El verdadero coste del oro: un nuevo proyecto minero reaviva un viejo conflicto en República Dominicana

EL PAÍS ofrece en abierto la sección América Futura por su aporte informativo diario y global sobre desarrollo sostenible. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí.

Solo hizo falta una semana de 2025 para que se reactivara un viejo conflicto en República Dominicana con la minera canadiense Barrick Gold. El pasado 8 de enero, un grupo de campesinos y líderes comunitarios de la comunidad El Naranjo intentó detener el paso de camiones que transportaban maquinaria pesada para la construcción de un nuevo depósito de relaves en la zona de Las Tres Bocas, en la provincia de Sánchez Ramírez de República Dominicana. El proyecto, que promete modernizar las operaciones de Pueblo Viejo, una de las mayores minas de oro del mundo, y extender su vida útil hasta 2040, para algunos vecinos de las comunidades afectados “representa reubicación forzosa, compensaciones insuficientes, riesgos ambientales y, sobre todo, una amenaza a su modo de vida”, de acuerdo con el líder comunitario Ramón Ventura, miembro del Comité Nuevo Renacer de Cotuí.

“Nosotros no nos oponemos a que construyan su presa de colas, pero que nos paguen lo justo. Yo compré estos terrenos por 148.000 pesos dominicanos (2.408 dólares) y ellos están ofreciendo 40.000 pesos (651 dólares) por hectárea”, reclama Isidro Coronado, de 45 años, nacido y criado en El Naranjo, donde se originaron los recientes enfrentamientos, y quien fue herido en el pie izquierdo por perdigones en una protesta. El hombre camina con paso ligero y apoyado en muletas a su vivienda de madera sin pintar, ubicada en un terreno de 360 metros cuadrados, donde tiene sembrada agricultura de subsistencia y un corral con 60 aves.

El conflicto surge a raíz de las diferencias en el proceso de negociación por los criterios que la empresa canadiense ha establecido para poner el precio a las tierras, propiedades y nueve productos agrícolas plantados en la zona que requiere para su expansión, así como por el número de familias que propone reasentar y las dimensiones de las casas donde serían reubicados los habitantes de las comunidades impactadas: El Naranjo, Higo, El Rayo, Arroyo Vuelta, Lajas y Las Tres Bocas.

Según Juana Barceló, presidenta de Barrick Gold Pueblo Viejo en la República Dominicana, inicialmente se estimó que 850 familias necesitaban ser reubicadas, pero esta cifra se redujo a 653. En junio del año pasado, la empresa recibió quejas de la comunidad sobre las familias que habían sido excluidas del proceso. “Revisamos casos de residentes descartados por llegar tras la fecha de corte y, tras analizar imágenes satelitales, validamos algunas reclamaciones. A quienes calificaron se les asignó una casa, y quienes no, recibirán compensación por sus bienes, según la matriz establecida”, puntualiza.

Para la familia Manzueta, el reasentamiento supone la separación. De ocho hermanos con 700 hectáreas heredadas, solo cuatro recibirán casas en el nuevo asentamiento. “Nos llaman invasores, pero ¿cómo somos invasores si tenemos los títulos de nuestras casas y tierras?”, cuestiona Pantaleona Manzueta, de 64 años.

Tanto la transnacional minera como el Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana han defendido la intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en El Naranjo como una medida para garantizar el libre tránsito, como indica el artículo 46 de la Constitución dominicana. Según ambas entidades, el operativo buscaba asegurar el acceso a un área donde “se llevaban a cabo estudios, la cual estaba bloqueada desde hace seis meses, impidiendo el paso tanto de los equipos técnicos como de cualquier otra persona”.

El ambientalista y activista Eduardo Acevedo rechaza estas justificaciones. Explica que el artículo 46 está subordinado al artículo 42, que protege la integridad física, psíquica y moral de las personas, garantiza el derecho a vivir sin violencia y obliga al Estado a defender ante cualquier amenaza que atente contra ello. “En caso de conflicto entre derechos, es el Tribunal Constitucional quien debe interpretar y resolver estos casos”, enfatiza.

“El cacao es nuestro oro, es el oro de Cotuí”

Otro punto de controversia gira en torno al precio de nueve de los 82 productos agrícolas cultivados en la región, recogidos en las negociaciones, con especial énfasis en el cacao, el principal rubro de la producción agrícola local y eje central de la economía de la zona.

“La compensación ofrecida incluye el valor del terreno, entre 30.000 y 44.000 pesos dominicanos (400-600 dólares) por hectárea, dependiendo de su ubicación, además del valor de los cultivos o construcciones existentes, calculado con estándares internacionales de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés). Un terreno con 70 plantas de cacao podría recibir entre 190.000 y 200.000 pesos (aproximadamente 3,200 dólares)”, detalla Barceló, quien lleva vinculada a Barrick Gold Pueblo Viejo desde 2003, primero como consultora legal, luego como directora del área jurídica en 2009, y finalmente como presidenta desde 2018.

