La Corte Suprema argentina confirma la extradición a Chile del líder mapuche Facundo Jones Huala

La Corte Suprema de Argentina ha confirmado este martes la extradición a Chile del líder mapuche Facundo Jones Huala. El hombre, de 37 años y nacido en Argentina, fue condenado por la justicia chilena a nueve años de cárcel por el ataque incendiario en un fundo de la región de Los Ríos, en el sur de Chile, y por la portación de armas de fuego. Tras obtener la libertad condicional en 2022, estuvo prófugo hasta que fue detenido en enero en el sur de Argentina. La justicia aprobó la extradición del líder mapuche en agosto, pero la defensa de Jones Huala apeló el fallo. La Corte Suprema ha determinado ahora que el dirigente deberá cumplir “el remanente de la pena”, que es de un año, cuatro meses y 17 días, en Chile, según indica la sentencia.

Jones Huala fue hallado culpable en 2018 de haber incendiado junto a otros tres hombres la casa de los cuidadores de una explotación agrícola en la localidad chilena de Río Bueno en 2013. El dirigente fue condenado por el Tribunal de Garantía de Valdivia a seis años de cárcel por el delito de incendio y a tres años por la tenencia ilegal de un “arma de fuego de fabricación artesana”. En enero de 2022 le fue concedida la libertad condicional, pero menos de un mes después la decisión fue revocada por su “incomparecencia” ante la justicia chilena.

El dirigente mapuche cruzó la cordillera y estuvo prófugo hasta el pasado enero, cuando la policía provincial de Río Negro, una provincia del sur de Argentina, lo encontró en una casa y lo trasladó a una comisaría. El Gobierno de Gabriel Boric pidió entonces la extradición del dirigente mapuche. “Por supuesto que nos interesa que no haya impunidad, por lo tanto queremos que sea extraditado para que cumpla la condena que corresponda”, sostuvo en ese momento el subsecretario del Interior chileno, el socialista Manuel Monsalve. En agosto, cuando la justicia argentina decidió acoger la solicitud chilena y extraditar a Huala, la Fiscalía de Chile se mostró conforme con la determinación y manifestó su esperanza de que la Suprema argentina resolviera a la “brevedad posible”.

La defensa del activista ha defendido que Huala sufre una “persecución ilegítima”. El activista está acusado de liderar el grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) –que ha sido considerada como una organización hija de la chilena CAM–, al que se atribuyen ataques a propiedades en ambos lados de la frontera. Ya había sido detenido por primera vez en Argentina en 2017 y extraditado a Chile un año después. En ese momento, dijo a EL PAÍS: “Estoy preso por ser un militante y un símbolo de la resistencia de mi pueblo, por haber expresado lo que piensan miles de mapuche y de otras comunidades. Estamos cansados de la opresión, el despojo de sacarnos las tierras y que nos maten y nos detengan cuando quieren. Mi grito de resistencia generó cierta esperanza en la gente que se empezó a movilizar para recuperar sus tierras”.

En Argentina, Huala se dio a conocer por encabezar la ocupación mapuche de 500 hectáreas de las más de 900.000 que el empresario italiano Luciano Benetton posee en la Patagonia. El conflicto en la Patagonia genera constantes conflictos, muchos de ellos violentos, por el reclamo de tierras que hacen las comunidades originarias amparadas en la Constitución. La Carta Magna argentina fue reformada en 1994 para reconocer “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos” y “la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan”. La disputa se concentra en un amplio territorio que abarca buena parte de las posesiones que tiene en el sur argentino el empresario italiano, pero se extiende también hasta Chile.

Tras el pronunciamiento de la Corte Suprema que concedió la extradición a Chile, el caso de Jones Huala debe pasar a la cancillería argentina, pues es el Ejecutivo el que, dentro un plazo, puede denegarla o concederla.

Si es concedida, un equipo de la policía chilena debe viajar a Argentina para trasladar a Jones Huala y entregarlo a las autoridades locales para que termine de cumplir su condena. Antes de fugarse, cumplía una pena en la cárcel de Temuco, una ciudad al sur del país ubicada a unos 690 kilómetros de Santiago.

El Estado chileno enfrenta múltiples desafíos en La Araucanía y en las regiones vecinas, conocida como la Macrozona Sur. Es un lugar donde convergen conflictos diversos. Por una parte, la demanda histórica del pueblo mapuche sobre todo por tierras, que ha tomado una vía violenta desde 1997 con los primeros atentados de la CAM. Por otra parte, sin embargo, se han cruzado fenómenos como el robo de madera, el narcotráfico, las organizaciones criminales y el nacimiento de nuevas agrupaciones con un perfil todavía más temerarios. Es un problema profundo que los gobiernos de Chile, de diferentes signos, no han podido controlar, pese a los esfuerzos.

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