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Diego Guevara, ministro de Hacienda de Colombia: “El pago de la deuda es innegociable, inaplazable”

El economista señala que, en términos fiscales, es como si la pandemia no se hubiera acabado en el país sudamericano

Diego Guevara Castañeda, ministro de hacienda y crédito público de Colombia, en su despacho de Bogotá, el 13 de marzo de 2025.ANDRÉS GALEANO

Diego Guevara es, a sus 39 años, el ministro de Hacienda más joven de Colombia de este siglo. También es el economista que lleva más tiempo en el corazón del Gobierno de Gustavo Petro, como viceministro desde el primer día de la Administración. Nada más comenzar esta entrevista, advierte que no se termina de habituar a los esquemas de seguridad y otras pompas del poder en Bogotá. Un funcionario de perfil bajo que ha sabido sobrellevar las tensiones del actual Gobierno. El también doctor en Economía dirige el ministerio desde enero, y centra su atención en pilotar deudas importantes, agobios de presupuesto y estrecheces de caja. Recibe a EL PAÍS en su oficina, luminosa y con vista al palacio presidencial. “Los cuadros eran muy oscuros, busqué otros con más color”, señala con una sonrisa antes de entrar en materia.

Pregunta. Colombia proyecta un déficit fiscal del 5,1% del PIB y una deuda de alrededor del 60%. ¿Cómo califica la situación?

Respuesta. Es retadora. Enfrentamos un choque fiscal importante desde 2024, que se debió principalmente a una caída en el recaudo de empresas del carbón y el petróleo. Lo que tenemos que hacer es volver a implementar las medidas del año pasado. Primero: un recorte presupuestal, que fue en principio un aplazamiento, de alrededor de 28 billones de pesos el año pasado. Este año ya aplazamos 12 billones y le hemos presentado al presidente la necesidad de aplazar más o menos otros 12.

P. ¿En qué rubros?

R. Tenemos pendiente definirlo. La idea de hacer una reforma tributaria queda atrás con lo ocurrido esta semana en el Congreso con la reforma laboral, pero vemos la posibilidad de aprovechar un proyecto de reactivación económica que está en curso. Podríamos incluirle algunos elementos que nos permitan ingresos adicionales, como alivios para que la gente que le debe a la DIAN pague, pero no recogeríamos más de 3 o 4 billones.

P. Sería muy poco…

R. No es suficiente. Tenemos que reprogramar vigencias futuras. Ya nos hemos sentado con Bogotá o Medellín para ver cómo podemos modificar pagos, para este año o el otro, bajo el entendido de que sería de acuerdo mutuo. También debemos hacer una estrategia de control de caja, revisamos en detalle cuánto dinero necesita cada entidad. Ese manejo nos ha permitido mantener el funcionamiento básico, los salarios de todos los funcionarios, los servicios. A pesar del rezago de 50 billones de pesos en pagos, ya hemos logrado saldar una parte.

P. Esa ha sido una de sus prioridades….

R. El pago de la deuda es innegociable, inaplazable. Lo que los mercados están mirando, en todo el mundo, son señales de que los Estados van a pagar sus acreencias. No aplazar la deuda es una muy buena señal. También lo es la estrategia de mantener la deuda alrededor del 60% del PIB. Este año es imposible bajarla, pero queremos mantenernos más cerca del ancla, que es 55%, que del techo que es 70%. Aunque esas cifras son debatibles…

P. Hablando de debates, usted ha cuestionado la rigidez de la regla fiscal.

R. Sí, las reglas de juego evolucionan. Alemania está discutiendo qué elementos de infraestructura se pueden sacar de la regla y Europa habla de sacar rubros de defensa ante la presión militar de Rusia. Creo que hay elementos para repensar la regla con dimensiones geopolíticas o de cambio climático; el próximo Gobierno, probablemente, necesitará ajustarla. Pero, más allá de eso, el patrón es respetar la sostenibilidad fiscal. Hay que recordar que los pagos de la deuda este año suman casi 112 billones de pesos mientras que, después de los recortes y ajustes, la inversión va a ser inferior a los 80.

P. ¿Históricamente ha sido así?

R. No, el rubro de inversión solía ser superior. Ahora, la deuda no ha aumentado de repente, pagamos deudas acumuladas de las últimas dos décadas. Si en 2000, por ejemplo, emitimos bonos a 25 años, tengo que pagar el capital este año. Cargamos el peso de crisis como la de fin del siglo o la del petróleo de 2015 - 2016. La carga financiera ha crecido: si en el primer Gobierno de Santos era del 28% del PIB, subió al 40% al final de su segundo Gobierno, y alcanzó 60% con la pandemia. En 2023 se redujo al 53%, pero volvió a subir a 60% en 2024.

