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Descentralizar o disolver el Estado

La modificación del Sistema General de Participaciones impone un reguero de reformas tributarias para poder pagar lo que la ensoñación de congresistas, gobernadores y alcaldes consideran deseable

Al cocinar una sopa para la familia, hay que tener cuidado en no confundir la caja del caldo de pollo con el frasco del ácido sulfúrico. El primero nutre, el segundo es extremadamente corrosivo, extrae el agua de las células y causa necrosis. No es la receta de un almuerzo familiar.

El acto legislativo que modificó el Sistema General de Participaciones exigió aprobar una Ley de Competencias que defina los gastos que se asignarán a departamentos y municipios, por unas generosas transferencias de recursos a lo largo de los próximos 12 años.

Es como estar de nuevo en 1991, en el mo...

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Al cocinar una sopa para la familia, hay que tener cuidado en no confundir la caja del caldo de pollo con el frasco del ácido sulfúrico. El primero nutre, el segundo es extremadamente corrosivo, extrae el agua de las células y causa necrosis. No es la receta de un almuerzo familiar.

El acto legislativo que modificó el Sistema General de Participaciones exigió aprobar una Ley de Competencias que defina los gastos que se asignarán a departamentos y municipios, por unas generosas transferencias de recursos a lo largo de los próximos 12 años.

Es como estar de nuevo en 1991, en el momento de escribir la Constitución de Colombia. La filosofía es similar a la de entonces. Con una buena intención, descentralizar responsabilidades y recursos, aprobaron una reforma impagable. De mantenerse, impone un reguero de reformas tributarias para poder pagar lo que la ensoñación de congresistas, gobernadores y alcaldes consideran deseable.

Los temas que están involucrados son muy de fondo. ¿Le corresponde al Estado desarrollar las regiones? ¿Cómo es la mejor forma de hacerlo? ¿Se debe priorizar en la distribución de recursos los sitios donde hay más población, pero más oportunidades, como las grandes ciudades, o se debe priorizar las zonas más apartadas como Chocó, Cauca, Guainía, etc., donde hay menos gente, pero la mayoría está en una trampa de pobreza y desatención? ¿Antioquia, Valle, Cundinamarca, Santander y Atlántico impondrán que sus problemas sean atendidos de primeros? ¿Cómo defender a los departamentos débiles de los fuertes?

¿Se debe dejar la plata de la descentralización a los grupos de interés, que como FECODE en la educación y los lobistas de la salud, esperan vorazmente repartirse la torta sin ninguna contraprestación de calidad y cobertura? ¿Se debe quebrar al gobierno nacional, que de entrada saldrá de la desadministración Petro con un hueco cercano a 8% del PIB, y obligarlo a transferir a lo largo de la próxima década recursos que no tiene?

Las grandes reformas de descentralización del último cuarto de siglo fueron 1) la creación del Sistema General de Participaciones (SGP), de 2001; 2) la ley 617 del 2000; 3) las leyes de salud y educación del año 2002; y 4) el Sistema General de Regalías (SGR), de 2011.

Veamos qué parece escoger la desadministración Petro: primero, una “reforma fiscal lenta”, con goteo, año a año, que transfiera gasto (difícil ver cómo) a las entidades regionales, hasta completar 50 billones de pesos. Es decir, emitir diez leyes de competencias sucesivas, cuando una ya les quedó grande.

Segundo, asignar 70% y 80% de los nuevos recursos a educación, salud y agua potable. Agua doblará los recursos que actualmente recibe. Asignar el doble de lo actual a comunidades indígenas (de 0,48% a 1% de la bolsa).

Tercero, distribuir 10 a 15 billones de pesos a los departamentos y municipios para que “autónomamente” decidan en qué invertir. Un conocedor se pregunta: ¿Si supervisados con los OCAD, se roban y malgastan el SGR, cómo será con estos dineros? Es el tipo de preguntas que los departamentos no soportan, y buscan evitar en la nueva descentralización. El 5% de los nuevos recursos irán a monitoreo y control, una burocracia redundante con la que existe en contralorías y el DNP.

En síntesis, en esta Ley de Competencias no es claro qué competencias se trasladan con la nueva plata. En el Gobierno Nacional quedan las mismas responsabilidades de hoy, pero con menos dinero para atenderlas.

Por ejemplo, salud, el sector que más ha sufrido la desadministración de Petro. Se busca potenciar la llamada “Atención Primaria” con mayor “capacidad resolutiva”, dicen. En la práctica implica eliminar el régimen subsidiado en salud y poner en riesgo la atención de alta complejidad a los más pobres. Algunos dicen olímpicamente: “Que los municipios y departamentos paguen los subsidios con esos recursos adicionales”; eso implica desbaratar también la arquitectura del sector eléctrico.

Como en 1991, han gastado más tiempo en hacer cuentas alegres que en definir con seriedad el traslado de competencias. Mientras tanto, sin dientes, el ministro de Hacienda se pregunta: ¿De dónde va a salir la plata? No sé si realmente pierde el sueño, pues le quedan 10 meses y, como no sabe la respuesta, la desadministración Petro heredará esta papa caliente al siguiente gobierno. Los candidatos presidenciales harían bien en pensar qué van a hacer.

Los siguientes cinco ministros de Hacienda tendrán que buscar 5 puntos del PIB en reformas tributarias para este cambio constitucional de iniciativa parlamentaria y regional. Y algo más para cerrar el hueco de Duque-Petro. Ah! Además, el 39% de cada nueva reforma tributaria irá automáticamente a las entidades territoriales.

Esa fue la locura que se logró deshacer en 2001, con la creación del SGP. Con Petro volvió la irresponsabilidad de hacer decretos, leyes y reformas constitucionales sin hacer las cuentas. Como si la plata cayera del cielo. Le provoca a uno decir: ¡Colombia despierta! Así titulé una columna hace dos años, pero pocos oyen el reloj despertador.

La Federación de Municipios critica: 1)⁠ las competencias no cambian. Los departamentos son ineficientes, pero los favorecen. 2) ⁠No propicia la autonomía ni aclara responsabilidades. 3) El tema de cárceles se traslada a las ET sin financiación ni reorganización. 4) Elimina las categorías de la Ley 617, que ordenó a los municipios de pobres a ricos, pero sin claridad para los más necesitados. 6) Debiera cerrar las brechas (ya se hizo en el SGR, con poco efecto). 7)⁠ ⁠Busca desligar las decisiones tributarias (impuesto predial) del catastro. Pero no dan una solución.

Cuenta la Biblia (Génesis 11:1-9) que en la llanura de Sinar, en Mesopotamia, con loables aspiraciones, se buscó construir una gran ciudad, cuya cúspide llegara al cielo. Dios les cambió las lenguas, de forma que no pudieran ponerse de acuerdo. Terminaron dispersos y la ciudad no se construyó. En hebreo, dicen, Babel suena a confusión. El mensaje de Dios fue imponer humildad en las metas, para poder lograrlas, en lugar de proyectos fallidos que disuelvan la estructura del Estado, que se busca mejorar. El actual Estado colombiano será malo, pero aún se mantiene en pie. El Estado de Petro, la reforma constitucional y la Ley de Competencias puede terminar como Babel.

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