Los millonarios contratos cuestionados en el Ministerio de Ciencias

El mes de mayo inició con la posesión de Yesenia Olaya como ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación. Su nombramiento fue aplaudido porque cuenta con los pergaminos académicos para ocupar el cargo (socióloga, doctora en Antropología e investigadora asociada de la Universidad de Harvard) y arrastraba experiencia en la entidad, luego de ser viceministra de Talento y Apropiación Social del Conocimiento desde noviembre del a...

El mes de mayo inició con la posesión de Yesenia Olaya como ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación. Su nombramiento fue aplaudido porque cuenta con los pergaminos académicos para ocupar el cargo (socióloga, doctora en Antropología e investigadora asociada de la Universidad de Harvard) y arrastraba experiencia en la entidad, luego de ser viceministra de Talento y Apropiación Social del Conocimiento desde noviembre del año pasado. El idilio de su designación, sin embargo, llegó a su fin a principios de este mes, cuando una serie de renuncias de altos funcionarios de la cartera coincidió con una denuncia del sindicato de trabajadores por maltratos y recurrente acoso laboral. A esta situación se suman ahora tres procesos de contratación que, pese a los reiterados cuestionamientos de los equipos técnicos, avanzan e involucran millonarias sumas de dinero.

Durante las dos primeras semanas de agosto, las cámaras de comercio de Chocó, Buenaventura y Tumaco lanzaron convocatorias dirigidas a jóvenes desescolarizados entre 18 y 28 años que tienen emprendimientos innovadores y que contribuyen a “poner fin a todas las formas de violencia a través del impulso a la innovación de la productividad”. El cierre de las postulaciones será en los próximos días y el Ministerio elegirá 150 proyectos para financiarlos. La iniciativa hace parte del programa Jóvenes en ciencia para la paz, una alianza entre las cámaras de comercio y el Ministerio, al cual le corresponde desembolsar 2.880 millones de pesos (cerca de 720.000 dólares) para su ejecución.

Pero antes de que las convocatorias se hicieran públicas, recibieron múltiples reparos técnicos y jurídicos que fueron socializados con altos directivos del Ministerio. Funcionarios de la entidad, que conversaron con EL PAÍS y solicitaron mantener su identidad bajo anonimato, compartieron algunos de los motivos por los cuales no están de acuerdo con que se destinen recursos públicos a unos convenios que, en su criterio, no contribuyen a promover la ciencia, innovación y tecnología bajo los parámetros que la ley exige a la cartera. Según contaron, la ministra fue informada de esas inconsistencias e irregularidades, pero decidió dar vía libre a la contratación.

Como primera objeción, señalaron que las tres cámaras de comercio —cuya principal función consiste en llevar registro el registro mercantil— no tienen el conocimiento ni experiencia para cumplir con los convenios. De hecho, destacaron que los estatutos de ninguna de ellas incluyen la misión de promover la ciencia, tecnología e innovación, y que no son entidades dedicadas a esos temas, por lo que no tiene sentido que se les delegue el programa. “Las convocatorias se adelantan bajo la modalidad de contratación directa y se ejecutan con instituciones que no tienen capacidades para ejercer esos procesos. Cuando se contrata directamente, se hace porque el contratista es el único con capacidad de desarrollar determinada tarea en un territorio. En este caso hay entidades mejor preparadas para brindar capacitación en tecnología, como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Incluso, el Ministerio de Ciencias tiene las condiciones para llevar a cabo esas convocatorias. ¿Por qué no lo hicimos nosotros?”, cuestionó uno de los funcionarios de la cartera.

El tiempo de duración de los convenios es de 18 meses. Durante este periodo, las cámaras de comercio están obligadas a diseñar una estrategia “que potencie la innovación y comercialización empresarial de productos y/o servicios basados en ciencia, tecnología e innovación”, difundirla a los jóvenes desescolarizados en los municipios en donde hacen presencia, evaluar las propuestas que se presenten, seleccionar a los beneficiarios, implementar las propuestas y realizar una evaluación final. Para los equipos técnicos del Ministerio, que incluyen a personas que trabajan en estos temas desde cuando la entidad era Colciencias (el departamento administrativo que se encargaba de promover las ciencias antes de que se creara el Ministerio en 2019), este plazo es insuficiente para esos objetivos.

El pasado 27 de julio, el comité de gestión de recursos para ciencia, tecnología e innovación del Ministerio votó de forma unánime para que se suscriban los convenios. De él hacen parte la ministra Olaya, los dos viceministros, la secretaria general y el jefe de planeación de la entidad. Como se comprueba en el acta de la reunión, ninguna de las observaciones de los equipos técnicos fue discutida ese día, aunque los asistentes las conocían. Además, los documentos de justificación técnica —que explican el porqué de cada convenio, la idoneidad del contratista y los beneficios que se obtendrían por celebrarlos— cuentan sólo con la firma de los viceministros, cuando suelen ir acompañados por la aprobación de otros funcionarios técnicos de niveles intermedios. “Los viceministros se encargan de formular políticas, pero no de dar motivaciones contractuales de carácter técnico”, señaló una exfuncionaria.

La revisión y la aprobación de las solicitudes de elaboración de los convenios suelen contar con el visto bueno y firmas de las áreas jurídica y financiera. En este caso no aparecen dichas revisiones. En su lugar, los documentos aparecen aprobados y revisados por una sola persona, Francy Natalia Mosquera, quien firmó como asesora del Ministerio y ostentaba el cargo de gestora de despacho. Mosquera fue contratista de la Cámara de Comercio de Buenaventura, una de las tres que recibirá dineros de los convenios, entre noviembre de 2022 y marzo de 2023. Un mes más tarde se unió al Gobierno. Al ser contactada, se limitó a señalar que “no es ordenadora del gasto del Ministerio”.

En la documentación suministrada por las cámaras de comercio al Ministerio se evidencian inconsistencias. Los estatutos de las tres, que no atendieron las comunicaciones de EL PAÍS al momento de publicarse este artículo, indican que su límite de contratación está entre los 50 y 100 salarios mínimos (entre 200.000 y 400.000 dólares), pero cada uno de los convenios tienen un monto casi diez veces mayor. Y la Cámara de Comercio de Tumaco adjuntó un certificado bancario de una cuenta de ahorros inactiva, lo que imposibilitaría la transferencia de los recursos.

En el último mes, Cambio y El Tiempo publicaron artículos sobre las renuncias de altos cargos directivos del Ministerio de Ciencias. Fuentes de la entidad aseguran que dichas salidas guardan relación con las presiones para adelantar contrataciones que no cumplen con requisitos de fondo y forma. EL PAÍS le escribió a la ministra Olaya sobre la situación y tampoco obtuvo respuesta. “Sabemos que esos convenios no tienen pies ni cabeza. Ignoraron nuestras advertencias. Como las órdenes venían desde arriba, preferimos no firmar los documentos”, indicó otra funcionaria.

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