La Justicia argentina procesa por estafa a un falso hijo de desaparecidos de la dictadura

La justicia argentina sospecha que Adrián Martínez Moreira es un impostor serial. Se presenta como hijo de paraguayos secuestrados por un comando policial del dictador Alfredo Stroessner. Bajo esa identidad ha logrado engañar durante años tanto al Estado argentino como a víctimas reales del régimen militar que gobernó el país entre 1976 y 1983. Este miércoles, Martínez Moreira fue procesado como presunto jefe de una asociación ilícita destinada a falsificar pruebas en juicios por crímenes de lesa humanidad en busca de un beneficio económico. Pesan sobre él y sobre otras cuatro personas los cargos de falso testimonio, estafa y fraude a la administración pública por 62 hechos. La Secretaría de Derechos Humanos de Argentina, querellante en la causa, asegura que los hechos son muchos más y que de ser hallados culpables, les corresponde una pena de prisión efectiva.

“Su verdadero nombre es Matías Ezequiel López y nació en 1993″, dice sobre el cabecilla de la banda el director nacional de Asuntos Jurídicos de la citada secretaría, Federico Efrón. Según su DNI, en cambio, se llama Adrián Martínez Moreira y nació en 1986. “No puede ser que alguien invente hechos, que invente víctimas y que intente cobrar una reparación económica que no le corresponde. Vamos a intentar llevarlo a juicio”, afirma Efrón.

El director de Asuntos Jurídicos revela que se trata de una investigación muy difícil por la naturaleza misma de la dictadura, que actuó en la clandestinidad para garantizarse la impunidad e impedir que se supiese qué pasó con los secuestrados. “En ese espacio gris él metió información falsa”, sostiene. Entre las evidencias aportadas hay constancias de juzgados federales falsificadas y declaraciones de víctimas reales adulteradas con nombres ficticios.

Una de estas declaraciones fue la que permitió a los investigadores empezar a tirar del hilo. Martínez Moreira testificó en la causa sobre el Plan Cóndor en 2013. Para sustentar su relato, inventó una declaración de Adriana Calvo, sobreviviente de un centro clandestino de detención cuyo desgarrador testimonio en el Juicio de las Juntas se popularizó en la película Argentina, 1985. Moreira dijo que Calvo había dado el testimonio que ahora citaba ante la justicia alemana en 1999, pero era falso. La mentira no se supo hasta mucho después, porque Calvo en ese momento ya había fallecido.

“Empezaron a surgir dudas y cuestiones que no eran claras. En la Secretaría encontramos en distintos expedientes de leyes reparatorias un patrón que era común: involucraba a un abogado que aparecía firmando todo y no sólo expedientes sino amparos por mora”, señala Efrón.

Todas las fuentes consultadas se muestran sorprendidas por la gran habilidad de Martínez Moreira para engañar y ganarse la confianza de sus interlocutores. En 2014, consiguió que un juez civil le otorgase la identidad que reclamaba como suya en tanto que hijo de militantes paraguayos desaparecido sin necesidad de presentar una prueba de ADN. Según el relato convalidado por la justicia en ese momento, sus padres fueron secuestrados en 1988 y él, con dos años, fue apropiado por un militar argentino.

Una investigación posterior llevada a cabo por la Unidad especializada para casos de apropiación de niños contradijo esta versión. Los datos que había proporcionado eran falsos, los años no coincidían y hasta encontraron a su hermana biológica, pero Martínez Moreira se opuso a hacerse una prueba genética que habría enterrado de forma definitiva la farsa. Aún desenmascarado, su actitud se mantuvo igual.

Pistas falsas

“Lo más preocupante es que se contactaba hasta hace poco con familiares diciendo que tenía información. Tiene una gran capacidad de penetración y le hizo daño a mucha gente”, dice una fuente judicial que pide mantener el anonimato. Ante la esperanza de obtener alguna pista que aportase información sobre sus seres queridos, los familiares de desaparecidos le abrían las puertas de sus casas y generaban lazos afectivos con él.

Otras víctimas de la dictadura llegaron a él cuando buscaban ayuda legal. Fue el caso de Mario Bellene, hijo de dos militantes que fueron secuestrados en abril de 1977 y trasladados al centro clandestino de detención Mansión Seré: Mario Valerio Sánchez y de María Margarita Miguens. A su madre, embarazada de él, la liberaron dos días antes de que diese a luz; su padre continúa desaparecido.

En 2010 Bellene presentó su expediente ante la Justicia para cobrar la pensión reparatoria para hijos de desaparecidos. Ante la lentitud del trámite, pasados unos años empezó a buscar abogados para ver cómo se podía acelerar. Su consulta en un grupo de Facebook fue respondida por Omar García, otro de los procesados en la causa, que le dijo que lo contactaría el abogado Adrián Martínez Moreira. “Me llamó Adrián y dijo que me conocía porque había sido querellante en la causa de mis viejos (padres) por la Secretaría de Derechos Humanos. Yo no lo registraba, pero me comentaba tantas cosas que sólo están en el expediente que no me quedaba ninguna duda de que lo que decía era cierto, que me estaba hablando una persona de la Secretaría”, recuerda sobre ese contacto inicial.

Sin embargo, al investigar sobre él descubrió que tenía denuncias y que se había hecho pasar por hijo de desaparecidos. Preocupado, puso sobre aviso a otros compañeros y dio una nota en la que relataba lo ocurrido. “A los tres o cuatro días de la nota, Moreira me hizo una denuncia diciendo que yo me hacía pasar por hijo de desaparecidos y que presentaba documentación falsa para cobrar la reparatoria. Me preocupé muchísimo, hizo que hasta mi compañera, con la que llevaba tres meses, dudase de mí”, continúa antes de confesar que llegó a pensar en el suicidio. Este miércoles ha celebrado la noticia de su procesamiento. “Sentí una alegría terrible. La causa contra mí ya está cerrada, pero esta gente sigue intentando estafar a compañeros”, advierte.

“Parte de su forma de trabajar es que frente a la persona que lo denuncia él hace una contradenuncia para denunciar a quien lo ataca”, confirma Efrón, “es su modus operandi para amedrentar”. El director de asuntos jurídicos de la Secretaría de Derechos Humanos pone como ejemplo la denuncia por acoso sexual que puso contra un abogado a quien le había falsificado la firma “más de 50 veces” o la que realizó contra una víctima de lesa humanidad que también le plantó cara.

Efrón cuenta que es la primera vez que la Secretaría se enfrenta a un caso similar, pero asegura que no dudarán en actuar igual en caso de aparecer nuevos estafadores que por intentar conseguir beneficios que no les corresponden comprometan la legitimidad de una política de Estado.

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