P. En paralelo, el gasto público creció de forma permanente…

R. Nuestro mensaje es el de un ajuste fiscal consolidado, aunque sea costoso para un Gobierno progresista. Eso sí, nos tocó gobernar con las deudas de la pandemia. Antes del covid, entre 2014 y 2019, el promedio de gasto del Gobierno nacional central rondaba el 19% del PIB, pero subió al 22% o 23% y se ha mantenido ahí. En términos fiscales, es como si la pandemia no se hubiera acabado. Y, cuando uno mira con lupa, el 2% del PIB que se usó en el fondo de emergencias para la pandemia, el FOME, se financió con el crédito del Fondo Monetario, lo que significa mayor déficit.

P. El resultado es un déficit histórico…

R. Terminar con el subsidio a la gasolina, el llamado FEPC, ha sido clave pero muy costoso. En la práctica, absorbió la tributaria que hizo el Gobierno en 2022. Ha habido avances en términos de educación superior gratuita, en términos de llegar a más jóvenes, eso tocaba financiarlo. El presidente preguntaba: qué pasó con la plata del recaudo histórico de 2023. Le dijimos que se fue en pagar el crédito del Fondo Monetario y la deuda del FEPC, que sumaba 26 millones. Una locura. Vino un 2023 de poco crecimiento, y en 2024 llegó el choque fiscal en el que estamos.

P. De ese ajuste está pendiente el alza al precio del diésel. ¿Qué va a pasar?

R. Ya nos dimos la pela con el ajuste de la gasolina, que cerró déficits futuros y fue una de las de las decisiones de responsabilidad fiscal más importantes de este Gobierno. Con el diésel hay una tensión. Sabemos que cualquier paro camionero frena el país. Creo que hay que acabar el subsidio, pero sin acuerdo va a ser muy difícil. Más aún en un año electoral. La indicación del presidente ha sido que repensemos todo el sistema. ¿Por qué el pequeño transportador tiene que asumir todo el costo?

R. Tiene en la mesa el libro Mitos y realidades de la política monetaria. ¿Cómo saldrá la primera reunión de la junta del Banco de la República con dos nuevos codirectores?

R. Tenemos una de las tasas de interés real más altas de la historia, debido a la gran diferencia entre la tasa del Banco y la inflación. El año pasado había espacio para reducir los tipos más rápido. Nuestras decisiones técnicas recomendaban una reducción de 50 puntos básicos, pero la junta solo aplicó 25 con argumentos coyunturales como que el paro camionero iba a afectar, o los riesgos de déficit fiscal… Estas decisiones también tienen implicaciones políticas.

P. Pero hemos visto un pequeño repunte de la inflación. ¿Entendería que se mantengan congelados los tipos?

R. No me preocupan tanto esas alzas, son de centésimas. Creo que el punto más retador de la discusión va a ser la dominancia fiscal de la política monetaria, que se refiere a que algunos inversionistas puedan irse del país ante una tasa más baja. Pero creo que el rezago del año anterior nos da campo. Es la instrucción del presidente, y nuestro equipo técnico lo respalda. Las decisiones se toman muy en caliente, con los últimos datos, pero la recuperación económica pasa por una mejor tasa de interés. Es nuestra apuesta.

P. La relación del Gobierno con el sector privado ha tenido fricciones. ¿Cómo le va a usted?

R. El Ministerio de Hacienda mantiene un diálogo productivo con todos los sectores, incluso en momentos difíciles, como el pago de subsidios al gremio de energía. Llegamos a un acuerdo con ellos para realizar los pagos pendientes de manera fragmentada. Les explicamos que enfrentamos un choque de caja. Aunque hay fricciones con algunos actores por cuestiones medioambientales, se busca construir propuestas con todos ellos, reconociendo la importancia de la inversión pública y privada en el PIB.

P. ¿Y ha salido bien?

R. Sí. Tenemos una economía de 50 millones de personas. Hay empresas de la Unión Europea, como los almacenes deportivos Decathlon, que no están en toda Europa pero sí en Colombia. En este Gobierno llegó Ikea. Es falso ese cuento de que se ha ido toda la inversión extranjera. Hemos dado todas las garantías de respeto a la propiedad y a la institucionalidad.

P. Justamente, una de las preguntas de fondo es cómo acelerar la productividad. ¿En qué van las políticas de reindustrialización y de reactivación?

R. Hemos hecho una apuesta importante por no perder el sector del acero, o por mantener las confecciones. Tras la salida de Colmotores por decisiones corporativas, buscamos mantener la inversión en el ensamble de motocicletas; Sofasa hará el Kwid eléctrico en Envigado; Indumil está fabricando partes para aeronaves. Hemos tenido acercamientos con sectores de China... BYD vendió 1.500 carros eléctricos en la feria del automóvil de Bogotá y está pensando en poner una planta de ensamblaje en Colombia. Por eso, creo que no podemos pensar solo en la industria tradicional, sino también en la de servicios, que crece mucho, en las industrias de la era digital.

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