El PNV intenta forzar a Maroto a presentar unos presupuestos
El alcalde garantiza que "no habrá marcha atrás” en la prórroga presupuestaria
El PNV ha trazado una maniobra política para intentar forzar al alcalde de Vitoria, el popular Javier Maroto, a presentar un proyecto de presupuestos para este año. Dos días después de que el regidor pactase con los peneuvistas inversiones por 50 millones este año, la formación nacionalista ha planteado un cambio legislativo para impedir que el consistorio de la capital alavesa pueda contar con un presupuesto sin aportaciones de la oposición.
El PNV anunció ayer que presentará en breve en las Juntas Generales una proposición para modificar la norma foral que regula las cuentas de los co...
El PNV ha trazado una maniobra política para intentar forzar al alcalde de Vitoria, el popular Javier Maroto, a presentar un proyecto de presupuestos para este año. Dos días después de que el regidor pactase con los peneuvistas inversiones por 50 millones este año, la formación nacionalista ha planteado un cambio legislativo para impedir que el consistorio de la capital alavesa pueda contar con un presupuesto sin aportaciones de la oposición.
El PNV anunció ayer que presentará en breve en las Juntas Generales una proposición para modificar la norma foral que regula las cuentas de los consistorios provinciales. Si esta iniciativa, abierta a las aportaciones de otros grupos, sale adelante, para lo que necesitaría el respaldo directo o indirecto de los socialistas o de Bildu, los Ayuntamientos que se hallen en situación de prórroga presupuestaria, como es acutualmente el caso de Vitoria, estarían obligados a presentar las cuentas.
Maroto replicó en un comunicado garantizando que “no habrá marcha atrás” en su decisión de prorrogar los presupuestos de 2011, elaborados por la anterior corporación socialista. El alcade ha atribuido su decisión a la prevista rebaja de los ingresos provenientes de la Diputación, pero no ha precisado las cifras que le ha reclamado la oposición.
El regidor destacó que cuenta con la “seguridad jurídica”, en virtud de los informes internos que ha encargado, de que lo hecho por su equipo de gobierno “está bien”, y que la decisión de cambiar el presupuesto le corresponde solo a su gabinete. “No hay un procedimiento en las Juntas Generales para hacer que un gobierno tome una decisión contraria a la que ha adoptado”, agregó.