --cumplido este plazo se podrán revisar las medidas en función de la evolución "positiva" del PIB-- y habilitará al Consello de la Xunta para analizar y modificar salarios y dietas de directivos del sector público empresarial.

Ambas "novedades" han sido anunciadas por el presidente Alberto Núñez Feijóo, que compareció ante los medios tras la reunión de su Ejecutivo, acompañado de la conselleira de Fac...

La Xunta ha aprobado la futura ley que regulará las medidas de ajuste que se aplicarán a los 90.000 empleados públicos de la Comunidad. La norma tendrá vigencia inicialmente en 2012 y 2013 --cumplido este plazo se podrán revisar las medidas en función de la evolución "positiva" del PIB-- y habilitará al Consello de la Xunta para analizar y modificar salarios y dietas de directivos del sector público empresarial.

Ambas "novedades" han sido anunciadas por el presidente Alberto Núñez Feijóo, que compareció ante los medios tras la reunión de su Ejecutivo, acompañado de la conselleira de Facenda, Elena Muñoz, para detallar el contenido de esta Ley de medidas temporales para empleados públicos, que recoge, entre otros extremos, la reducción de nueve a seis de los días de libre disposición y la "posibilidad" de reducir la jornada. Mientras el presidente anunciaba las medidas, funcionarios públicos se manifestaban a las puertas de San Caetano en contra de los recortes.

En el caso de interinos y personal laboral temporal, la norma habilita al Consello de la Xunta para "decidir" sobre una reducción de jornada tras analizar las "necesidades" de la administración, pero Núñez Feijóo ha garantizado este jueves que se recortará "de forma excepcionalísima" y que "no se tocará" en ningún caso a los trabajadores de los ámbitos sanitario y educativo.

Conscientes de que estas medidas suponen "un esfuerzo" para los funcionarios, Feijóo y Muñoz han incidido en que servirán para evitar otras decisiones "más drásticas" como recortes salariales. "En lo que dependa de la Xunta no tocaremos las retribuciones", ha sentenciado el presidente, quien no ha descartado, sin embargo, que lo pueda hacer el Gobierno central en un futuro.

Sí ha defendido que estas medidas, aprobadas entre críticas de empleados públicos y con la oposición frontal de los sindicatos, son "necesarias e imprescindibles" en el actual escenario, con un elevado índice de paro y la bajada de ingresos de las administraciones a causa de la contracción económica. "Da garantías al conjunto de los gallegos y a los empleados públicos", ha alegado el presidente. Según Feijóo, las "garantías" para los funcionarios se traducen en que frenan reducciones salariales que hubo en otras comunidades, algunas "con mayor riqueza" que la gallega, como Cataluña o Valencia. En cuanto al resto de la ciudadanía, ha subrayado que estas medidas permiten evitar "que se toque" el gasto social o las inversiones productivas.

Así las cosas, ha incidido en que los ajustes autorizados no sólo "evitan bajadas salariales", sino que son "más favorables" de las que han sufrido funcionarios de otras autonomías. Además, ha dado por hecho que la Xunta "se adelanta una vez más" y que sus iniciativas se exportarán "a comunidades y a la Administración del Estado".

También ha destacado que es más "exigente" con los directivos del sector público y que suspende el plus de altos cargos. Al tiempo, ha subrayado que la Xunta invitó a los sindicatos a negociar "desde el principio" y ha remarcado que la ley será de aplicación "temporal". Eso sí, Elena Muñoz ha agregado que, de seguir la "recesión", se estará "igual que ahora".

En la misma línea que Feijóo, la responsable de Facenda ha enfatizado que las medidas de ajuste son "reflexionadas" y "adecuadas" al momento actual, que fueron presentadas ante los sindicatos y que "siempre" hubo voluntad negociadora por parte del Gobierno autonómico, aunque finalmente no fue posible el consenso. De hecho, ha recordado que se "amplió" el período de alegaciones apostando por "modular" el texto.

Dicho esto, ha insistido en que el reto del Gobierno gallego es evitar la bajada de los sueldos. Igualmente, sobre las partidas de las que va a derivar el ahorro previsto de 80 millones de euros anuales, ha concretado que, una vez que se apliquen los cambios que permitirá la ley, se cerrarán unas cifras "estimativas" que se detallarán y comunicarán.