Los 8º premios Abogados de Atocha, para Sampedro y la Fiscalía de Guatemala

Claudia Paz, por la Fiscalía General de Guatemala y el escritor y catedrático español José Luis Sampedro han sido galardonados con los premios Abogados de Atocha, que otorga anualmente la Fundación que lleva el nombre de los cinco laboralistas, asesinados en Madrid hace 35 años por pistoleros ultraderechistas. El premio, en su octava edición, calificado “como un acto contra la desmemoria” y en el que fue criticado el juicio contra el juez Baltasar Garzón, distingue este año el coraje judicial de la f...

Claudia Paz, por la Fiscalía General de Guatemala y el escritor y catedrático español José Luis Sampedro han sido galardonados con los premios Abogados de Atocha, que otorga anualmente la Fundación que lleva el nombre de los cinco laboralistas, asesinados en Madrid hace 35 años por pistoleros ultraderechistas. El premio, en su octava edición, calificado “como un acto contra la desmemoria” y en el que fue criticado el juicio contra el juez Baltasar Garzón, distingue este año el coraje judicial de la fiscalía guatemalteca, que fue apoyada en su día por la acción anti-genocidio acometida por el juez español.

Claudia Paz ha sentado en el banquillo a militares, policías, incluso a un jefe de Estado, Óscar Mejía Vítores, que o bien perpetraron asesinatos y agresiones reiteradas contra los Derechos Humanos o los conculcaron en el país centroamericano, donde la guerra civil se cobró 200.000 víctimas en la década de 1980-1990. Asimismo, el galardón distingue este año el valor cívico y la trayectoria de un intelectual como José Luis Sampedro, de 95 años, favorito de la juventud progresista por su compromiso con las libertades democráticas y la justicia social.

La edición de este premio coincide con la anulación de un galardón internacional semejante a éste, también denominado Abogados de Atocha, sin dotación económica alguna, que concedía anualmente desde 2002 la Junta de Castilla-La Mancha. La suspensión ha sido una de las primeras medidas adoptadas por María Dolores de Cospedal desde su acceso a la presidencia de la Junta. La anulación fue muy criticada por algunos de los participantes en el acto, en el que argumentaron que una medida de este tipo no puede ser justificada en términos de ahorro ya que no llevaba aparejada dotación monetaria alguna.

Del mismo modo, varios participantes criticaron que el cuadro El Abrazo, que inspiró el monumento a las víctimas de aquel atentado erigido en la plaza madrileña de Antón Martín, permanezca “condenado” en un sótano del Museo Nacional Reina Sofía sin ser expuesto al público. Las gestiones desplegadas desde hace una década para que sea mostrado al público de manera permanente han fracasado reiteradamente, según denunciaron. “Parece que no es políticamente correcto decir que la conquista de las libertades democráticas fue una lucha popular”, dijo Alejandro Huerta, superviviente de la matanza de Atocha.

Los galardones les fueron entregados a sendos representantes de Claudia Paz y José Luis Sampedro en un acto celebrado en el auditorio Marcelino Camacho, en la calle de Lope de Vega junto a la sede madrileña del Sindicato Comisiones Obreras, la organización sindical a la que pertenecían los laboralistas asesinados, miembros asimismo del Partido Comunista de España, cuyas sepulturas en los cementerios de Carabanchel y San Isidro recibieron visitas de recuerdo por parte familiares, sindicalistas y militantes y simpatizantes del PCE y otras organizaciones de izquierda. Junto al monumento denominado “El Abrazo”, emplazado frente al portal del bufete de abogados de Atocha, 55 asaltado entonces, se rindió homenaje a las víctimas de aquel atentado terrorista.

Entre los intervinientes tomaron la palabra Carlos Berzosa, ex Rector de la Universidad Complutense, que habló en nombre de José Luis Sampedro; Javier López, secretario general de Comisiones Obreras de Madrid; Alejandro Ruiz-Huerta , abogado superviviente de la matanza; Ana Gabriela Contreras, en nombre de la premiada guatemalteca Claudia Pérez; Raúl Cordero, de la Fundación Abogados de Atocha; Sofía Duyos, de la Fundación Paz y Solidaridad y Antonio García, abogado de Comisiones Obreras, que dirige la querella presentada contra el jefe policial que ordenó el asalto a la embajada española en Guatemala hace

35 años. Entre el público se hallaban Cayo Lara, coordinador de Izquierda Unida; Pilar Manjón, de la asociación progresista 11-m Víctimas del terrorismo, así como familiares y amigos de los abogados asesinados, además de gran número de sindicalistas y público.

