Familiares de 124 víctimas de fentanilo adulterado en Argentina piden justicia: “Es una masacre sin precedentes”

La primera señal de alarma apareció en los pasillos de terapia intensiva. “Se están muriendo muchos”, decían en voz baja los familiares de pacientes internados en el Hospital Italiano de La Plata, unos 60 kilómetros al sur de Buenos Aires. Era principios de abril y todos temían que su ser querido fuese el próximo. La situación se repetía en otros centros médicos de todo el país, pero nadie sospechaba que esa seguidilla de muertes estaba provocada por fentanilo clínico contaminado con dos bacterias muy resistentes. Ese potente fármaco opiáceo que les inyectaban como anestésico y para calmar el dolor era el origen de severas enfermedades respiratorias que desarrollaban y terminaban por matarlos.

Seis meses después, las muertes investigadas por la Justicia ascienden ya 124 y los directivos de los dos laboratorios argentinos responsables de la producción de fentanilo están procesados y detenidos en prisión preventiva. Las familias afectadas creen que la cifra real es mucho más alta y piden a la Justicia que investigue toda la cadena de responsabilidades de una catástrofe sanitaria sin precedentes.

El jueves, en la ciudad de Rosario, la tercera más poblada de Argentina, se realizó un homenaje a los pies del Monumento de la Bandera. Un clavel blanco por cada una de las 124 víctimas. Velas encendidas. Pedidos de justicia. Carteles con la fotografía de Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios Ramallo S. A. y HLB Pharma, y, en rojo y mayúsculas, “asesino”.

“El control falló y apagaron sus vidas”, habían escrito en otra pancarta con la que recordaban las irregularidades detectadas en ambos laboratorios e ignoradas por los organismos de supervisión a lo largo de siete años. En la última inspección, realizada a fines de 2024, se detectaron “deficiencias críticas” que comprometían la calidad y seguridad de los medicamentos elaborados y ameritaban la clausura. La inhabilitación se ordenó tres meses después, cuando ya se habían distribuido más de 300.000 ampollas de fentanilo contaminadas con las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii a 118 centros médicos de todo el país.

“Fue un asesinato silencioso”, asegura la abogada Ivana Esteban, quien perdió a su madre, Ángela Campos, de 75 años, por la aplicación de fentanilo adulterado. “El número de víctimas que consta en el expediente es de 124, pero nosotros sabemos que son muchas más, hay familias que no saben. Hubo negligencia y corrupción; todo esto se podría haber evitado”, subraya. Su madre fue a la guardia del Hospital italiano de Rosario el 2 de marzo por una infección en la pierna — “Al ser diabética era peligroso, pero entró caminando, estaba bien”— y murió el 6 de abril por las complicaciones derivadas de una neumonía bilateral. “Me mataron al alma de la familia. Mi mamá no era mi mamá solamente. Era abuela, era esposa, era hermana, era tía. Es injusto que haya perdido la vida por una negligencia, no lo podemos permitir”, dice al borde de las lágrimas. Cuando se repone, pide visibilizar lo que ocurrió para que se haga justicia y que no se vuelva a repetir.

Las historias de muchos de los familiares tienen puntos en común, como la desesperación por no entender a qué se debía la aparición de enfermedades respiratorias que agravaban de golpe el cuadro médico inicial de los pacientes. “Pedí hablar con la directora, le pedí que revisaran el tratamiento porque algo estaba pasando, pero no sabía qué”, recuerda Esteban. “En los pasillos de la terapia todos los días veíamos cómo alguien salía llorando”, continúa. A la hora en que entregaban los partes médicos, se amontonaban las preguntas, pero las respuestas que recibían eran esquivas: “Preguntábamos ¿qué tiene? y nos decían que una bacteria. ¿Pero qué bacteria? ¿No tiene nombre? ¿Y los antibióticos no hacen efecto? ¿Por qué no hay mejoría?”.

Los médicos de La Plata encontraron dónde estaba el problema después de un brote de Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii que mató a 18 pacientes en pocos días. Descubrieron la presencia de ambos patógenos en el lote 31202 de fentanilo e informaron a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) el 7 de mayo. Este organismo regulador emitió una alerta para frenar el uso de ese lote en todo el territorio nacional. A la semana siguiente ordenó recuperar todas las ampollas adulteradas que ya habían sido distribuidas de ese y de un segundo lote. En paralelo, arrancó una investigación judicial.

