‘Esto no existe’, de Juan Soto Ivars: un ensayo problemático que merece ser discutido

Frente a las llamadas a no leerlo, incluso a cancelarlo, Esto no existe, de Juan Soto Ivars, merece ser discutido. Su interés reside en que permite abrir, aunque no siempre invite a hacerlo, una conversación sobre un asunto que, cuando aparece en el debate público, lo hace de forma lateral o co...

Frente a las llamadas a no leerlo, incluso a cancelarlo, Esto no existe, de Juan Soto Ivars, merece ser discutido. Su interés reside en que permite abrir, aunque no siempre invite a hacerlo, una conversación sobre un asunto que, cuando aparece en el debate público, lo hace de forma lateral o como arma arrojadiza: las denuncias falsas en materia de violencia de género y, a través de ellas, los efectos colaterales de un sistema diseñado para proteger a las mujeres que puede producir daños apenas reconocidos a algunos hombres. El feminismo ha construido buena parte de su tradición crítica señalando los efectos no previstos de los sistemas jurídicos sobre las vidas concretas; precisamente por eso, lo que el libro pone sobre la mesa no debería resultarle ajeno, incluso si el modo en que lo hace se ve lastrado por algunos de los problemas aquí señalados.

Esto no existe reúne numerosos datos y estudios —y acierta al explicar las razones por las que algunos datos resultan imposibles de obtener—, además de una amplia colección de testimonios. Quedan para una evaluación especializada la selección del material disponible, las posibles imprecisiones legales o la coherencia en el grado de contraste aplicado a los distintos casos mediáticos que trata. Más allá de estas cuestiones, sin embargo, hay dos problemas generales que atraviesan el libro.

El primero es el tono. A pesar de señalar correctamente los excesos del #MeToo y la caricaturización de los hombres en ciertos discursos feministas institucionales, el texto incurre a veces en la misma retórica burda. El pasaje que equipara la abstinencia sexual descrita por algunos hombres entrevistados como forma de “castigo” por parte de sus parejas con el “sexo a la fuerza” sufrido por mujeres maltratadas es un ejemplo: una analogía conceptual y moralmente impropia entre privación y coerción que diluye la gravedad de la violencia sexual y contribuye a una imagen estereotipada de las mujeres como instrumentalizadoras del sexo, reforzada con referencias históricas a supuestos “movimientos de abstinencia” femenina empleados como forma de presión política.

El segundo problema es el método. A pesar de reconocer la fragilidad de los datos disponibles, el libro avanza a brochazos más allá de lo que autoriza la evidencia en un asunto que exige precisión y cautela argumentativa. Sirvan tres ejemplos.

Una sección titulada ‘Los muertos’ aborda el supuesto vínculo entre denuncias falsas y suicidio masculino. Después de reconocer la ausencia de datos sistemáticos, el libro afirma una “evidencia indiscutible” basada en una correlación temporal —no causal, como el propio texto admite— entre el aumento de suicidios masculinos y la entrada en vigor de la legislación sobre violencia de género. A partir de ahí, el argumento progresa mediante una cadena retóricamente sugestiva pero empíricamente débil: se vinculan picos de suicidio con edades de mayor incidencia del divorcio, se alude a la conflictividad conyugal y se introduce la hipótesis de que las denuncias falsas podrían actuar como detonante final. La falta de evidencia concluyente se suple con la acumulación de casos, anónimos y conocidos, hasta desembocar en la pregunta “¿Cuántos muertos ha provocado en España el noble intento de salvar vidas?”, que pasa de la hipótesis no demostrada a la acusación, atenuada, eso sí, por un interrogante.

Algo similar ocurre en el tratamiento del divorcio. Tras identificar correctamente los incentivos institucionales que pueden activarse en procesos de ruptura, el análisis se va deslizando hacia una sospecha generalizada con un léxico moralmente cargado: el divorcio aparece como “caldo de cultivo perfecto” para denuncias falsas por parte de “mujeres sin escrúpulos” movidas por “razones golosas”, sin que se aporten métricas que permitan evaluar la frecuencia o el alcance real del fenómeno. De nuevo, se impone la lógica de la insinuación mediante la yuxtaposición de casos y la plausibilidad narrativa: dado que los incentivos existen, su uso debe de ser significativo.

Y por último, las denuncias falsas. El conocido dato del 0,01 % responde a una noción penal muy restrictiva que deja fuera múltiples situaciones problemáticas potencialmente abusivas. Pero de esa insuficiencia no se sigue nada concluyente sobre la magnitud real del problema. En este punto, el libro alterna impresiones profesionales que arrojan porcentajes muy dispares —del 70% al 5%— sin ofrecer criterios que permitan arbitrar entre ellos, con una acumulación de testimonios individuales que arrastran todos los problemas epistémicos del hermano, yo sí te creo.

¿Esto existe? Sí. ¿En más de un 0,01% de los casos? Sí, lo reconocen incluso algunos entusiastas de la ley de violencia de género. Pero estamos lejos de saber con qué frecuencia ocurre, que es el primer paso para un diagnóstico claro del problema. Una parte del feminismo minimiza esos daños alegando que afectan a una minoría de hombres en comparación con la magnitud de la violencia que sufren las mujeres. Conviene resistirse a este argumento. En The Right to Sex, una feminista, Amia Srinivasan, recuerda cómo, en la historia estadounidense, acusaciones falsas de violación formuladas contra hombres negros bastaron para activar mecanismos legales y sociales con efectos devastadores para ellos. El ejemplo no busca una analogía apresurada —era un contexto racial y jurídico radicalmente distinto—, pero permite hacer tres apuntes para la discusión: que algunos daños pueden producirse no pese a la protección, sino a través de ella; que esos daños no desaparecen por comparación estadística con otros; y que la legitimidad de la intervención estatal no se mide solo por el daño que evita, sino también por el daño que produce.