Las cinco claves de la ley de la paz total de Gustavo Petro

El Gobierno de Gustavo Petro ha conseguido este miércoles dar un paso importante para hacer realidad su ambiciosa propuesta de “paz total”. La Cámara de Representantes ha aprobado el proyecto de ley que prorroga el marco legal que existe desde 1997 para negociar con actores armados, y que trae normas adicionales con la impronta del Gobierno. El proyecto contó con 125 votos a favor y 13 en contra, tras dos días de debates. Una comisión de representantes y sen...

El Gobierno de Gustavo Petro ha conseguido este miércoles dar un paso importante para hacer realidad su ambiciosa propuesta de “paz total”. La Cámara de Representantes ha aprobado el proyecto de ley que prorroga el marco legal que existe desde 1997 para negociar con actores armados, y que trae normas adicionales con la impronta del Gobierno. El proyecto contó con 125 votos a favor y 13 en contra, tras dos días de debates. Una comisión de representantes y senadores deberá conciliar las diferencias entre los dos textos aprobados, especialmente la creación de un servicio social obligatorio, eliminado el lunes por el Senado.

El objetivo de la ley es hacer compatible las facultades que requieren las políticas de paz del Gobierno con la Constitución, que reconoce la división de poderes. La académica Julieta Lemaitre, actualmente magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), explica por teléfono que la ley funciona como un “aval” del Congreso al Ejecutivo. “Lo que hacen estas leyes es concentrar poderes para poder negociar, crean un entramado que le permite al presidente sentarse en la mesa de negociación”, remarca.

Estos son los cinco aspectos claves del proyecto:

Incluye el crimen organizado en la política de paz

El texto aprobado extiende la noción de paz, tradicionalmente vinculada a actores armados con estatus político, al sometimiento de grupos del crimen organizado. Establece dos tipos de procesos diferenciados. Primero, los tradicionales, que se llevarán a cabo con “grupos armados organizados al margen de la ley” para llegar a acuerdos de paz. En este apartado entra el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la guerrilla más antigua de Latinoamérica, con la que el Gobierno espera comenzar negociaciones en los primeros días de noviembre. En un segundo punto están los nuevos, los “acercamientos” con “estructuras armadas de crimen de alto impacto” para que se sometan a la justicia. Estos incluyen a grupos que no son de naturaleza política y que pueden estar asociados a economías ilegales como el narcotráfico o la minería ilegal.

El proyecto originalmente delegaba al Ejecutivo la reglamentación del proceso de sometimiento. El Gobierno, no obstante, accedió durante el debate parlamentario a retirar el párrafo que otorgaba estas atribuciones. Los detalles que regulan el proceso se conocerán en una futura ley.

El sometimiento es una política inspirada en el sistema judicial de Estados Unidos, que permite negociar beneficios judiciales, como la reducción de penas, a cambio de información. Julieta Lemaitre explica que no es usual en América Latina y que puede ser positivo, pero que falta ver cómo se reglamentará y cómo se distribuirán atribuciones que tradicionalmente pertenecen a la Fiscalía. “Es innovador que ubiquen el sometimiento a la justicia como un tema de paz, bajo el Alto Comisionado de Paz”, comenta la académica.

Uno de los representantes por Putumayo, Andrés Cancimance (Pacto Histórico), considera que esta innovación es esencial para su departamento, en el cual han sido asesinados más de 20 líderes sociales en lo que va de 2022. Explica que hay grupos importantes del crimen organizado como La Sinaloa que son responsables de asesinatos. “Está más aceptado el diálogo con un grupo alzado en armas como el ELN, pero en los territorios no está solo la guerrilla. Hay una explosión de grupos armados ilegales asociados al narcotráfico que de momento no están dentro de las negociaciones”, señala el congresista, cuyo equipo colgó en las tribunas una pancarta con las imágenes de los asesinados antes de comenzar la sesión.

Eleva la paz a política de Estado

La paz, para el Gobierno, lo atraviesa todo. La ley define la paz total como una política “prioritaria” y “transversal” para el Estado, en todos los niveles y sectores de la administración. Cada ministerio deberá definir los componentes de una política pública al respecto y el presidente podrá convocar a un Gabinete de Paz cada dos meses para articularlas. La continuidad de las políticas públicas deberá ser garantizada por los diferentes gobiernos. “Tienen el deber de concluir aquellas políticas que sean fijadas por administraciones precedentes”, dice el texto.

