La justicia argentina sale al rescate de un primo del expresidente Macri

En la Argentina el resultado natural de las cosas es la impunidad. No somos el único país con tan triste derrotero, pero aquí hemos logrado llevar el baile a otro nivel. Al menos doce multinacionales admitieron en Estados Unidos que han pagado sobornos en nuestro país. ¿Cuántas de ellas registran condenas en nuestros tribunales? Cero. ¿Un ejemplo? Siemens reconoció en Munich y en Washington las tropelías que perpetró en Buenos Aires, pero aquí sigue impune. ¿Un ejemplo más reciente? Odebrecht confesó en Brasil que pagó sobornos a funcionarios argentinos, pero siguen indemnes. ¿El último ejemplo? Ángelo Calcaterra. Y no, una eventual ampliación de la Corte Suprema no revertirá el problema. Puede acentuarlo.

Primo del otrora presidente Mauricio Macri, Calcaterra era dueño de una empresa constructora. Como tal, debió lidiar con los vicios de los funcionarios argentinos de las últimas décadas. El que no le pidió que aportara a una campaña electoral, le pidió sobornos. Y esto consta en documentos oficiales o lo admitió el propio Calcaterra, que aun así se benefició de una decisión judicial sobre la que llueven todo tipo de críticas, pero que reafirma el postulado inicial: en Argentina reina la impunidad.

Para explicarlo, debemos volver a 2018. Agosto, para ser exactos, cuando el periodista Diego Cabot reveló la existencia de unos cuadernos atribuidos a un chofer del entonces número dos del Ministerio de Planificación Federal que acumulaban precisiones sobre las visitas a empresarios y constructores para recoger bolsos repletos de dinero. Y no, no era para donaciones a la Madre Teresa.

El escándalo fue inmediato y aumentó a medida que múltiples acusados se acogieron al régimen del “arrepentido” y detallaron sobornos y cartelización con ribetes que por momentos resultaban casi pornográficos. Pero no todos confesaron. Algunos negaron siempre –y hasta hoy- lo que aparecía sobre ellos en esos cuadernos. Pero la mayoría optó por admitir sus crímenes para obtener así una condena más baja.

El problema, claro, es que estamos en Argentina. Recordemos, pues, el postulado inicial. En este país, como en tantos otros, el resultado natural de las cosas es la impunidad. Eso explica que el presidente Javier Milei haya postulado para la Corte Suprema al juez federal que registra peores índices de efectividad cuando se trata de investigar al poder político o económico. Y que ahora, al vislumbrar que el Senado acaso no apruebe el pliego de Lijo, el Gobierno evalúe ampliar el número de integrantes de la Corte para entrar en un toma y daca con los partidos opositores: votos a favor de Lijo a cambio de una silla en el tribunal. Más “casta”, difícil.

Porque el resultado natural de las cosas en la Argentina es la impunidad, también van a cumplirse seis años desde que estalló el escándalo, docenas de involucrados que confesaron sus pecados, pero el caso Cuadernos registra cero condenas. Peor aún, todavía ignoramos, incluso, cuando podría comenzar el juicio oral, mientras que la fiscal del caso acusa por “retardo de Justicia” a los miembros del tribunal a cargo.

La palabra “retardo” esconde, apenas solapado, uno de los factores que todo abogado sabe decisivo en las lides tribunalicias. ¿Cuál? El factor tiempo. Porque cuando un defensor sabe que su cliente es culpable, que está hasta el cuello y que tiene todas las de perder si se dicta sentencia, lo que debe evitar a toda costa es que haya una sentencia. ¿Cómo? Apelando a todas las herramientas procesales disponibles hasta lograr que el expediente se cierre por la violación de la garantía de ser juzgado en un plazo razonable o por prescripción, como puede ocurrir en estos días con el caso Oil, otro escándalo vergonzoso.

Al menos por ahora, sin embargo, Calcaterra se benefició de otra variante. Aunque figuraba ya entre los protagonistas del caso Cuadernos que algún día debería afrontar el juicio oral, logró que otro tribunal –la Cámara Federal de Casación Penal- concluyera que en realidad él no debe ser juzgado por el pago de sobornos, sino por el aporte en negro a la campaña electoral del kirchnerismo, infracción que tiene una pena prevista mucho más baja.

Al tomar esa decisión, a la Casación no le importó que el propio Calcaterra haya confesado que sí, que pagó sobornos, según consta en un acta que firmó ante el juez instructor del caso Cuadernos, Claudio Bonadío, el 5 de septiembre de 2019. Tampoco le importó que Calcaterra figurara en 2007 como uno de los mayores aportantes, en blanco, a la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, lo que plantea una duda lógica: ¿Por qué Calcaterra aportaría en negro a una campaña kirchnerista cuando antes no tuvo prurito en figurar como uno de los mayores aportantes en blanco a la campaña de la máxima antagonista de su primo?

Por supuesto, llueven ahora los cuestionamientos al fallo de la Casación. Incluso el tribunal al que le reprochan que retarda el inicio del juicio oral lamentó las “interferencias funcionales extrañas a la buena administración de justicia”, mientras que un fiscal pidió anular la decisión de la Casación y la unidad antilavado oficial –que es querellante en el proceso- la apeló y anunció que está dispuesto a llegar hasta la Corte Suprema, si es necesario.

Más allá de eso, Calcaterra tiene por delante al menos dos senderos y ambos le reportan beneficios. Puede, por un lado, que la acusación en su contra quede como una mera cuestión de aportes electorales en negro. O que se retrotraiga a la más gravosa confesión del pago de un soborno. Pero en ese caso, el primo de Macri habrá ganado tiempo y dilatado la sentencia, en un país donde el resultado natural de las cosas es…

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