Bozal prevé recaudar 20 millones con dos nuevas tasas sobre el uso de la justicia

La consejera de Justicia, Pilar Fernández Bozal, ha anunciado la imposición de dos nuevas tasas que gravarán a los usuarios de la justicia. El Gobierno catalán prevé recaudar entre 15 y 20 millones de euros con esas tasas que, según Bozal, se invertirán en mejorar el funcionamiento de los juzgados, siempre faltos de medios y, en los peores casos, al borde del colapso. “Es una pequeña contribución, más que razonable, de los usuarios efectivos de un servicio público para reducir la contribución del resto de ciudadanos”, ha dicho la consejera durante la comisión de Justicia en el Parlament.
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La consejera de Justicia, Pilar Fernández Bozal, ha anunciado la imposición de dos nuevas tasas que gravarán a los usuarios de la justicia. El Gobierno catalán prevé recaudar entre 15 y 20 millones de euros con esas tasas que, según Bozal, se invertirán en mejorar el funcionamiento de los juzgados, siempre faltos de medios y, en los peores casos, al borde del colapso. “Es una pequeña contribución, más que razonable, de los usuarios efectivos de un servicio público para reducir la contribución del resto de ciudadanos”, ha dicho la consejera durante la comisión de Justicia en el Parlament.

Bozal ha insistido en que no se trata de implantar el copago, ya que las tasas son "por uso y explotación" vinculadas a la justicia. La primera tasa grava "la prestación de servicios personales y materiales". Es decir que, cuando la medida entre en vigor, las personas físicas y jurídicas deberán abonar una cantidad (entre 60 y 120 euros) en algunos procedimientos de los ámbitos civil y contencioso. Por ejemplo, la solicitud del concurso de acreedores o la interposición de distintos recursos. No se deberá pagar por otros recursos, como los relacionados con sucesiones. También estarán exentas las personas a las que les corresponda la asistencia jurídica gratuita.

El segundo impuesto grava la explotación de distintos servicios (cafetería, fotocopias, máquinas de venta automática) situados en edificios judiciales. Las empresas que exploten esos servicios deberán pagar un fijo mínimo anual de 60 euros, que variará en función del espacio que ocupe la instalación.