La estrategia de seguridad de Petro está entre paréntesis, dice informe de la FIP

La estrategia de seguridad durante los tres primeros meses del gobierno de Gustavo Petro se encuentra entre “paréntesis” y la paz total “no ha logrado la tracción necesaria” para frenar la inercia de la violencia, por ahora es una paz de promesa y micrófonos. Así lo indica el informe Petro y la estrategia de paz y seguridad, de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

El análisis de este centro de estudios del conflicto muestra que hubo una reducción del 73% de los combates y ofensivas de la Fu...

La estrategia de seguridad durante los tres primeros meses del gobierno de Gustavo Petro se encuentra entre “paréntesis” y la paz total “no ha logrado la tracción necesaria” para frenar la inercia de la violencia, por ahora es una paz de promesa y micrófonos. Así lo indica el informe Petro y la estrategia de paz y seguridad, de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

El análisis de este centro de estudios del conflicto muestra que hubo una reducción del 73% de los combates y ofensivas de la Fuerza Pública contra grupos armados ilegales al comparar con el mismo periodo de 2021. “Hay una disminución del conflicto entre grupos armados y el Estado, una disminución de la operatividad”, dice Jorge Mantilla, director de Dinámicas del Conflicto de la FIP. También hay una disminución del 74% de las acciones de esos grupos armados contra infraestructura y bienes estatales.

El informe concede que Petro “asumió la Presidencia en medio una situación crítica de seguridad y violencia con alto impacto humanitario y el fortalecimiento de los grupos armados a nivel local” y rescata que ha hecho anuncios y establecido tres estrategias que buscan disminuir la violencia letal, aunque es “pronto para mostrar resultados”.

Una de ellas es la apuesta por la paz total, a la que buscan sumarse al menos 22 estructuras incluidas la guerrilla del ELN, las dos facciones disidentes y el Clan del Golfo. Otra es el Plan Perseo, que busca brindar seguridad en los territorios a través de la recuperación del control territorial y los Puestos de Mando Unificado por la Vida (PMU), una serie de encuentros regionales en las zonas más afectadas por el conflicto armado. El Gobierno ha priorizado 65 municipios.

Sin embargo, afirma Mantilla, la realidad es que ninguna de ellas ha conseguido hasta ahora frenar la violencia. De hecho, aumentaron en un 79% las confrontaciones entre distintos grupos armados, llegando a la cifra más alta desde 2016, con 25 combates. “Esas confrontaciones no son nuevas pero la inercia de la violencia no se ha logrado detener”, agrega el investigador.

La FIP identifica 7 disputas: una en Arauca, entre el ELN y la disidencia del Frente 1 de las extintas FARC; otra en Putumayo y Caquetá, donde la violencia ha escalado entre el Frente Carolina Ramírez de Iván Mordisco y los Comandos de Frontera, de la Segunda Marquetalia, ambos disidentes; una más en el centro y sur del departamento del Cauca entre el ELN y la columna Móvil Carlos Patiño, de las disidencias de las FARC; en el pacífico nariñense donde se enfrentan distintas facciones disidentes; en Buenaventura, donde la confrontación es entre el ELN y el Frente Jaime Martínez de las FARC; en Chocó, donde combaten el ELN y el Clan del Golfo; lo mismo que en el Bajo Cauca y nordeste de Antioquia.

Aunque muchas de esas se han querido sumar a la paz total, no están cumpliendo con los requisitos del gobierno para entrar en las negociaciones: “no matar, no torturar y no desaparecer”. El informe, entonces, asegura que “el país nunca entró en cese multilateral como se anunció y la paz total aún es de micrófonos y anuncios”.

El impacto humanitario mantiene niveles altos y muestra una tendencia al aumento. Una de las cifras más preocupantes es el homicidio de líderes sociales que aumentó considerablemente en los sitios donde se estableció la estrategia del PMU. “Quiere decir o que no está funcionando o que hay que dar más tiempo a que se consolide”, dice Mantilla. El asesinato de líderes sociales aumentó en un 50 por ciento. Según la ong Indepaz, octubre fue el mes más mortífero y en noviembre se llegó a tener 171 líderes asesinados, la misma cifra que en todo el 2022.

El documento también indica que las masacres aumentaron en un 38 por ciento y que disminuyeron los desplazamientos en un 31 por ciento. “El impacto humanitario continúa concentrado en la región que conecta el Urabá con la frontera con Venezuela (norte de Antioquia y sur de Bolívar), el Pacífico, la frontera con Venezuela (Catatumbo y Arauca) y Putumayo”.

“Estamos en una suerte de entre paréntesis, se está reformulando la estrategia, algo que es entendible. Pero se ha perdido la iniciativa militar del Estado en el territorio y no es muy claro cuál sea el rol de la fuerza pública en el marco de paz total”, dice el investigador. El Ministerio de Defensa ha dicho que no han cesado operaciones y que están construyendo el Plan de Campaña Estratégico Conjunto 2023 – 2026, que se centrará en la protección de la vida.

Por eso, la FIP lanza tres alertas que quisieran que active el gobierno de Gustavo Petro. Auguran que las disputas territoriales continuarán siendo uno de los principales desafíos para la política de Paz Total si es que no se establecen “estrategias complementarias —por la vía del diálogo o por la intervención de la Fuerza Pública— que permitan des escalar la confrontación”.

También advierte que las medidas implementadas para reducir los homicidios contra líderes y lideresas han mostrado ser poco efectivas y sugieren que la estrategia contemple “un análisis territorial de riesgos y amenazas”, así como avanzar en el esclarecimiento de las motivaciones y casusas de estos asesinatos. En esencia, establecer estrategias de prevención diferenciadas. Finalmente, alertan de que se agrava la situación en las zonas donde se implementa el Acuerdo de Paz y los municipios priorizados por el Gobierno.

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