Argentina aprueba la ‘ley Lucio’ contra la violencia y el abuso infantil

En noviembre de 2021, el argentino Lucio Dupuy, de cinco años, murió asesinado a golpes. Año y medio después, la Justicia condenó a cadena perpetua a su madre, Magdalena Espósito Valenti, al considerarla culpable de haber matado a Dupuy, y a su novia, Abigail Páez, por el mismo delito y también el de abuso sexual. La sociedad argentina se mostró indignada al conocerse que ninguna institución detectó a tiempo la violencia que ambas ejercieron contra el niño. Con la Ley Lucio aprobada por unanimidad este jueves en el Senado, Argentina quiere evitar que eso vuelva a repetirse. La normativa busca prevenir la violencia y abuso en la infancia a través de capacitaciones, campañas de concienciación y mayor presupuesto.

“¡Vamos!¡Se hizo justicia!”, gritó Ramón Dupuy, abuelo paterno del menor asesinado, en medio de los aplausos del hemiciclo después de que la iniciativa parlamentaria se convirtiese en ley.

“La violencia de nuestras infancias atraviesa toda la sociedad y nos interpela a quienes tenemos responsabilidades institucionales y políticas”, señaló el senador Daniel Bensusán en representación del oficialista Frente de Todos. Bensuán, representante de la provincia central de La Pampa donde fue asesinado Dupuy, subrayó la importancia de legislar sobre este tema para que “se dejen de meter bajo la alfombra [este tipo de hechos]”.

La opositora María Belén Tapia, senadora por Santa Cruz de Juntos por el Cambio (oposición), agradeció la presencia en la Cámara Alta del abuelo del menor asesinado, Ramón Dupuy, y aseguró que es un ejemplo por sacar “fuerzas de donde tal vez no sabía que las tenía” al exigir justicia por el asesinato de su nieto.

La ley contempla la creación de un plan federal de capacitación de carácter continuo y obligatorio en derechos de niños, niñas y adolescentes dirigido a todas las personas que desempeñen la función pública en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La capacitación puede extenderse a administraciones provinciales y municipales y también a organizaciones sociales, deportivas, recreativas y culturales.

Otro de los ejes centrales de la normativa es la protección de aquellos que denuncien casos de violencia y/o abuso infantil ya que obliga a garantizar “la reserva de identidad del denunciante y la protección de su integridad”. Este punto es clave para que personal de instituciones educativas o centros de salud que detecten indicios de maltrato puedan dar la voz de alerta sin miedo a las consecuencias de la familia.

Cinco ingresos en urgencias

Dupuy fue asesinado el 26 de noviembre de 2021, pero las palizas comenzaron mucho antes sin que ningún organismo público interviniese para frenarlas. Entre diciembre de 2020 y marzo de 2021, el niño fue llevado a urgencias en cinco ocasiones en distintos centros médicos por la fractura de una muñeca, traumatismos en los dedos y un corte en la barbilla. Su frágil cuerpo no resistió los últimos golpes. Falleció por una hemorragia interna y politraumatismos causados por los golpes, entre ellos una fractura de cráneo y dos costillas rotas. La autopsia reveló también marcas de quemaduras, mordidas y signos de abuso.

Tras la muerte de Dupuy, la jueza que entregó la tenencia a Espósito Valenti fue denunciada por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” al no haber visto las señales de maltrato que presentaba el niño. El padre, Cristian Dupuy, había denunciado que su hijo sufría violencia física y psicológica, pero aún así la jueza entregó la custodia a la madre. La familia paterna también cuestionó a los médicos que lo atendieron en urgencias y al jardín de infantes al que asistía.

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