La principal asociación de periodistas de El Salvador se va al exilio

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), principal gremio del país, anunció el cierre de sus operaciones y su exilio forzado ante el creciente hostigamiento a la prensa bajo el Gobierno de Nayib Bukele. Así lo ha confirmado a El PAÍS su presidente, Sergio Arauz. Su salida marca un precedente histórico: por primera vez desde su fundación en 1936, la asociación traslada su personería jurídica fuera del país El hecho ocurre tras el exilio de otros 43 periodistas este año, consecuencia de la escalada autoritaria.

En los últimos años, la APES se volvió un actor incómodo para la Administración de Bukele al denunciar de forma constante los ataques contra la prensa y la libertad de expresión. En su informe más reciente, registró 789 agresiones en 2024, la cifra más alta de la última década. La mayoría, según el documento, provenientes de agentes estatales: policías, soldados, funcionarios públicos e incluso del propio presidente.

La asociación señaló que la entrada en vigor de la Ley de Agentes Extranjeros, el 4 de septiembre, fue el golpe final que la obligó al exilio. La ley obliga a registrar a toda organización o persona que reciba fondos del exterior para actividades consideradas “políticas”, les arrebata el 30% de esos ingresos y entrega a un funcionario el poder absoluto de decidir quién puede trabajar legalmente en el país. El pasado 16 de septiembre, la APES anunció que cerraría todas sus operaciones en el país y no se someterá a dicho mecanismo de control.

Otro obstáculo para la APES ha sido la negativa del Gobierno de Bukele a renovar sus credenciales. Aunque presentó la documentación en regla, el Ministerio de Gobernación no ha resuelto el trámite desde agosto pasado. “Nos han puesto distintas trabas y ninguna de peso, es más un tema de voluntad”, le dice Arauz a este periódico.

El presidente de APES afirmó que, pese a su salida, la asociación seguirá defendiendo el derecho de los periodistas que aún ejercen en el país centroamericano bajo amenaza. “Todos los colegas de El Salvador, de todo el ecosistema, están trabajando con una espada de Damocles invisible y muy presente en su día a día: midiendo el tono de su voz y su pensamiento para evitar represalias”, señaló.

La libertad de prensa en El Salvador atraviesa uno de sus peores momentos en lo que va del siglo. De acuerdo con el Índice Mundial de Libertad de Expresión 2025, publicado por Reporteros Sin Fronteras, el país se encuentra en el puesto 135 de 180, cayendo dos escalones más que el año pasado, y situándose incluso por debajo de Haití.

“Los medios de comunicación se encuentran entre las víctimas de la violencia generalizada de El Salvador. Los medios de comunicación veraces son acosados y los periodistas que cubren temas de seguridad y las pandillas son criminalizados”, dice el informe de RSF.

Desde su llegada al poder, el Gobierno de Bukele ha atacado a los medios de comunicación que han señalado casos de corrupción y de autoritarismo en su Gobierno, acusándolos de ser una herramienta de injerencia externa sin presentar evidencias. En los últimos años, los ataques a la prensa han escalado hasta el punto de acusarlos sin pruebas de delitos como lavado de dinero o vínculos con las pandillas, lo que ha puesto en riesgo la libertad de algunos periodistas.

“Un periodista exiliado cada día”

Entre mayo y junio, decenas de periodistas y activistas de derechos humanos en El Salvador recibieron información sobre una supuesta “lista negra” con nombres de personas a ser capturadas en las siguientes semanas. El último informe de la APES, presentado este miércoles, también señala dicha lista como uno de los detonantes del exilio. Según el documento, al menos 19 de los 43 periodistas exiliados huyeron luego de saberse en ese supuesto documento.

En su informe La curva del silencio, la APES señala que 31 de los 43 periodistas que salieron de El Salvador para resguardar su integridad física lo hicieron en el mes de mayo, “a razón de prácticamente uno cada día”, dice el documento. Muchos de ellos fueron y siguen siendo apoyados por la asociación en su proceso de exilio.

El reporte señala que la mayoría de periodistas exiliados entre abril y junio tiene entre 30 y 40 años. Se trata, en su mayoría, de profesionales con más de una década de experiencia y carreras ya consolidadas en los medios.

“La salida masiva de periodistas rompió con cualquier estadística de décadas anteriores, dibujando una curva incremental que, por el momento, sigue sin aplanarse. Una curva llena de silencios y dolor”, dice el documento. A eso, Arauz añadió que, en la actualidad, “cualquier persona e institución que trabaja en defensa de derechos humanos y periodismo en El Salvador corre riesgo de ser criminalizado por no ser parte del coro de aplausos que exige el Gobierno”.

Paralelo al exilio de periodistas, un número aún no determinado de críticos y defensores de derechos humanos se han visto obligados a huir de El Salvador gobernado por Bukele. El 17 de julio, la organización Cristosal anunció su exilio luego de que una de sus directivas, Ruth López, fuera capturada en condiciones que han sido cuestionadas por diversos organismos internacionales de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Al igual que López, otros cuatro activistas y abogados han sido capturados luego de criticar o cuestionar al gobierno. Todos han sido procesados bajo el régimen de excepción, una medida impuesta por el gobierno con el pretexto de combatir únicamente a las pandillas, pero usado también con fines políticos.