Los recursos para las víctimas del Catatumbo están en manos de un funcionario enjuiciado por nexos con el ELN

En el Catatumbo, donde el ELN impone su ley y provocó el desplazamiento de más de 82.000 personas a comienzos de año, el funcionario encargado de reparar a las víctimas enfrenta un juicio por, presuntamente, haber servido a ese mismo grupo armado. Freddy Orlando Quintero Mogollón, subdirector general de la Unidad de Víctimas, es investigado por los delitos de rebelión, financiación al terrorismo y concierto para delinquir. EL PAÍS conoció que la Fiscalía tiene dentro de sus pruebas al menos 18 testimonios de exguerrilleros y civiles que aseguran que él integraba la red de apoyo del frente Efraín Pabón, una de las estructuras responsables de la escalada de violencia en la región a comienzos de año. Su juicio está programado para empezar el martes.

Quintero, quien ocupa desde junio pasado el segundo cargo más importante de la Unidad de Víctimas, recibió una misión que poco tiene que ver con las funciones de su puesto, que usualmente es más operativo y técnico. En una resolución firmada en septiembre, el director Adith Rafael Romero le ha delegado “la ordenación del gasto sin límite de cuantía” para atender a las víctimas de la emergencia del Catatumbo. Son más de 165.000 millones de pesos (unos 42 millones de dólares) que deben ser ejecutados en apenas en un mes (hasta noviembre de este año) y deberían ir destinados a giros económicos para las familias, atención psicosocial y entregas de mercados y kits de aseo.

Aunque la violencia en el Catatumbo no da tregua, la emergencia ya no está en su punto más crítico. Desde junio, los reportes de homicidios y desplazamientos han disminuido con la implementación del Plan Catatumbo del Gobierno Nacional. Los albergues temporales habilitados por las alcaldías en varios municipios de Norte de Santander para atender a la población desplazada fueron cerrados por falta de recursos, y los tiempos para que el Estado considere una emergencia humanitaria son tres meses desde la ocurrencia de los hechos. Es decir, la entidad tenía de marzo hasta junio para definir el destino del dinero, y luego podía devolver lo restante.

En la dirección anterior de la Unidad de Víctimas, liderada por Lilia Solano, tres exfuncionarios que coordinaron la atención durante el momento más crítico recomendaron retornar los recursos no ejecutados al Ministerio de Hacienda, con el fin de reservarlos para una eventual nueva escalada de violencia en otras regiones o que fueran destinados para otra entidad. Pero con la llegada de Romero y su equipo, los dineros nunca fueron devueltos. Frente a este cuestionamiento, Quintero dijo a EL PAÍS que “si bien el estado de emergencia terminó, la población víctima debe seguir siendo atendida a largo plazo en el marco de una reparación integral”. Y aseguró que, de no ejecutarlos a fin de año, los retornarán.

Un funcionario activo que trabajó en la crisis del Catatumbo explicó: “Se había acordado que, una vez vencido el tiempo de la emergencia humanitaria, que fueron tres meses, había que retornar el dinero porque la ejecución no iba a tener el mismo impacto, pero además por transparencia. Pero cuando llegó la nueva administración, nos dijeron que había que gastar hasta el último peso”. También advierte que a la subdirección general han llegado profesionales con poca experiencia en el tema que les compete: “Son profesionales en educación física o licenciados, pero no tienen experiencia ni en derechos humanos o conflicto armado”.

Quintero, además de ser subdirector de la entidad y de administrar uno de los rubros más altos para las víctimas, también tiene tiempo para fungir como director encargado en la regional del Cauca, según la página web de la entidad. Hasta julio, aparecía también como director regional del Meta, Norte de Santander y Arauca. Estos dos últimos departamentos, fronterizos con Venezuela, son bastiones militares de la guerrilla del ELN, pero también son las zonas donde comenzó la presunta relación del subdirector con el grupo armado que hoy lo tiene rindiendo cuentas ante la justicia.

Consultado por este diario, el subdirector de la Unidad de Víctimas, en juicio por rebelión, ha enviado una carta de su abogado en la que explica que en 2020, cuando la investigación comenzaba, se presentó voluntariamente ante la justicia. Ese mismo año fue enviado a prisión, pero un recurso interpuesto por su defensa logró que lo volvieran a dejar en libertad. “No existía mérito para imponer la medida de aseguramiento previamente referida”. Según el abogado, la persona que describen los testigos en su contra no es Freddy Quintero.

