El peronista Kicillof sufre un revés político tras la pérdida de una inversión multimillonaria en gas para Buenos Aires

La mayor inversión privada de la historia reciente de Argentina avanza sumida en un pulso político entre el presidente, Javier Milei, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el opositor Axel Kicillof. La petrolera nacional YPF y la malaya Petronas anunciaron este miércoles que construirán su planta de gas licuado en la provincia de Río Negro y no en la de Buenos Aires, la primera opción que habían barajado, por ser “la locación más ventajosa”. La decisión supone un duro revés para Kicillof y, por el contrario, un triunfo para Milei en la primera batalla que libra el presidente contra su principal rival político.

Kicillof ha hecho lo posible por presentar la decisión como un “capricho ideológico” de Milei, al que ha acusado de “no soportar haber perdido las elecciones en la provincia” de Buenos Aires y de “castigar a quien no está de acuerdo con él”. A diferencia de Buenos Aires, las autoridades rionegrinas son afines al líder ultraderechista. “Por más que YPF sea una empresa de orden privado, los directivos son funcionarios de Milei y lo que observamos es que tomaron decisiones dictadas por el presidente”, dijo Kicillof en una comparecencia pública tras conocerse que la planta de gas licuado se instalará en la zona rionegrina de Sierra Grande en vez de en la bonaerense Bahía Blanca. El Estado argentino posee el 51% de las acciones de YPF tras la expropiación realizada en 2012 a la española Repsol, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

Las empresas implicadas optaron por expresarse a través de un comunicado conjunto. En él aseguraron que la decisión no se tomó por afinidad política sino tras evaluar “todas las variables técnicas, económicas, ambientales, geográficas, fiscales y regulatorias” que ofrecían ambos destinos.

Una inversión de 30.000 millones de dólares

El proyecto Argentina LNG supone una inversión cercana a los 30.000 millones de dólares para la licuefacción de gas destinado a la exportación hacia mercados internacionales. Comprende desde la producción de gas en la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, su transporte hasta la planta de procesamiento y su industrialización. La capacidad de producción final prevista es de 30 millones de toneladas al año, lo que situaría a Argentina entre los principales productores mundiales.

“La zona de Sierra Grande aparece como mejor opción por la menor longitud de los gasoductos necesarios para transportar el gas desde Vaca Muerta”, fue uno de los argumentos citados por YPF y Petronas. Las petroleras destacaron también que posee una mayor profundidad marina, lo que reduciría la necesidad de dragado para lograr el calado suficiente para los buques transportadores de gas y las bajas interferencias de este proyecto con otras actividades sociales y económicas.

El último punto mencionado por las empresas fue “las condiciones regulatorias y fiscales necesarias para el desarrollo del proyecto”. Se trata del principal motivo de disputa entre las provincias de Río Negro y Buenos Aires en las últimas semanas ya que hace referencia, sin hacerlo explícito, al generoso Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) aprobado por el Congreso argentino. Mientras la provincia patagónica fue la primera en adherir a este régimen, Buenos Aires lo rechazó e intentó impulsar uno alternativo. Al negarse a abrazar el símbolo del modelo económico libertario, Kicillof ayudó a decantar la moneda hacia Río Negro. El RIGI garantiza a YPF y Petronas enormes beneficios fiscales, jurídicos y cambiarios por 30 años.

La oposición ha arremetido contra el gobernador bonaerense por considerar que ha sido culpa suya el cambio de ubicación del proyecto. “Arruinó a los bahienses con sus decisiones estúpidas”, lo atacó el diputado macrista Cristian Ritondo. El libertario José Luis Espert acusó a Kicillof de gobernar la provincia “con anteojeras ideológicas” y de “hacer desastres, como perder una mega inversión al no adherir al RIGI”. Al margen de la pelea política, el proyecto tiene un gran potencial de desarrollo económico para el país latinoamericano.

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