Petro y los exiliados, una herida sin cerrar

Hace tres años crucé migración, no por voluntad, ni a la espera de un gran viaje, el Estado colombiano no fue capaz de garantizar mi vida luego de haber recibido amenazas en mi contra y un asalto a mi apartamento en febrero de 2022, mientras cumplía mis labores como investigador de la Comisión de la Verdad (CEV). Semanas previas al hurto, estaba entrevistando a Dairo Antonio Úsuga, Otoniel, entonces comandante del hoy ...

Hace tres años crucé migración, no por voluntad, ni a la espera de un gran viaje, el Estado colombiano no fue capaz de garantizar mi vida luego de haber recibido amenazas en mi contra y un asalto a mi apartamento en febrero de 2022, mientras cumplía mis labores como investigador de la Comisión de la Verdad (CEV). Semanas previas al hurto, estaba entrevistando a Dairo Antonio Úsuga, Otoniel, entonces comandante del hoy Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y el segundo capo del narcotráfico más buscado de Latinoamérica.

No he sido el primero al que el Estado le ha incumplido. Más de un millón de personas se vieron obligadas a abandonar el país por causas asociadas al conflicto armado, según las cifras de la CEV. Después del desplazamiento forzado, el exilio es el segundo hecho victimizante en el país; no obstante, pese a su breve mención en la modificación a la Ley de Víctimas, no está reconocido ni tipificado como una violación de derechos humanos y, por tanto, no es sujeto de reparación. A ello se suma el subregistro de casos que hay, por lo cual la cifra podría ser mucho mayor.

Solo por citar dos ejemplos recientes: las decenas de jóvenes del estallido social que salieron huyendo del país luego de haber sido amenazados, heridos y algunos condenados por terrorismo; o los campesinos del Cauca, Putumayo y Guaviare que se han desplazado por la cruenta guerra que azota sus regiones. Hoy varios de ellos deambulan entre los trabajos informales en Europa, administrativamente irregulares y sin garantías para una vida digna, la que su gobierno había prometido y aún está en deuda tanto en Colombia como en el exterior.

Mi exilio, al igual que el suyo, señor presidente, fue privilegiado: ambos salimos por el aeropuerto y tuvimos la oportunidad de estudiar un posgrado. Muchos otros compatriotas no corrieron con la misma suerte: algunos cruzaron de forma irregular las fronteras, otros lo hicieron en silencio, buscaron asilo y refugio en países vecinos, se presentaron como migrantes económicos y algunos otros, la minoría, lograron acceder a algún programa internacional de protección para defensores de derechos humanos o personas bajo amenaza.

En estos tres años que he estado nómada por Europa y ahora en Estados Unidos, he tenido el privilegio de conocer campesinos, periodistas, afros, dos indígenas y varios líderes sociales, ambientales, estudiantiles y populares a quienes el Estado tampoco fue capaz de proteger y resguardar. He sido testigo de cada una de las afectaciones e impactos causados por el exilio y el insilio vivido por sus familiares. Muchos de estos casos están consignados en el capítulo de exilio de la CEV, en los libros Una maleta colombiana I y II, del excomisionado Carlos Beristain, y en varios especiales periodísticos de los silenciados del estallido social.

En el último año de su Gobierno, la Unidad de Víctimas se convirtió en un fortín político en algunos departamentos, dinero y puestos feriados por los clanes –como el Santander– que la controlan. Ni mencionar el deplorable papel del director Adith Romero, envuelto ahora en escándalos que en nada contribuyen a reparar a las más de 10 millones de víctimas o lo que se hubiese podido realizar con colectivos de víctimas en el exterior con los recursos malgastados de ProColombia.

Hasta el 22 de agosto del año pasado se sancionó la Ley 2421, la cual modificó elementos parciales para las víctimas en el exterior y, aunque hay una mención al exilio (art. 3 y 68), no se tienen en cuenta elementos cruciales como las pérdidas económicas, los impactos psicológicos de la violencia sufrida o hechos que parecen superfluos, pero son determinantes, como el estatus laboral y/o profesional.

Como varios colectivos de víctimas manifestaron, las modificaciones no responden a las verdaderas necesidades y reclamos que desde hace décadas usted mismo conocía. No hay un reconocimiento al exilio político por parte del Estado colombiano, solamente algunos Consulados y Embajadas se han sumado con eventos que tienen una importancia simbólica y política, pero que requieren permanencia en el tiempo con acciones.

Sus actuaciones como jefe de las Relaciones Internacionales de Colombia han tenido hechos disímiles y contradictorios. Mientras tiene aciertos, como el nombramiento de Gustavo Gallón como Embajador ante la ONU en Ginebra, quien ha posicionado temas y debates cruciales para la conquista de derechos, por otro lado, ha utilizado las Embajadas como pagarés de favores políticos que en nada benefician a los colombianos residentes en esos países y, por el contrario, entorpecen más los procesos y aumentan la disputa por los recursos destinados a estas corporaciones. En varios países, los recursos se siguen destinando solamente a colectivos y asociaciones de colombianos en el exterior que no son víctimas; muchos son migrantes económicos que tienen otros intereses de quienes han salido amenazados.

Esto no es un tema desconocido para usted. Sus dos exilios lo han llevado a conocer de primera mano cómo se mueven las Embajadas, las relaciones con los Consulados y el uso de los recursos. En su libro Una vida. Muchas vidas usted relata, entre otras, su exilio en Bélgica y la denuncia que realizó contra su entonces jefe por vínculos con el paramilitarismo en Colombia; además, cuenta sobre sus estudios de posgrado y su cita con el entonces comandante de las AUC, Carlos Castaño, en el año 2000, dos años antes de tener que volver a salir del país protegido por la Embajada de Estados Unidos.

Curiosamente, años antes de mi exilio, durante un viaje a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, estuvimos en La Embajada, como conocen a una casa que ha servido como hogar de paso para decenas de compatriotas que han tenido que huir de la violencia, entre ellos el hoy presidente Petro, quien aparece por la casa en pequeños portarretratos decorativos. Sus anfitriones –dos seres humanos excepcionales que brindan calor, refugio y cariño a sus huéspedes en tránsito– nos contaron anécdotas del entonces congresista y su férrea denuncia al fenómeno paramilitar.

Presidente Petro, así como tuvo la generosidad de leer y compartir mi columna de opinión sobre el Bloque Metro de las ACCU, le pido que lea estas líneas y acepte la reunión que varios colectivos de víctimas le han solicitado, entre ellos la Asociación Jorge Adolfo Freytter, con la cual he tenido la oportunidad de trabajar en talleres con víctimas que han derivado en documentos de trabajo y propuestas de política pública para los exiliados.

Presidente, así como se convirtió en referente mundial por su posición y postura contra el Estado genocida de Israel y el genocidio cometido en Gaza, también puede mirar hacia adentro de Colombia y actuar con la misma coherencia política y vehemencia, esta vez para garantizar condiciones de vida digna a las y los exiliados colombianos y dotarlos de garantías mientras puedan retornar. Ser un referente internacional implica pasar del discurso a la práctica y dar ejemplo, las acciones son ejemplo, las seguimos esperando.

Aunque ya es tarde para cambios estructurales, siempre hay tiempo para actuar si hay voluntad. Ojalá la tenga, no por mí, ni quizá por los exiliados más veteranos, pero sí por los jóvenes del estallido social que merodean por Europa; por los hijos menores de las madres campesinas que tuvieron que salir de sus tierras porque la violencia los expulsó; por las personas LGBTIQ que el paramilitarismo amenazó; por los líderes ambientales silenciados y por los periodistas censurados.

@A_CelisR