Los mercenarios colombianos, la nueva apuesta de los paramilitares en la guerra civil de Sudán

La noticia, tan extraña como alarmante, hizo que muchos en Colombia, un país sumido en su conflicto interno, pusieran su atención en la guerra civil de Sudán, una lucha que ha provocado una gran crisis humanitaria, pero que apenas aparece en las portadas de los periódicos nacionales. Más de 20 colombianos fueron asesinados por drones suicidas en la región de Darfur, en el este del país africano, según informó la semana pasada el ejército sudanés. Todo apunta a que se trataba de parte de los alrededor de 300 mercenarios que han sido reclutados para combatir codo con codo con los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido, un grupo armado que intenta hacerse con el control del territorio desde hace más de año y medio.

Las primeras informaciones aparecieron a finales de noviembre. Un video compartido en las redes sociales mostraba a un hombre —presumiblemente un combatiente de las Fuerzas Armadas de Sudán— que grababa pasaportes y cédulas encontrados en el desierto que correspondían a varios colombianos. Fue el primer atisbo de una historia en ebullición, que estalló con la revelación de que son al menos 300 los connacionales que combaten en la guerra de Sudán, según recopiló La Silla Vacía a partir de los testimonios de varios exmilitares involucrados. Ellos aseguran que hay muchos que están allí en contra de su voluntad y que denuncian haber sido contratados para trabajar como vigilantes en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, a más de 3.300 kilómetros al este de Darfur.

El reclutamiento ocurre mayoritariamente a través de empresas de seguridad privada, que ofrecen varios miles de dólares por trabajos de corto tiempo, explica Ulrich Petersohn, experto en seguridad y la actividad mercenaria. “El último eslabón de la cadena son casi siempre los que se conocen en la industria como ‘nacionales de terceros países’, que salen de Colombia, Perú, El Salvador, Somalia o Nigeria. Sin pasaportes fuertes ni el dinero para boletos de avión, dependen enteramente de lo que las agencias quieran hacer con ellos”, añade por videollamada el también profesor de la Universidad de Liverpool.

Se trata de compañías que, en el papel, son como cualquier otra. Tienen la documentación en regla y se presentan como operadores de servicios de vigilancia en otros países. “Ya no hablamos de grandes emporios como Blackwater [de EE UU] o Wagner [en Rusia], sino de empresas unipersonales en la que un general retirado registra el comercio y lo promociona a través de cadenas de WhatsApp”, explica Mario Urueña, experto en seguridad global de la Universidad del Rosario. Ofrecen a los exmilitares hasta cinco veces el dinero de su salario de retiro, lo que hace muy atractiva la oferta.

Engañados o no (Petersohn sostiene que no todos son “idiotas” y que muchos comprenden los riesgos), los colombianos en Sudán se hallan en un momento clave de la contienda. Por primera vez desde el inicio de la guerra civil, el ejército sudanés ha ganado terreno a los paramilitares en distintas zonas y especialmente en Jartum, la capital, controlada mayoritariamente por las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR). El conflicto ha provocado una de las crisis humanitarias más graves de todo el mundo: más de 20.000 personas han muerto, según la ONU —otras investigaciones elevan la cifra hasta 60.000—, y más de 10 millones han sido desplazados forzosamente de sus hogares.

Los colombianos no son los únicos mercenarios que combaten en Sudán. El ejército ha denunciado que las FAR tienen entre sus filas a mercenarios de países vecinos, del Sahel, como Chad o Níger. Medios internacionales como CNN afirman, además, haber encontrado evidencias de que la organización rusa Wagner les ha suministrado misiles para atacar a las Fuerzas Armadas, a su vez respaldadas por Egipto. Uno de los principales jugadores es Emiratos Árabes Unidos, el cual ha negado su rol en el conflicto pese a las informaciones de múltiples organizaciones humanitarias y de los expertos de la ONU de su papel en la guerra.

A pesar de que desde 1989 existe una convención de la ONU para prohibir el reclutamiento y entrenamiento de mercenarios y de las pruebas que existen de que este mercado sigue latente en guerras como la de Sudán, Petersohn señala la dificultad, si no la imposibilidad, de que las empresas o los mercenarios sean juzgados. “Hay un muy pocos ejemplos en los que contratistas han llegado a juicio por adentrarse en conflictos extranjeros y ese es un poco el punto: que no haya rendición de cuentas”, admite.

Prohibir los militares a sueldo

Ante este peligroso escenario en el que se ven sumidas decenas de colombianos, el presidente Gustavo Petro ha asegurado que es una práctica que debe prohibirse. “Los militares deben tener un mejor nivel de vida en Colombia, pero los dueños de la sangre joven derramada por dinero en pueblos extranjeros deben ser castigados penalmente”, indicó en una publicación de X.

A su vez, el canciller, Luis Gilberto Murillo, lamentó la participación de connacionales en el conflicto durante una llamada con su homólogo sudanés y se comprometió a garantizar el retorno de los ciudadanos que siguen en combate, según un comunicado del Ministerio de Exteriores de Sudán citado por la agencia turca Anadolu. Durante un viaje esta semana a Doha, la capital de Qatar, Murillo dijo a EFE que espera recuperar los cadáveres de los colombianos ya fallecidos.

El Gobierno de Colombia ha impulsado en el Congreso un proyecto de ley que pretende ilegalizar las organizaciones “que instrumentalizan a los militares retirados” a través de la aprobación de la convención de 1989. Para Ureña, aunque el pacto no está tan extendido —apenas lo han suscrito una treintena de países—, es una “propuesta inteligente que va en la dirección correcta, que es criminalizar a las cabezas que instrumentalizan a las personas”.

Aunque Sudán es el país en el que más recientemente se han registrado casos de mercenarios colombianos, hombres retirados han participado a sueldo en conflictos como los de Yemen, Irak o Afganistán. Uno de los hechos más recordados que involucran esta actividad es el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse, en 2021, que fue asesinado en una operación en la que participó una veintena de colombianos, varios de ellos exmilitares.