Sin embargo, una fuente judicial que conoce el expediente ha dicho que, además de las descripciones físicas, los testigos han referenciado a Quintero por haber sido el alcalde del municipio de Chitagá, en Norte de Santander. “Los señalamientos son explícitos en que, desde su rol en la Alcaldía, gestionó y desvió recursos públicos para financiar al frente Efraín Pabón del ELN”, asegura. De hecho, en el expediente en su contra hay otras cinco personas del municipio involucradas en la investigación.

En su defensa, Quintero respondió que su presunción de inocencia le permite “acudir al llamado” que se le hace a ser directivo en la UARIV, por lo que ese proceso judicial no puede inhibir sus “derechos y deberes civiles y políticos”. Ante la pregunta de por qué el proceso no se ha archivado, si él considera que en cinco años de investigación no ha habido pruebas suficientes en su contra, dijo que “esta pregunta debe ser resuelta por el juez del caso”.

Frente a las declaraciones de los testigos en su contra, asegura que “desconoce las razones por las que esas personas han hecho esas aseveraciones” y sostiene que, según él, ninguna ha sido admitida como prueba válida. Sin embargo, una fuente judicial cercana al caso aclara que todos los elementos materiales fueron validados por los cinco fiscales que han conocido el expediente, razón por la cual el proceso avanzó a la etapa de juicio.

En la justicia reposa otro expediente más que lo compromete. En 2023, la dirección de extinción de dominio de la Fiscalía informó de un operativo para “impactar las finanzas ilícitas del ELN” en el que incautó 18 bienes inmuebles que pertenecían, según ellos, a integrantes de las redes de apoyo al terrorismo de la guerrilla. Fueron seis inmuebles rurales, cinco urbanos, seis vehículos y un local comercial que estaban ubicados en varios municipios de Norte de Santander. “Algunos de los inmuebles afectados figuran a nombre del judicializado exalcalde de Chitagá, Freddy Orlando Quintero Mogollón”, dice el comunicado oficial.

Quintero, sin embargo, se ha presentado como víctima. Su abogado dice que “sufrió en forma directa el flagelo de la violencia cuando soportó el secuestro de su señor padre a manos de grupos insurgentes, aunado a los constantes mensajes extorsivos e intimidatorios que recibe a diario por parte de organizaciones delictivas que operan en la región”. Este diario conoció además que en la Unidad reposa una solicitud de reconocimiento como víctima por hechos posteriores a los mencionados. En el registro de la entidad, Quintero declaró haber sido desplazado y amenazado en abril de 2025. El documento —que busca su inclusión en el Registro Único de Víctimas para acceder a beneficios como indemnizaciones— fue presentado apenas dos meses antes de su nombramiento.

Quintero, por último, también ha sido criticado por su nula experiencia para trabajar con víctimas. El subdirector de la entidad es abogado con maestría en Derecho Administrativo y Derecho Público y tiene experiencia en actividades agrícolas y de ganadería, pero en su hoja de vida no acreditó trayectoria en derechos humanos, Derecho Internacional Humanitario ni crisis humanitarias. No obstante, él defiende su trayectoria: “Tengo amplia experiencia como primera autoridad del municipio de Chitagá, Norte de Santander, donde asistí a comités de justicia transicional en apoyo a víctimas del conflicto y dirigí la política municipal para la atención de esta población, de la cual yo también hago parte”.

Al segundo cargo más importante de la Unidad de Víctimas llegó tras su cercanía con el senador Jairo Alberto Castellanos, del partido Alianza Verde Centro Esperanza, también oriundo de Norte de Santander y señalado de tener varias cuotas burocráticas dentro de la Unidad de Víctimas, junto con el congresista Gustavo Moreno, de la misma colectividad. Según la revista Cambio, el hoy subdirector respaldó y participó activamente en la campaña de Castellanos en 2022 que lo llevó al Congreso de la República. Pero ante esta pregunta, ha negado que su cercanía con el senador lo haya llevado al cargo. “No soy cuota del senador Jairo Alberto Castellanos, mi trayectoria profesional es la única responsable del cargo que ostento actualmente”, afirma.

La semana pasada, el mismo día en que la Fiscalía le notificaba el inicio de la etapa preparatoria del juicio en su contra, Quintero abordó un avión rumbo a Cali para entregar indemnizaciones económicas a víctimas de la regional, una labor que no está dentro de sus funciones, pero que asume con frecuencia. El funcionario que lleva cinco años intentando defenderse ante la justicia y desligarse del ELN se viste hoy con el chaleco de la Unidad de Víctimas para ponerle la cara a las personas afectadas por la violencia.