Ortega y Murillo refuerzan su dominio total sobre los empleados públicos con una declaración patrimonial obligatoria

Abigail lleva 28 años trabajando como doctora en el Ministerio de Salud (Minsa). Ha vivido “tantos cambios administrativos” durante todo ese tiempo que “ya no recuerda ni cuántos han sido”. Pero el ultimátum que recibió hace una semana la dejó “en shock”: José Humberto Murillo Aguilar, director general de Recursos Humanos del sistema de salud público, le daba hasta este 25 de noviembre de 2025 para que presente ante la Controlaría General de la República (CGR) una declaración patrimonial a fondo, desde sus propiedades, vehículos, cuentas bancarias y préstamos.

“Y no sólo eso, también debemos declarar los bienes y cuentas bancarias de los cónyuges y los bienes a nombre de los hijos menores de edad. Es un afán de tenerlos controlados por todos lados”, lamenta la médica, quien pide anonimato para evitar represalias por parte del régimen copresidencial de Daniel Ortega y Rosario Murillo. “Pero así estamos en Nicaragua, ¿qué podemos hacer? Nada. Si uno reclama pierde el trabajo o termina en la cárcel… Toca ceder”, agrega Abigail, resignada.

Esta doctora del Minsa estaba esquivando reportarle al aparato gubernamental a las órdenes de los dos caudillos autoritarios su patrimonio, después que en febrero pasado la Administración sandinista girara una circular que obliga a todos los trabajadores estatales a reportar sus patrimonios personales. Eso, a pesar de que la Ley 438 o de Probidad de los Servidores Públicos establece esa obligación sólo para “empleados de alto rango que tengan a su cargo la administración de un patrimonio público, o la recepción, el control o fiscalización de los ingresos públicos cualquiera fuera su naturaleza u origen”. La normativa, en vigencia desde 2002, establece en su artículo 20 que “todo servidor público del Estado debe rendir cuenta de sus bienes antes de asumir el cargo y después de entregarlo”.

“Pero yo, que soy una simple doctora general, ¿qué gran patrimonio puedo tener, más que lo ganado a pulso durante todos estos años de sacrificio, desvelo y entrega al Minsa?”, dice Abigail en conversación con EL PAÍS. Bajo esa lógica, la doctora se negó a informar sobre su patrimonio, cuyo valor principal es la casa donde habita con su familia, y cuya hipoteca terminó de pagar hace apenas un par de años junto con su esposo.

El diario Confidencial fue el primero en informar sobre esta circular obligatoria sobre el patrimonio de los empleados estatales. De acuerdo con la publicación, una buena cantidad de trabajadores estaban evitando informar sobre sus patrimonios personales. Ante eso, las instituciones emitieron este ultimátum que deja sin posibilidad de esquivar más la orden emanada desde la copresidencia Ortega-Murillo.

“Mire, se lo voy a decir claro, el trabajador público es rehén de este sistema. Lo que pasa es que vivimos amenazados y no podemos protestar. O sea, ya nos tienen vigilados día y noche, ahora nos espían las comunicaciones, nos obligan a participar en actos partidarios y no basta… Ahora quieren saber qué tenemos para que el día que nos quieran purgar sabrán que nos pueden quitar, confiscar”, plantea Abigail.

Un reporte de patrimonio explícito

La circular original es explícita en cuanto lo que los empleados públicos deben reportar. A los trabajadores se les asignó un usuario y una contraseña para ingresar al sitio web de la Contraloría, junto con instrucciones detalladas sobre la información que debían proporcionar: sus propios datos, los de sus cónyuges y los bienes registrados a nombre de sus hijos menores de edad.

En cuanto a las propiedades, se les exigía incluir el número de registro, folio y tomo de los títulos donde estuvieran inscritas, además de los datos de cualquier vehículo que poseyeran. También debían reportar todos los números de cuentas bancarias —incluida la cuenta de planilla— y los números de referencia de los préstamos que mantuvieran vigentes.

Aunque la circular no indica alguna sanción por no declarar el patrimonio, Abigail lo da por descontado: “Desobedecer acarrea castigo”, continúa la doctora, muy indignada por el ultimátum. “Quien se oponga se pone automáticamente un rótulo de opositor en la frente y todos sabemos que implica”, agrega.

Según el exfuncionario judicial Yader Morazán, la declaración patrimonial generalizada se incorpora a la “ficha de militante” que llenan todos los adeptos al sandinismo, convirtiéndose en otra herramienta de “espionaje” y “represión” utilizada por el régimen para vigilar a su propio funcionariado. Una labor de vigilancia que realizan los Consejos de Liderazgo Sandinistas (CLS) en las instituciones, es decir una especie de órgano partidario vigilante de conductas que se consideren contrarias a los Ortega-Murillo.

Morazán recuerda que, desde finales de 2023, el régimen obligó a todos los trabajadores del Estado y a los militantes del Frente Sandinista a completar una “ficha única de registro” que solicitaba información personal y de contacto, así como datos sobre familiares fallecidos, un nivel de intromisión que muchos consideraron excesivo.

Ese formulario también exigía detallar todas las cuentas en redes sociales —Facebook, Twitter (hoy X), Instagram y TikTok—, además de registrar el historial laboral de los últimos cinco empleos y los antecedentes académicos y de formación. Para Morazán, esta nueva exigencia se integra en una estrategia más amplia: “Esta última fase de la represión está sustentada en los bienes. El régimen ha perseguido los bienes de las oenegés, los disidentes políticos y opositores. Ahora amenazan a los empleados públicos con que, cualquier movimiento en falso, van tras tus bienes o los de tu familia”, puntualiza el jurista en el exilio.