Relato de un crimen de Estado

Hace exactamente 35 años, Madrid se estremeció de horror. Un comando ultraderechista provisto de pistolas Star y Browing, con conexiones en las tramas negras fascistas italianas y la red anticomunista Gladio, poco después de las diez de la noche del 24 de enero de 1977 se adentró subrepticiamente en el despacho de abogados laboralistas situado en el cuarto piso de la calle de Atocha, 55. Los letrados tramitaban gran parte de los pleitos laborales registrados en un Madrid donde los sindicatos de clase eran ilegales entonces y los partidos políticos permanecían en situación de clandestinidad desde el fin de la Guerra Civil.

Una vez en el piso del despacho de abogados, los tres miembros del comando asaltante “Hugo Sosa”, reunieron en una antesala a cuantas personas hallaron en el bufete y, a mansalva y a quemarropa, tirotearon a nueve trabajadores, en su mayoría abogados, que realizaban una reunión de coordinación al caer la tarde de aquel 24 de enero de 1977. Cinco de ellos murieron en el acto o en horas consecutivas: Francisco Javier Sauquillo; Luis Javier Benavides; Enrique Valdelvira; Serafín Holgado, todos ellos, abogados, y el sindicalista Ángel Rodríguez-Leal. Cuatro personas más, Dolores González, Miguel Sarabia, Alejandro Ruiz-Huertas y Luis Ramos, fueron heridos de extrema gravedad. Se daba la particularidad de que Dolores González, esposa de Javier Sauquillo y viuda suya, había sido previamente novia del estudiante Enrique Ruano, que murió en enero de 1970 precipitado sobre un patio desde el quinto piso de su casa durante un registro realizado allí por la policía política franquista.

La tensión política escaló entonces hasta extremos insospechados. Un gran miedo se extendió por la ciudad. El crimen, presumiblemente inducido desde los aparatos de Estado controlados aún por altos mandos franquistas -el dictador había muerto año y medio antes, el 20 de noviembre de 1975- permitía preludiar el comienzo de una oleada represiva sin precedentes. El despacho de laboralistas de Atocha fue el lugar, extremadamente sensible por el prieto nexo existente entre los abogados y los trabajadores madrileños, cuidadosamente elegido por los pistoleros para golpear a las organizaciones políticas y sindicales ilegalizadas por el régimen.

Como se supo después, se trataba de una provocación encaminada a incitar a la violencia a los sectores progresistas y en particular a la militancia obrera y estudiantil comunista. Era la coartada para desencadenar luego una represión atroz de cuño fascista y truncar así los anhelos de democracia que miles de trabajadores, estudiantes, profesionales de ambos sexos exigían pacíficamente al poder desde los tajos y las calles.

Mas el crimen fue presentado como un venganza contra el sindicato comunista Comisiones Obreras por haber denunciado a la mafia del sindicato vertical del Transporte, uno de cuyos dirigentes, Francisco Albaladejo, fue acusado y condenado a 73 años de prisión como ordenante la matanza, cuyos ejecutores, entre los que figuraban guardaespaldas del diputado Blas Piñar, líder del partido fascista Fuerza Nueva, recibieron condenas de 193 años, de las que dos de ellos cumplieron en prisión 15 años. Hoy, Fernando Lerdo de Tejada, que en 1979 escapó a Paraguay tras un permiso, y José Fernández Cerra, se encuentran en libertad: su crimen prescribió en 1997. Carlos García Juliá, el tercer pistolero, cumplía condena en Bolivia por narcotráfico.

Una gigantesca manifestación ciudadana recorrió el día después del asesinato de los letrados laboralistas las calles de Madrid en homenaje a las víctimas, pero no se desató violencia alguna. Tres meses después, el PCE era legalizado.

El cineasta Juan Antonio Bardem llevó al cine pocos meses después el filme “Siete días de enero”, un relato basado en los asesinatos del bufete de abogados de Atocha y en la escalada de la tensión golpista alentada por los llamados poderes fácticos, eufemismo bajo el cual se denominaba entonces el complejo militar-policial franquista opuesto rotundamente a la democratización y a la legalización de sindicatos y partidos reivindicada desde la calle.

Miguel Sarabia, uno de los abogados heridos en el atentado, sufrió graves lesiones durante su vida, no obstante dedicó al magisterio de los valores ciudadanos y a la asesoría de asociaciones vecinales en los barrios obreros de Villaverde, Orcasitas y Usera. Tras su muerte en 2007, le fue erigido en Usera un monolito. En las últimas fechas, el pequeño monumento se hallaba completamente embadurnado y cubierto con lemas y pinturas de organizaciones nazis, según denunciaron fuentes del sindicato Comisiones Obreras.