Bolivia, ante el reto de un nuevo modelo de desarrollo sin gas

Bolivia fue entre 2012 y 2014 el país sudamericano con las mayores reservas internacionales en relación con su PIB. Hoy, el Banco Mundial pronostica que solo Venezuela tendrá un crecimiento económico más lento que Bolivia en los próximos años. La bonanza de aquellos viejos tiempos se debió a los ingresos por la exportación de gas. Pero las malas políticas y la falta de inversión terminaron por diezmar el recurso. El gran reto para el futuro presidente, que se elegirá este domingo, es encontrar un modelo para aliviar la peor crisis monetaria en 25 años.

Los candidatos Jorge Tuto Quiroga, de Alianza Libre, y Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), coinciden en sustituir las divisas de la exportación de gas por las de otras materias primas, sobre todo del sector agrícola y ganadero. Además, proponen cambiar la ley de hidrocarburos para fomentar la inversión extranjera, en una vuelta al esquema liberal de la década de 1990. El investigador Mirko Orgaz, autor del libro Nacionalización, historia y poder del petróleo (Cima, 2025), dice que ambos aspirantes siguen la línea de hacer socios mayoritarios a las transnacionales: “Echarán todo el proceso de nacionalización por tierra”.

En su libro La guerra del gas, Orgaz relata cómo se generó un malestar social por la manera en que se gestionaba la producción y comercialización del carburante. La revuelta popular sostenía la bandera de “gas para los bolivianos”. Fue justamente Tuto Quiroga, quien ya gobernó Bolivia entre 2001 y 2002, el diseñador del plan para exportar el carburante a Estados Unidos a través de Chile. “Atentaba contra la memoria histórica del pueblo boliviano con Chile y las condiciones económicas eran muy malas. De los 3,40 dólares por barril que pagaban los estadounidenses, apenas llegaba uno a Bolivia”. El descontento estalló cuando, en el segundo gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (2003), se bajaron las tributaciones de las explotadoras extranjeras del 50% al 18%.

Los conflictos dejaron alrededor de 60 muertos, pero se logró la Ley 3058 de 2005, que renegoció con las privadas el excedente de la producción de gas para los bolivianos, expandió el consumo de gas domiciliario y propuso la industrialización hidrocarburífera. Es en este último punto, según Orgaz, que el proyecto nacionalizador se desvirtuó en los siguientes gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS), a pesar de ser una fuerza decisiva en la movilización. “Se cedió el control operativo de los campos a las empresas transnacionales, lo que al final redundó en que las empresas exploten intensamente y no desarrollen nuevos pozos. Entre 2006 y 2019 se invirtió 70% en explotación y 30% en exploración. Ahí se explica esta crisis energética”.

Bolivia pasó de tener 16,8 trillones de pies cúbicos de gas (TCF, en inglés) en 2009 a 4,5 TCF en diciembre de 2023. En 2014, el país recibió por exportación de gas natural 6.011 millones de dólares; en 2024, solo 2.050 millones. Los campos se han secado y, a pesar de que el presidente, Luis Arce, anunció en 2021 un plan de reactivación para perforar nuevos pozos y reactivar otros, el proceso es largo.

Para el economista Ricardo Fernández, es arriesgado apostar todo al gas para aliviar la crisis. “Lo que sí da resultados más seguros es invertir en ‘lo que habilita todo lo demás’, es decir, carreteras, electricidad confiable y buena conexión digital. Eso baja costos para todas las actividades y atrae inversión privada”.

Los bolivianos esperan con urgencia las soluciones del próximo Ejecutivo. El Banco Mundial prevé un decrecimiento del PIB hasta 2027, un escenario totalmente contrario al de años anteriores, cuando en 2021 aumentó más del 6%. Además, el Fondo Monetario Internacional anunció en su último informe que Bolivia será la cuarta economía con más inflación de Latinoamérica, detrás de Venezuela, Argentina y Haití.

Como el ingreso de divisas dependía de la venta del gas, el Gobierno debe apelar ahora a sus reservas internacionales para abastecer el mercado interno, a razón de 60 millones de dólares semanales.

Tuto Quiroga asegura que la salida rápida para conseguir dólares está en la producción agropecuaria, por lo que propone levantar los límites de exportación. “Este es el sector que puede ayudarnos a recuperar. Todo el resto tenemos que cambiarlo. Es el único que está listo para empezar a generar exportaciones desde el primer día”. Sin embargo, para Fernández primero se debe ordenar la logística interna, antes de simplificar las normas: “Caminos transitables todo el año, energía estable y pasos fronterizos ágiles. Sin eso, el productor gasta de más, pierde tiempo y calidad”.

Orgaz concuerda en que el agro no es la salida rápida:“La soja, producto estrella del agro, apenas produce 1.300 millones de dólares al año”. Por eso apunta a la producción minera. Bolivia exportó en 2023 cerca de 6.000 millones de dólares en minerales como oro, plata, zinc o estaño. “Lo que nos mantiene con vida en el debate público son los 2.500 millones de dólares que explotan los extractivistas mineros del oro y no aportan nada al Estado. La minería no hay que desarrollarla, ya está ahí”.

La solución a corto plazo de Fernández para obtener divisas también incluye al sector minero, a través de un periodo de tiempo especial en el que estos, al igual que los ganaderos, entreguen dólares a cambio de combustible. “Solo un Impuesto al Valor del Suelo podría obligarlos a cambiar dólares por bolivianos, u obligarlos, por pocas semanas, a recibir combustible a cambio de dólares; ya no se bancarizan ni informan de sus ingresos”. Ninguno de los candidatos ha mencionado alguna de estas alternativas. Sí hablan de una nueva ley de minería, pero para bajar impuestos y otorgar concesiones a privados.

El plan de “salvataje” de Tuto consiste en inyectar 12.000 millones de dólares a través de organismos internacionales. No obstante, la experiencia ha demostrado que estos paquetes, cuando vienen con condiciones muy duras, empeoran la desigualdad. “Pedir dinero de afuera no arregla el problema si ese dinero financia el mismo plan que recorta en seco. Es probable que en uno o dos años ya se haya usado la deuda”, asegura Fernández. Paz, por su parte, habla de usar 3.500 millones que dice están aprobados en la Asamblea y recortar el gasto público.“Para que esto funcione, tiene que usar los recursos en infraestructura civil, que baja costos y genera empleo, y proteger a quienes más sentirán el ajuste”.