El fallo del Consejo Nacional Electoral contra Ricardo Roa pone a Ecopetrol bajo presión

Ha sido una pésima semana para el Gobierno de Gustavo Petro. A los escándalos de infiltración por parte de las disidencias de alias Calarcá en altas esferas del Estado, se suma la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de sancionar la campaña presidencial del primer presidente de izquierdas de Colombia por violar los topes de financiación en más de 5.300 millones de pesos (1,4 millones de dólares). La decisión, inédita en la historia política del país, no afecta directamente al mandatario por su fuero presidencial, pero sí sacude a uno de sus aliados más cercanos: Ricardo Roa, gerente de aquella campaña de 2022 y hoy presidente de Ecopetrol, la empresa más grande de Colombia.

Roa deberá responder, junto con la tesorera Lucy Aidee Mogollón y la auditora María Lucy Soto, por una multa de unos 6.000 millones de pesos. Aunque la sanción es administrativa, no judicial y menos penal, abre un frente que trasciende lo político y puede golpear la reputación de la petrolera. “Si la cabeza está cuestionada, todo el sistema se cae desde allí”, advierte Liliana Gutiérrez, gerente de Lemaître Consultores, firma experta en cumplimiento empresarial. Más porque el CNE compulsará copias de su expediente a la Fiscalía para que investigue penalmente la conducta del ingeniero Roa.

Natalia Name, directora ejecutiva de NNR Estudio Legal, coincide en que el caso pone en jaque la gobernanza corporativa de la compañía de propiedad mixta: “No tiene antecedente que el miembro de campaña cuestionado sea presidente de una de las empresas más poderosas del país”, dice a este diario. Y recuerda que la sanción puede derivar en procesos penales si se comprueban falsedades documentales. “La Junta Directiva debe evaluar la permanencia de Roa por razones de credibilidad. En el sector privado, ante una persona con una decisión legal en su contra, la junta debe dar justificaciones muy estructuradas para su continuidad”, añade, y menciona el caso de la multinacional Nestlé, que despidió a su CEO, Laurent Freixe, por una relación romántica no declarada con una subordinada directa.

En medio de la tormenta, Blu Radio reveló este jueves que el presidente habló con Roa tras conocer la decisión del CNE, antes incluso de que se le notificara formalmente al ejecutivo de Ecopetrol. El contacto, según la emisora, ocurrió mientras la compañía analizaba salidas jurídicas y la Junta Directiva se preparaba para una reunión ordinaria que desarrolló en la tarde y la noche. La sanción no es un hecho menor, y se da cuando ya había un debate sobre la politización de la empresa, la gobernanza corporativa y la confianza de inversionistas. La situación es delicada desde que renunció en octubre a la junta su presidenta, Mónica de Greiff, pues estaba en desacuerdo con la orientación estratégica que el Gobierno busca imprimirle a Ecopetrol, especialmente por la insistencia en comprar la empresa Monómeros y en importar gas desde Venezuela.

Name advierte que la Junta —donde el Gobierno controla siete de los nueve asientos gracias a que tiene el 88,49% de participación accionarial— debe decidir si mantener un presidente sancionado compromete la credibilidad y los objetivos estratégicos de Ecopetrol. “Lo normal”, añade la experta, “es que se haga un estudio desde el programa de ética y cumplimiento regulatorio”. Las dos expertas consultadas coinciden en que lo deseable es que la junta aparte a Roa del cargo, pero lo ven improbable. “Es un mensaje que el Gobierno no ha querido dar” dice Gutiérrez, en referencia a los ruidos que ya ha enfrentado el presidente. Entre otros, Roa ha sido señalado por interceptaciones ilegales en Ecopetrol, contratos millonarios cuestionados y la compra de un apartamento en Bogotá a una persona del sector y por un valor mucho menor del comercial.

Los inversores, por ahora, sortean el vendaval: los títulos de la compañía en Nueva York subieron un 2,2% este jueves. Este año, el valor avanza casi un 25% en Nueva York, mientras que en la Bolsa de Valores de Colombia se anota un 10%. Eso pese a que el precio del petróleo Brent ha caído casi un 16% en los mercados internacionales por el exceso de oferta que ha definido el poderoso gremio de países petroleros, la OPEP, lo que afecta las perspectivas a medio y largo plazo. Ese precio ya resiente las utilidades de la compañía, que se han reducido un 29,8% en el tercer trimestre de este año (hasta los 2,56 billones de pesos, unos 678 millones de dólares), y acumulan 7,5 billones de pesos (1.988 millones de dólares) entre enero y septiembre, un 32% menos que en el mismo periodo de 2024.

Además, la compañía arrastra una deuda consolidada cercana a los 29.000 millones de dólares, tras la integración con ISA y el aumento del apalancamiento en los últimos años, y su calificación crediticia fue rebajada por Standard & Poor’s en junio de este año. A ese complejo panorama se suman retos estratégicos, como el papel de la compañía más grande de Colombia en la transición energética que promueve Petro y en el manejo de un creciente déficit de gas en el país. Si, ante este complejo panorama, la junta entiende que Roa es indispensable y decide mantenerlo, “deberá dar justificaciones muy estructuradas y muy fuertes”, culmina Name.