Concentración de afectados contra un "chiringuito hipotecario"

Una treintena de afectados por un presunto caso de estafa hipotecaria a inmigrantes se ha citado a las doce y media de esta mañana en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid para denunciar el fraude cometido, supuestamente, por el empresario español Enrique Caño. A esa hora, Caño, que fue detenido el pasado 23 de noviembre como principal imputado, declaraba frente al juez Agustín Morales en la sala de instrucción número 42.

Aida Quinatoa, presidenta de la asociación de ecuatorianos Conadee, ha explicado a las puertas de los juzgados que las hipotecas tenían “cláusulas abusivas con c...

Una treintena de afectados por un presunto caso de estafa hipotecaria a inmigrantes se ha citado a las doce y media de esta mañana en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid para denunciar el fraude cometido, supuestamente, por el empresario español Enrique Caño. A esa hora, Caño, que fue detenido el pasado 23 de noviembre como principal imputado, declaraba frente al juez Agustín Morales en la sala de instrucción número 42.

Aida Quinatoa, presidenta de la asociación de ecuatorianos Conadee, ha explicado a las puertas de los juzgados que las hipotecas tenían “cláusulas abusivas con condiciones claramente irregulares”. Los hechos sucedieron entre 2004 y 2007, en los estertores del boom del ladrillo, en Carabanchel y en otros barrios de Madrid. Durante esos años, Enrique Caño intermedió en las hipotecas de decenas de inmigrantes, que confiaron en él entre otras cosas por su forma de presentar su negocio (Caño cobraba una comisión por cada hipoteca que lograba). Su chiringuito financiero se llamaba Central Hipotecaria del Inmigrante (CHI) y su producto estrella era la Hipoteca Bienvenida. "Somos una entidad de apoyo al inmigrante y trabajamos en un programa de integración basado en la adquisición de viviendas", decía en su presentación.

Una vez que los inmigrantes se mostraban interesados en comprar una casa, Caño se ocupaba de la operación: él mediaba con la notaría, encargaba las tasaciones y organizó una red de avales cruzados: cada inmigrante debía avalar a otro antes de firmar las escrituras. Algunos se dieron cuenta de que algo no iba bien. Es el caso de Priscila Noemí Ramos y Jairo González, con tres hijos. La pareja intentó echarse atrás al ver que en su escritura figuraba una tercera persona a la que no conocían, pero entre comisiones y gastos habían comprometido 17.000 euros y siguieron adelante.

El abogado Rafael Mayoral, asesor de la asociación de ecuatorianos Conadee y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, presentó hace más de un año una denuncia en nombre de 10 familias afectadas que posteriormente ha ampliado en tres ocasiones. Mayoral está convencido de que estas operaciones no podrían haberse logrado sin la colaboración de los bancos que concedieron las hipotecas. Según la denuncia, la Central Hipotecaria del Inmigrante cerraba operaciones con la Caja de Ahorros del Mediterráneo, Caja Madrid y Caja España, a quienes el juez ha pedido información sobre sus operaciones con Caño.

Los concentrados, en su mayoría ecuatorianos, han querido también recordar una de sus principales solicitudes, que el juez ya ha denegado: la paralización de los procedimientos de ejecución hipotecaria de los afectados, que siguen su curso, y están siendo desahuciados. La presidenta de Conadee ha añadido que no están demandando nada imposible y que sus peticiones son “justas en cualquier parte del mundo”.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca y simpatizantes por su causa ha intentado esta mañana temprano evitar un nuevo desahucio, sin embargo, no lo han logrado y se ha ejecutado. Los afectados son, una vez más, una familia inmigrante, en este caso de Mali. Lamín Numké y su mujer, compraron en 2005 su piso, en Usera. No pagan la cuota de la hipoteca a Bankia desde 2009 y en 2010 se inició la ejecución hipotecaria. Tienen dos hijos, de cuatro meses y dos años.