Pero el ambientalista independiente Acevedo cuestiona la elección del estándar IFC citado por Barrick Gold, argumentando que éste favorece más a las empresas que a las comunidades impactadas. En su lugar, propone adoptar los Estándares Ambientales y Sociales (EAS) del Banco Mundial, que considera más adecuados para casos de grandes transnacionales como las mineras. “Los EAS no solo abordan los precios de mercado, sino que también incluyen factores críticos como las cosechas perdidas y el lucro cesante, fundamentales en reubicaciones involuntarias”, destaca.

Para Rumaldo Rosario, de 80 años, propietario de 50 héctareas plantadas de cacao orgánico, que exporta a la Unión Europea, “el precio que ofrecen por un árbol de cacao no es justo”. “Para poder exportar a Europa tenemos que cumplir estándares muy exigentes que nos eleva el precio de la producción”. El cacao es nuestro oro, es el oro de Cotuí”, exclama indignado y explica: “Una planta de cacao puede dar entre 15 y 30 mazorcas, que maduran cada 15 días. En cada cosecha se llena una cubeta de 20 kilos. Si el kilo se paga a un promedio de 240 pesos dominicanos (3,91 dólares), cada planta debería valer unos 4.800 pesos (78,12 dólares). Pero ellos quieren pagar solo $2,000 (32,61 dólares)” .

¿Desarrollo o desastre ambiental?

Barrick Gold adquirió los derechos del proyecto Pueblo Viejo, ubicado en Cotuí, en 2006, tras comprar la participación de Placer Dome, la empresa que inició las operaciones en la mina. Sin embargo, no fue hasta 2013 que comenzó a operar, luego de años de ajustes al Contrato Especial de Arrendamiento Minero (CEAM), firmado originalmente en 2002. El contrato ha sido renegociado dos veces debido a críticas por los bajos beneficios que obtenía el país. En 2013, bajo el Gobierno del entonces presidente Danilo Medina, se enmendó el acuerdo para aumentar los ingresos estatales del 3% al 5%, revirtiendo un esquema inicial en el que Barrick recibía el 97% de las ganancias.

En 2022, el presidente Luis Abinader emitió un decreto que declaró de utilidad pública terrenos en las provincias Sánchez Ramírez y Monseñor Noel, cediendo 31 millones de metros cuadrados para la expansión de las operaciones de Barrick Gold. Esta medida ha generado críticas de sectores preocupados por los posibles impactos ambientales y la violación a los derechos de las comunidades locales.

El contrato entre Barrick Gold y el Estado dominicano tiene una enmienda que establece que el Estado asume, a su costo, la responsabilidad de reparar los daños ambientales previos. Para el biólogo e investigador Luis Carvajal, el contrato transfiere al Estado toda responsabilidad civil, penal y ambiental derivada de las operaciones de la minera, liberándola de cualquier compromiso, incluso tras el cierre de sus actividades. Esto, puntualiza, “no solo representa una estafa económica, sino también una amenaza para las comunidades locales y el medio ambiente, al priorizar los intereses privados por encima del bienestar colectivo y la sostenibilidad del país”.

Steven H. Emerman, consultor internacional en minería, advierte, además, sobre los riesgos “catastróficos” que podría generar la construcción de una presa de colas por parte de Barrick Gold Pueblo Viejo. Según un informe que presentó en 2023, cada kilo de oro extraído dejaría tres millones de kilos de desechos tóxicos. Como solución, propone utilizar depósitos en tajos abiertos para almacenar los residuos, una práctica que Barrick Gold ya emplea en otras operaciones y que considera “más segura”.

Pero la presidenta de Barrick Gold Pueblo Viejo considera la construcción de la nueva presa de colas necesaria, siempre que se realice de manera responsable. Y lamenta que Emerman nunca consultó directamente a la empresa extractora para hacer su estudio y que su propuesta de usar los tajos como depósito de colas implicaría detener las operaciones y cerrar la mina, lo que tendría graves consecuencias económicas y sociales, como la pérdida de casi 3.000 empleos e ingresos fiscales de 2.600 millones desde 2012 a la actualidad.

Mientras República Dominicana se debate entre el desarrollo económico y la conservación ambiental, el agricultor Juan Abreu, que nació y creció en El Rayo, lamenta que su producción ha bajado debido a la contaminación ocasionada por la mina. Al hombre, que vive rodeado de 90 tareas plantadas de cacao y siembra agricultura de subsistencia en las 125 hectáreas que heredó junto a sus nueve hermanos, solo le separan del depósito de relaves un muro y el arroyo El Naranjo, que asegura que se ha vuelto ocre por los residuos de la mina. “Antes mis plantas producían hasta 30 mazorcas, ahora no llegan ni a la mitad. Se secan en cuanto brotan”, denuncia. Y rechaza cualquier plan para ser reubicado en otro lugar. “¡De aquí no me saca nadie para meterme en una caja de concreto!”, exclama.

Por ahora, las negociaciones han avanzado con el compromiso de revisar las normas sobre el reasentamiento de los campesinos de Cotuí. Sin embargo, las comunidades siguen mostrando escepticismo y realizaron otra protesta pacífica multitudinaria contra la minera el pasado 22 de enero. Exigen acciones concretas que garanticen sus derechos y el cuidado ambiental. La tensión persiste mientras el proyecto avanza, dejando abierta la interrogante sobre el verdadero costo del oro para la región y su gente.