Para Lemaitre, este punto refleja un consenso que se ha generado en las últimas décadas respecto a que todas las dimensiones del Estado son necesarias para enfrentar la violencia. Es necesario un Estado “robusto”, con políticas de educación, cultura y hasta de construcción de carreteras y de provisión de Internet. “Hay una relación entre las luchas por el poder de grupos armados y la ausencia del Estado”, remarca la académica. Para ella, algunos sectores del crimen organizado han obtenido legitimidad al ofrecer servicios que la población no tenía. “El Estado no puede dejar que ocupen ese espacio”, señala.

Revive la posibilidad de un servicio social obligatorio

La Cámara de Representantes logró, con 134 votos a favor y 33 en contra, revivir el servicio social obligatorio para la paz que había sido eliminado en el Senado. Los representantes rechazaron una proposición de la bancada del Centro Democrático, la principal de la oposición de derecha, para eliminar los artículos 10 y 11. Con eso sigue viva la promesa de campaña de Petro de ofrecer una alternativa al servicio militar.

El servicio social para la paz apuesta a que durante un año los jóvenes realicen tareas de alfabetización digital, cuidado ambiental, asistencia a adultos mayores vulnerables y apoyo a víctimas del conflicto armado. La remuneración, que originalmente era equivalente a la del servicio militar, será definida en la etapa de reglamentación.

Como el Senado rechazó el lunes los dos artículos implicados, el texto deberá ir a una comisión de conciliación integrada por senadores y representantes. Según el congresista Andrés Cancimance (Pacto Histórico), su partido contempla que no se logre un acuerdo a corto plazo y que por eso el proyecto se estanque por un tiempo.

No cierra la puerta a negociar con los disidentes de las FARC

Una de las dudas centrales es si en las negociaciones entrarán los miembros de las FARC que retomaron las armas tras firmar el acuerdo de paz de 2016. Hay polémica sobre la posibilidad de incluir a La Segunda Marquetalia que lidera Iván Márquez. El senador Humberto de La Calle, que fue negociador jefe del Gobierno de Juan Manuel Santos para la paz, considera que involucrar a los disidentes implica premiar a quienes incumplieron el acuerdo. “Es un pésimo mensaje para los centenares de guerrilleros que han venido firmemente cumpliendo el acuerdo de La Habana, porque pueden decir que a lo mejor hubiera sido preferible incumplir”, expresó en septiembre.

El senador presentó el lunes en la cámara alta una proposición para excluir explícitamente de los diálogos a los desertores, pero no fue incorporada. El ministro del Interior, Alfonso Prada, replicó que la paz total debe incluir a todas las “expresiones de violencia”. Para el Gobierno, la proposición del exnegociador de Santos hubiese generado un efecto “demoledor” para la paz total: “Hay algunas estructuras que de no incorporarlas dejan a medio país en un baño de sangre”.

La Cámara de Representantes también dio este debate y votó en contra de una proposición similar. No obstante, las contradicciones entre el ministro del Interior y el coordinador de los ponentes, el gobiernista Alirio Uribe (Polo Democrático), fueron evidentes. Uribe negó que el texto actual permita cobijar a figuras como Iván Márquez y argumentó que varias leyes impiden incluir en los procesos a quienes hayan cometido delitos posteriores al acuerdo de paz. Según el congresista, los guerrilleros que “deshonraron” el proceso de paz pierden los beneficios implicados y pasan a ser sujetos de la justicia ordinaria.

La académica Julieta Lemaitre, explica que no hay un impedimento para incluirlos si el Gobierno quisiera hacerlo. Señala que el Congreso puede reformar la Constitución para habilitar esta opción, y que por eso se trata de una decisión más política o ética que legal. “El debate es más sobre si se debe o no debe hacerlo, si es correcto o no es correcto incluirlos”, señala.

Define algunas condiciones de las negociaciones

La ley aclara varios puntos del entramado para negociar. Algunos son ya conocidos de negociaciones anteriores. Incluyen la suspensión de las órdenes de capturas de los voceros y negociadores de los grupos armados y la entrega de armas de forma anónima a cambio de un incentivo económico. También contemplan la eventual concentración de los miembros de los grupos en lugares específicos, como hicieron las FARC en el Caguán en el fallido proceso con el Gobierno de Andrés Pastrana o las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Santafe de Ralito durante la administración de Álvaro Uribe.

Otros puntos son novedosos. Los acuerdos parciales, que pueden ser utilizados para pactar un cese al fuego o disposiciones de carácter humanitario, deben ser asumidos como políticas de Estado.

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