La JEP abre un caso para investigar todos los delitos cometidos por alianzas de militares y paramilitares

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), una justicia transicional que pactó el Estado colombiano con las extintas FARC en 2016, investigará todas las conductas del fenómeno conocido como paramilitarismo, la alianza de militares, policías u otros agentes del Estado con grupos civiles para luchar contra las guerrillas de izquierda, hacer justicia privada e incluso despojar tierras para fines privados. Este martes en la mañana su Sala de Reconocimiento de la Verdad, encargada de iniciar las investi...

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), una justicia transicional que pactó el Estado colombiano con las extintas FARC en 2016, investigará todas las conductas del fenómeno conocido como paramilitarismo, la alianza de militares, policías u otros agentes del Estado con grupos civiles para luchar contra las guerrillas de izquierda, hacer justicia privada e incluso despojar tierras para fines privados. Este martes en la mañana su Sala de Reconocimiento de la Verdad, encargada de iniciar las investigaciones que ha agrupado en macrocasos temáticos, anunció que abre uno para todos los hechos cometidos por esa alianza y que no estén en casos anteriores.

Ya había abierto uno sobre los asesinatos de civiles para hacerlos pasar como bajas en combate, conocidos como “falsos positivos”, otro sobre el genocidio a miembros del partido de izquierda Unión Patriótica, y tres más sobre todos los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado en regiones particularmente azotadas por él.

Este nuevo macrocaso, llamado oficialmente crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado, o en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles, por causa, con ocasión, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado colombiano, incluye preliminarmente poco más de 72.000 víctimas, la gran mayoría (56.502) a manos de paramilitares. Las 15.710 víctimas de la fuerza pública, lo son de 8.345 homicidios, 2.904 de desplazamiento forzado, 1.638 de amenazas, 1.249 de tortura, y 1.136 de desaparición forzada. Todas cifras que recuerdan las dimensiones del conflicto y del actuar criminal de elementos del Estado en un conflicto que ha amainado (el 51% de esos delitos se dieron entre 2000 y 2009) pero no ha visto su fin.

La JEP pretende investigar los hechos no como conductas aisladas sino como parte de tres patrones. Es una mirada similar a la del macrocaso anterior, el abierto en julio pasado por delitos de las extintas FARC y que habrían dejado más del el doble de víctimas (170.00) por tres grandes patrones criminales.

El primer patrón, de lucha contra la insurgencia, agrupa los hechos que guardan relación con las motivaciones denominadas por la Fiscalía como la “radicalización de la lucha contrainsurgente y estigmatización de la población civil”. “Detrás de estas motivaciones estaba también la pretensión de consolidar el control territorial mediante la victimización hacia civiles sospechosos de pertenecer o colaborar con las guerrillas de las Farc-EP, del ELN y del EPL”, según el comunicado de prensa de la JEP. Se trata de los crímenes más asociados a una guerra llevada más allá de sus límites humanitarios.

El segundo, el de los intereses económicos particulares, es el que más habla ya no de deshumanización de la guerra, sino de uso egoísta de ella, especialmente de parte de nuevos o viejos latifundistas que acapararon tierras y reforzaron la desigualdad en el campo colombiano. Se trata de “hechos que están motivados por el control de los intereses económicos del territorio, sus riquezas y al acaparamiento de tierras de pobladores rurales. Una parte importante de los crímenes relacionados con la lucha contrainsurgente fueron funcionales para los intereses económicos de actores legales e ilegales, al permitir crear las condiciones para la extracción de recursos naturales, la expansión de la frontera agrícola y la incorporación de nuevas tierras al mercado”.

La tercera gran pauta es lo que la JEP llama lucha “por el control de la función pública”, los delitos que cometieron para alimentar la alianza paramilitar tanto en términos económicos como sociopolíticos. “Buscaba la captura de rentas provenientes de la administración estatal para el fortalecimiento de la estrategia de expansión y consolidación regional y nacional de estructuras paramilitares, pero también la posibilidad de ampliar sus bases sociales mediante el control de la oferta de servicios burocráticos, electorales o de contratación pública.”, explica la Sala en su comunicado.

Además de estos patrones, la Sala se enfocará en cuatro regiones en las que operaron los paramilitares y que no están cobijadas en los tres macrocasos regionales de la costa del Pacífico del Nariño, el Urabá y el norte del Cauca y sur del Valle del Cauca, todas en le occidente del país. Es decir, algo así como las zonas más afectadas por la guerra paramilitar que no estaban ya priorizadas en esos macrocasos. Estas nuevas zonas quedan en el centro o el oriente de Colombia. Son el llamado Gran Magdalena, la suma de los tres departamentos caribe del Magdalena, La Guajira y Cesar; los Montes de María, también en el Caribe; la zona al oriente de la cordillera que comprende el sur del departamento del Meta, el occidente del Caquetá y el Guaviare; y Antioquia y el Magdalena Medio, cuna del paramilitarismo.

Ya abierto el macrocaso, la Sala llamará a rendir versión a agentes del Estado, incluyendo militares y policías, que puedan haber cometido delitos directamente o que puedan tener responsabilidad en crímenes ”ejecutados materialmente por paramilitares cuando comprometan la responsabilidad penal de la fuerza pública”. Al caso podrán comparecer voluntariamente militares o civiles, para someterse a la justicia transicional y no a la ordinaria (lo que les pone mayores compromisos de verdad y reparación a cambio de sanciones menores).

La Sala informó que ya se han sometido a ella 2.840 presuntos responsables, incluyendo 23 civiles. Una vez sometido, la justicia puede imputar acusaciones a los máximos responsables, como hizo en julio a 16 militares y dos civiles por haber participado en 303 asesinatos en el macrocaso de falsos positivos. Los presuntos responsables también pueden reconocer la existencia de delitos, como han hecho varios excomandantes de las FARC en el caso de los secuestros cometidos por la extinta guerrilla. Esto último les abre las puertas a sanciones menos onerosas, siempre a cambio no solo de mantener ese compromiso con la verdad sino de reparar a sus víctimas.

La JEP tiene previsto abrir dos macrocasos más: los crímenes cometidos en contra de pueblos y territorios étnicos; y la violencia sexual y otros crímenes motivados por el género, sexo, orientación o identidad de género de la víctima en el marco del conflicto. Esa justicia está conformada por 38 magistrados en tres salas y un Tribunal para la Paz. No procesa todos los crímenes cometidos, sino que prioriza los delitos más graves y representativos del conflicto, y procesa a sus máximos responsables siempre que sean excombatientes de las FARC o agentes del Estado, y a civiles cuando voluntariamente se someten a la JEP.

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