En la ciudad de La Plata dejó de aplicarse de inmediato, pero no así en otros puntos del país, donde los familiares denuncian que se usó hasta junio. Ana Belén Salazar, de 38 años, falleció el 12 de mayo en el Hospital Italiano de Rosario, cuando ya regía la alerta de la Anmat. Pasó 40 días en terapia intensiva. “Le pusieron esa anestesia hasta el último día”, asegura su madre, Ana María Carranza. “Probaron con cuatro o cinco antibióticos diferentes y ninguno funcionó. Me decían que tenía una infección, pero no me decían qué la causaba. Con la infección levantaba fiebre y tenía convulsiones. Nos mataron a la princesa de la familia”, lamenta esta madre, a la que acompaña en silencio su marido. “Él me dice: pará, no llores tanto, te vas a enfermar, pero es lo único que puedo hacer, porque no lo puedo creer. Si hubiese sido por una enfermedad, me conformaría, pero que me la matasen no, quiero que paguen los que la mataron”, continúa.

Al recibir el acta de defunción, la mayoría de las 124 familias diezmadas volvieron a sus hogares con el corazón roto. Ninguna sabía que detrás de esas muertes había un analgésico elaborado sin seguir los estándares de calidad vigentes. Se enteraron por televisión, al escuchar los primeros casos y ver que coincidían con la experiencia que acababan de atravesar. Comenzaron a investigar. A intercambiar mensajes. A reunirse entre ellos. A hablar con abogados. Descubrieron que existía una lista de víctimas potenciales en manos de la Fiscalía y al llamar les confirmaron que el nombre de su ser querido estaba allí.

“Fue un shock porque nadie nos dijo nada”, afirma Gisela Amin. “Nunca nos llamaron desde el hospital para decirnos nada, ni las autoridades sanitarias, ni la justicia, nadie. Si no llegamos a ver el caso del fentanilo en el noticiero creo que nos hubiéramos quedado con la incertidumbre, porque nosotros nos entendíamos cómo pudo morir en diez días por una falla multiorgánica si cuando la trajimos a la guardia solo tenía una molestia en el oído que decía que le sacaba el apetito, ella estaba bien”, continúa esta mujer, la mayor de cinco hermanos, todos presentes en la concentración de Rosario.

Su madre, Elia Inés Ruiz, de 75 años, quedó internada para que le hicieran algunos estudios complementarios porque experimentaba mareos y tenía anemia. El 2 de mayo se descompensó y la subieron a terapia intensiva. Falleció el día 10. Gisela imprimió una foto que le sacó a su madre la última vez que visitó su casa, en la ciudad de Gobernador Gálvez, en la periferia sur de Rosario. La muestra a cámara como forma de recordarla, y, a la vez, pedir que se haga justicia.

Hasta 25 años de cárcel

La causa judicial está en manos del juez Ernesto Kreplak, de la ciudad de La Plata. Hasta el momento hay 16 procesados por el presunto delito de adulteración de sustancias medicinales que provocó la muerte de al menos 20 personas, en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, lo que agrava la acusación. “Nos encontramos frente a un caso de criminalidad compleja que involucra a un número elevado de víctimas y un conglomerado empresarial organizado”, señaló la fiscal María Laura Roteta en su dictamen. Los máximos responsables de los laboratorios y su personal técnico jerárquico están acusados de conocer las graves deficiencias de producción y se enfrentan a penas de hasta 25 años de cárcel.

Se trata de una causa judicial muy compleja, con víctimas en distintas provincias. Las familias quieren extender la investigación a los organismos de control y algunos piden renuncias políticas en un Gobierno que promueve la desregulación y ha recortado fondos y personal en la Anmat.

El Congreso creó una comisión de investigación para escuchar a las víctimas, analizar qué falló y ver qué normativas pueden impedir que Argentina sufra un caso similar en el futuro. “Estamos viendo qué cuestiones de trazabilidad, de alertas tempranas, de garantías de calidad y mecanismos de control podemos mejorar y también qué responsabilidades administrativas y políticas hubo tanto en la Anmat como en el Ministerio de Salud”, dice la presidenta de la Comisión, la diputada socialista y bioquímica Mónica Fein. “A diferencia de lo que dice el Gobierno nacional, que plantea que no es necesaria la regulación, este hecho, que ojalá no hubiera pasado, demuestra la importancia que tiene el Estado como regulador y controlador”, agrega Fein. La diputada recuerda que la Anmat se creó en 1992 tras la muerte de 21 personas por haber ingerido un tónico de propóleo tóxico y desde entonces no se había registrado un episodio letal de semejante magnitud.

Las familias piden a la sociedad argentina que las acompañe. “Queremos visibilizar lo ocurrido para que todos seamos conscientes de esta masacre sin precedentes”, dice Luis Ayala, padre del docente Leonel Ayala, de 32 años, fallecido en La Plata. “Que se sepa que hubo una manga de negligentes, de asesinos, y que nosotros no vamos a parar hasta que se sepa toda la verdad”. Esperan que los culpables reciban una condena ejemplar.