La retirada de un querellante clave da aire a Cristina Kirchner en un juicio por corrupción

Los problemas judiciales de Cristina Fernández de Kirchner quedan aplazados al menos hasta agosto. La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió este lunes la absolución de la expresidenta argentina en la causa Vialidad al considerar que no están demostrados los delitos de presunto fraude y asociación ilícita que se le imputan. La UIF, el organismo antilavado de activos que depende del Ejecutivo argentino, sostuvo que la responsabilidad de las irregularidades detectadas en la obra pública de la provincia de Santa Cruz recaen tan sólo en altos cargos provinciales, contra los que pidieron penas de un año de cárcel.

“Las hipótesis delictivas por las que fueron llevados a debate no se acreditaron”, dijo el abogado de la UIF Alejandro Irachet en el primer día de alegatos del juicio, al exculpar también, entre otros, al exministro de Planificación Federal Julio de Vido, al exsecretario de Obras Públicas José López y al empresario Lázaro Báez, principal beneficiario de las adjudicaciones de obra pública en Santa Cruz durante los doce años de kirchnerismo (2003-2015). Para Irachet, las acusaciones contra ellos son “actos políticos no justiciables”.

Según la UIF, el único delito acreditado en la causa es el incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos de varios responsables provinciales que no controlaron las obras adjudicadas a la empresa de Báez, Austral Construcciones. Los abogados del organismo advirtieron además que los delitos que se les imputan pueden haber prescrito.

La UIF tenía tres días para exponer sus alegatos ante el Tribunal Oral Federal 2, pero resumió su postura en menos de tres horas en una audiencia pública celebrada por videoconferencia. La actual vicepresidenta estuvo conectada desde su oficina del Senado argentino. La decisión de la UIF de dejarla fuera de la acusación se suma a la de la Oficina Anticorrupción, que fue querellante en la causa hasta el mes pasado, cuando decidió renunciar.

Queda sólo por conocerse el alegato del fiscal federal Diego Luciani. El letrado mantiene bajo reserva su estrategia en el único juicio en curso contra Fernández de Kirchner por presunta corrupción y se desconoce si pedirá penas de cárcel o no contra ella. En una breve intervención, este lunes el fiscal se limitó a anticipar que hará uso de las nueve jornadas autorizadas para su alegato y por ese motivo pidió aplazarlo hasta el 1 de agosto, cuando se reanude el curso judicial tras las dos semanas de receso invernal a finales de este mes.

Fernández de Kirchner está acusada de liderar una supuesta asociación ilícita que benefició a Báez con contratos millonarios que le permitieron enriquecerse en muy poco tiempo gracias a un sistema de sobreprecios. Según la acusación, el expresidente Néstor Kirchner, primero, y después ella cuando lo sucedió en el cargo colocaron en puestos decisivos a personas que participaron de esa maniobra de corrupción tanto en la adjudicación como en la ejecución de las obras. Cerca de medio centenar de licitaciones realizadas en la provincia de Santa Cruz, cuna de los Kirchner, están bajo sospecha.

Báez fue condenado el año pasado a 12 años de prisión por blanquear 55 millones de dólares entre 2003 y 2015, la pena más alta impuesta por este delito en Argentina. El tribunal le impuso además una multa récord de 480 millones de dólares.

Fernández de Kirchner estuvo también imputada en las causas Hotesur y Los Sauces, en las que se investigaba una supuesta estrategia de Báez para devolver a los Kirchner parte del dinero que habría recibido de forma fraudulena. La vicepresidenta fue sobreseída en ambas causas, pero el fallo está bajo revisión de la Cámara de Casación.

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