La Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social ha consolidado en esta legislatura el sistema de atención a la dependencia. Desde el año 2008, se ha triplicado el número de prestaciones a dependientes, al pasar de los 89.000 de hace cuatro años a los 259.000 actuales, que dan servicio a 191.000 personas (67.900 reciben dos o más prestaciones a la vez). Con estos datos, Andalucía aglutina en torno al 30% de las personas atendidas en toda España.
La crisis ha obligado a ampliar el Programa de Solidaridad (el llamado salario social), que el año pasado dio cobertura a 30.000 familias, ...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
La Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social ha consolidado en esta legislatura el sistema de atención a la dependencia. Desde el año 2008, se ha triplicado el número de prestaciones a dependientes, al pasar de los 89.000 de hace cuatro años a los 259.000 actuales, que dan servicio a 191.000 personas (67.900 reciben dos o más prestaciones a la vez). Con estos datos, Andalucía aglutina en torno al 30% de las personas atendidas en toda España.
La crisis ha obligado a ampliar el Programa de Solidaridad (el llamado salario social), que el año pasado dio cobertura a 30.000 familias, y cuyo presupuesto se ha incrementado el 70% desde el inicio de la legislatura. En el capítulo de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, Andalucía ha desarrollado la red de atención y prevención más extensa de España, y actualmente la comunidad dispone de 1.800 recursos, entre centros de emergencia y acogida; servicios de asistencia jurídica y psicológica, y programas de apoyo para la emancipación de las víctimas de violencia.
Entre las principales iniciativas en políticas sociales, destaca el primer plan estratégico de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, que se puso en marcha en 2010. De él han surgido medidas como la ampliación de horarios en los centros educativos para mejorar la conciliación familiar, la orientación profesional a través de las unidades de empleo para mujeres o el apoyo a la formación y la creación de empresas en el medio rural.