La Defensoría del Pueblo confirma la muerte de seis menores en un bombardeo militar en Guaviare
Ante esa posibilidad, el presidente Gustavo Petro había dicho que él asumía “ese gran riesgo”
La mañana de este sábado inicia con una noticia triste para Colombia. La Defensoría del Pueblo, entidad encargada de velar por los Derechos Humanos, ha confirmado lo que hasta ahora era solo una posibilidad: seis menores de edad murieron en un bombardeo militar ocurrido esta semana en el selvático departamento del Guaviare. Eran víctima de reclutamiento forzado, ha dicho la cabeza de la institución, Iris Marín. Con esa información se confirma que el presidente Gustavo Petro, que ha retomado los ataques aéreos contra campamentos de grupos ilegales que había suspendido al llegar al poder en 2022, ha dado la instrucción de ejercer hechos de fuerza que, según expertos, violan varios principios del derecho internacional humanitario (DIH) y que son calcados a las operaciones que el actual presidente y sus aliados de la izquierda habían criticado fuertemente cuando los realizó su antecesor, el expresidente de derechas Iván Duque.
Una vez se confirmó la noticia, el presidente justificó su decisión argumentando que los hombres de las disidencias de Iván Mordisco hubieran podido emboscar a 20 soldados jóvenes que estaban al frente, a pocos kilómetros. “Quizás hoy la crítica que me harían es porque deje emboscar a los soldados. Tomé, a riesgo, la decisión de salvarles la vida. Es fácil teñir de rojo los mapas, es difícil reconocer los riesgos de recuperar territorio”, escribió Petro en su trino. “Claro que es lamentable toda muerte de personas y más de menores de edad”, añadió.
Las Fuerzas Militares realizaron esta semana dos bombardeos aéreos contra cuarteles de grupos de las llamadas disidencias de las FARC que están bajos las órdenes de Gregorio Vera, mejor conocido por su alias de Iván Mordisco, uno en Arauca, cerca de Venezuela, y el segundo en Guaviare. En el segundo, la posterior operación terrestre llevó a que los militares encontraran a cuatro menos de edad que habían sobrevivido al ataque, lo que despertó la preocupación de que entre los 19 muertos por las bombas hubiera varios menores de edad. Tanto Petro como su ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, reaccionaron y asumieron que era una posibilidad, una que Marín revela que es la realidad.
“Ningún niño, niña o adolescente reclutado debería resultar afectado por operaciones militares. El simple hecho de que en los campamentos de los grupos armados ilegales se encuentren y hayan perdido el estatus de civil y convertido en combatientes, es decir, con funciones continuas de combate, no habilita la posibilidad de un ataque”, dice Marín en su comunicado, en el que también señala a Mordisco de usar a los menores como escudos de guerra.
El presidente aseguró el jueves, durante la ceremonia de la Policía, que los bombardeos “siempre tienen un riesgo” y que, si la inteligencia falla, “puede caer sobre personas menores de edad”. “Ese es el gran riesgo que solo el presidente asume. No lo asume ningún oficial. Soy yo el que toma la decisión”, sostuvo. Su ministro, entre tanto, fue más lejos: “Quien se involucra en las hostilidades pierde toda protección, sin distinción alguna. Lo que mata no es la edad, es el arma en sí”, dijo en declaraciones a medios este viernes. Son posturas en abierto contraste con lo que denunciaba Petro como senador opositor de Duque, cuando afirmaba que la muerte de menores en ataques aéreos eran “crímenes de guerra” y “asesinatos de niños”.
Expertos consultados por este diario antes de conocer el anuncio de Marín, no dudaron en calificar cualquier muerte de un menor como una violación del DIH, el conjunto de reglas de conflictos a los que Colombia se ha acogido como una obligación internacional. Esas reglas obligan al Estado a aplicar principios como el de distinción -separación entre agentes armados y civiles- o proporcionalidad -debe responder a una amenaza con un uso de fuerza similar-, que podrían haber sido violados en este caso. Los menores combatientes, además, suelen ser víctimas de reclutamiento forzado, o ser engañados para engrosar las filas de los grupos ilegales colombianos, que suman ya varios años en permanente crecimiento y fortalecimiento.
Aunque los ataques aéreos son una muestra de poderío estatal, también señalan la necesidad de recurrir a estrategias más propias de combate contra ejércitos regulares, concentrados en cuarteles y claramente identificados como combatientes, que contra bandas criminales como las que priman hoy en Colombia, más miméticas, menos jerárquicas y que muchas veces viven en lugares poblados, no en bases armadas.
La confirmación de la muerte de seis niños, niñas y adolescentes en el bombardeo del Guaviare deja a Petro en una situación incómoda. Él ha criticado de forma reiterada y contundente los 20 ataques aéreos de Estados Unidos a supuestas narcolanchas en el mar Caribe y el océano Pacífico, que han dejado 80 muertes, que ha llamado “asesinatos extrajudiciales” y “violaciones del derecho internacional”, en concordancia con expertos y organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch o las Naciones Unidas. Por el momento, ni el presidente ni el ministro han explicado qué información de inteligencia tenían para realizar el ataque, ni qué precauciones tomaron para asegurarse de que no había menores que pudieron ser víctimas de las bombas.