Argentina limita el acceso a dólares para el pago de importaciones

Argentina anunció este lunes medidas para limitar el uso de dólares para pagar importaciones. Acorralado por la falta de divisas, el Gobierno decidió destinar lo poco que le queda para cubrir la compra de gas en el exterior, una factura que se cancela al contado y que ha duplicado su monto desde enero, producto de la guerra en Ucrania. Las empresas que quieran importar bienes suntuarios o no estratégicos ya no podrán golpear la puerta del Banco Central y tendrán que conseguir en el circuito comercial, según el esquema presentado por el ministro de Economía, Martín Guzmán. Hace poco más de una semana, la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, había criticado lo que llamó “un festival de importaciones” que impedía la acumulación de reservas internacionales.

En Argentina escasean los dólares. Y la importación de energía hace estragos en los balances oficiales. En junio del año pasado, la cuenta del gas importado fue de 800 millones de dólares, contra los 2.000 que el Gobierno pagó durante este mes que termina. El ministro Guzmán dijo este lunes que si se suman todas las compras desde enero la cifra es de 4.600 millones de dólares, un 205% más que en el mismo periodo del año anterior. Por eso decidió cerrar el grifo.

“Estamos adaptando aspectos de política del comercio exterior”, explicó Guzmán. Según el nuevo esquema, las empresas solo dispondrán de divisas para importar por el equivalente al monto de importaciones de 2021 más un 5%; el resto deberá financiarse con crédito a 180 días. “Pero se flexibiliza el acceso inmediato a divisas para las pymes, empresas que hayan importado hasta un millón de dólares. Antes tenían acceso de hasta el 105% de lo que habían importado el año pasado y el resto tenían que financiarlo con crédito. Ahora pueden acceder hasta el 115%. Aquellos que no son prioritarios, bienes suntuarios como aviones o autos de lujo, no tendrán acceso directo”, dijo Guzmán.

El Gobierno atendió así a una demanda de Cristina Kirchner, que había denunciado que los dólares se iban en la compra de bienes no productivos. El Gobierno del presidente Alberto Fernández asumió el reclamo y tomó medidas. La brecha entre el dólar oficial y el que rige en el mercado negro está en la base del problema. Mientras los ahorristas deben pagar cerca de 230 pesos por dólar, los importadores compran la divisa al Banco Central a razón de 130 pesos. La diferencia es semilla de todo tipo de medidas especulativas. El Gobierno decidió entonces obligar a las empresas a conseguir la mayor parte de esos dólares en el mercado comercial, donde los valores de venta acercan al del mercado informal, y destinar sus reservas a la compra de energía, la cuenta que más lastra las cuentas fiscales.

El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, dijo que espera que la cuenta de la energía se mantendrá alta al menos “hasta octubre, cuando se empiecen a moderar las necesidades de importación” con la llegada de los calores del verano. Por eso las restricciones regirán hasta e 30 de septiembre. “Esperamos que esto tenga un impacto en el orden de los 1.000 millones de dólares. Eso nos permitiría mejorar la balanza cambiaria y aumentar la posibilidad de acumular reservas”, dijo Pesce.

El mercado recibió las restricciones con un salto de seis pesos en el tipo de cambio en el mercado no oficial, hasta los 232 pesos por dólar, un 12% más que en el arranque del mes de junio. La cifra es la más alta desde la salida de la convertibilidad del peso por el dólar, en enero de 2002. También subió el riesgo país hasta los 2434 puntos, un 1,3% más que en la víspera y un 43,3% más que en enero. El riesgo país mide el diferencial de tasa que debe pagar Argentina con respecto a los bonos de EE UU si intentase financiarse en dólares el exterior.

Hubo también críticas desde la industria, que ve que las restricciones afectarán la compra de insumos para la producción en momentos en que la economía despega tras el parón de la pandemia. “No se trata de cualquier importación, sino las especificas que hacen a la continuidad del proceso productivo industrial”, se quejó Daniel Funes de Rioja, presidente de la poderosa Unión Industrial Argentina (UIA). Por la tarde, el Banco Central reveló en un comunicado que su presidente, Miguel Ángel Pesce, se había reunido con Funes de Rioja para limar asperezas. La cita terminó con la conformación de una mesa de diálogo “para mejorar la regulación sobre el pago de las importaciones”.

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